DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Veracruz.- El gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García, avanza en la investigación de un fraude millonario relacionado con el sistema estatal de videovigilancia, ejecutado durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. La obra, que tuvo un costo superior a mil millones de pesos, estaba destinada a instalar más de 6,000 cámaras de seguridad. Sin embargo, las auditorías oficiales han demostrado que solo alrededor de 1,900 estaban operativas al final de la administración pasada. El resto de las cámaras o bien estaban fuera de servicio o nunca fueron instaladas. Recientemente, un juez vinculó a proceso a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Finanzas, acusados de autorizar contratos con sobreprecios, irregularidades técnicas y empresas fantasma. Las investigaciones siguen en curso tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y daño patrimonial.
El gobierno estatal ha identificado que algunas cámaras fueron instaladas sin la debida autorización, vinculadas a particulares y a grupos delictivos.
La Contraloría General del Estado (CGE) citó a comparecer a la empresa COMTELSAT S.A. de C.V. por presunta responsabilidad en una grave falta administrativa derivada de los contratos celebrados con la SSP durante el gobierno de Yunes Linares.
La audiencia inicial está programada para el 14 de noviembre de 2025, en las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, en Xalapa.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó, al revisar la Cuenta Pública 2018, un probable daño patrimonial por mil 116 millones de pesos, al documentar deficiencias en el proyecto: solo se instaló el 72 por ciento de las cámaras previstas, muchas de las cuales no funcionaban o estaban fuera de servicio. Por su parte, la FGR sigue integrando los expedientes y se anticipa que en las próximas semanas podrían realizarse nuevas vinculaciones a proceso por el desfalco en el sistema de videovigilancia, que Yunes Linares había presentado como el más avanzado del país.
