Hace poco más de un mes, en noviembre 29 de 2012, un día antes del no final de Felipe Calderón, el periódico Washington Post publicó una nota difícil de absorber: Mexico’s crime wave has left about 25,000 missing, government documents show (“Ola de crímenes en México ha dejado aproximadamente 25 mil desaparecidos, muestran documentos gubernamentales”). Como en otras ocasiones, algunos sucesos mexicanos se conocen primero fuera de México que en México.
La noticia del Washington Post no es ni amarillista ni debe considerarse intromisión: “alguien”, harto quizás de la ineficacia de las denuncias, miembro o ex miembro de la Procuraduría General de la República, “filtró” la información a un periodista del rotativo estadounidense. “Alguien”, y “filtró”, entre comillas, para denotar la realidad de México: cuando se habla de justicia en nuestro país, no creer nada o descreer todo es, entre muchas, una de las tristes certezas que dominan el panorama contemporáneo.
De acuerdo con la noticia, en el sexenio de Calderón “desaparecieron” cerca de 25 mil personas, muchas de ellos, menores de edad. Los datos, por ser “extraoficiales”, son inexactos y seguramente incorrectos. Inexactos por provenir de fuentes no oficiales; incorrectos porque es imposible contabilizar desaparecidos (muchas familias no informan, algunas personas migran, otros se enrolan en el narco). Esa inexactitud debe ser respondida por Felipe Calderón y asociados así como por el gobierno actual. “Alguien”, “filtró” y “extraoficial” son términos indispensables en el léxico mexicano: no creer en la política y descreer en los políticos cuando se analiza la realidad del país es indispensable.
¿Cuántas denuncias encuentran eco?, ¿cuántos delitos terminan en sentencia?, ¿cuántos “desaparecidos aparecen”?, ¿cuántos desaparecedores aparecen ante la justicia y cuántos terminan encarcelados? Todas esas preguntas son vanas por saberse la respuesta incluso antes de ser formuladas, pero insoslayables porque un país sin justicia, donde no se respetan los derechos humanos, donde periodistas son asesinados y ciudadanos son “desaparecidos”, es una nación, además de inentendible en el siglo XXI, condenada al fracaso.
La ininterrumpida violación a los derechos humanos en México, exacerbada por la información del Washington Post, por la crónica falta de claridad y de respuestas de nuestros gobiernos, y por el ascenso de un nuevo presidente, motivó una extensa misiva de Human Rights Watch dirigida a Enrique Peña Nieto donde se analiza la situación actual de los derechos humanos en nuestro país. Entresaco algunas ideas. “Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, Human Rights Watch logró demostrar mediante pruebas muy sólidas que en cinco estados, militares y policías recurrieron en forma sistemática a la tortura para obtener confesiones e información de personas detenidas, y tuvieron participación en numerosos casos de desaparición forzada y ejecuciones”… “Abordar los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro…”, “El propósito de esta carta es instar a S.E, a que defina lo antes posible un plan concreto y de acción para hacer frente a estos graves problemas”. Durante el sexenio de Calderón, según el Washington Post, desaparecieron 25 mil personas, a las que deben sumarse los 60 mil muertos producto de la guerra unilateral decretada por el gobierno panista. Las cifras hablan por sí solas. No se requieren comparaciones. Tanto los cuerpos contados como los cadáveres ausentes retratan el tiempo mexicano.
Uno es el problema político, otro el brete humano. A muchos nos gustaría que la imagen política de México en relación a los derechos humanos, bien argumentada en la carta de HRW, trascendiese y obligase a nuestro gobierno, y sobre a todo a Felipe Calderón, a responder. La triste verdad —basta observar las tragedias que ahora mismo acontecen en Siria o en Darfur— es que nada, o casi nada sucederá. La carta no tiene ni la capacidad de exigir ni de juzgar al gobierno saliente. Si el gobierno de Peña Nieto no modifica las formas de afrontar las causas de la violencia—corrupción, impunidad, pobreza, desempleo, injusticia, narcotráfico— ni enarbola la bandera de la justicia, en 2018 el próximo presidente recibirá una carta similar. En relación al problema humano, mientras no se sepa el destino de los “desparecidos”, el dolor de los familiares no menguará. No menguará por dos razones: los “verdaderos desaparecidos” no aparecerán, y la justicia no capturará ni enjuiciará a la inmensa mayoría de los responsables, sean civiles o militares.
En el tema de los desaparecidos privan dos crudas realidades, ambas desesperanzadoras. A nivel nación debe eliminarse la cultura política de la desaparición forzada y de la violencia que nos asola; a nivel individual el gobierno debe responsabilizarse, no por medio de memoriales a víctimas, como el que nos heredó Calderón, de resarcir a los deudos. Ambas situaciones aguardan atenazadas. La idea, “México, país de sexenios”, y nuestro eslogan, “no creer en la política y descreer en los políticos” son tan reales como los 25 mil desaparecidos y los 60 mil asesinados en el sexenio recién finalizado.
