De la redacción
El Buen Tono
La Comisión Europea presentó este jueves una propuesta de directiva para combatir el tráfico ilícito y otros delitos relacionados con armas de fuego en la Unión Europea, con especial atención a la fabricación no regulada mediante impresión 3D.
La iniciativa busca establecer definiciones comunes sobre delitos con armas de fuego y sus sanciones, además de reforzar la cooperación entre los Estados miembros y mejorar la recopilación de datos para enfrentar esta amenaza. De acuerdo con el organismo, las armas ilícitas representan un riesgo grave para la seguridad pública y facilitan delitos graves en la región.
La vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, advirtió que la difusión de planos en internet permite acelerar la fabricación ilegal de armas mediante impresoras 3D, por lo que consideró necesaria una aplicación más estricta de las normas digitales para frenar su distribución.
La propuesta contempla sanciones armonizadas para delitos como la fabricación, tráfico y posesión ilegal de armas, componentes y municiones. También se castigará la alteración o eliminación de las marcas obligatorias que permiten identificar cada arma durante su ciclo de vida.
Entre las penas propuestas, los países miembros deberán establecer condenas de al menos dos años de prisión por la creación, adquisición o difusión de planos digitales para imprimir armas en 3D. La posesión ilegal de armas y municiones deberá castigarse con penas mínimas de cinco años, mientras que el tráfico y fabricación ilícita podría alcanzar sanciones de al menos ocho años de cárcel.
La directiva también contempla la creación de puntos focales nacionales para facilitar el rastreo de armas y reforzar la cooperación transfronteriza. Además, se establecerán bases de datos con información mínima sobre armas incautadas, como modelo y tipo, con el fin de dimensionar mejor el alcance del tráfico ilegal.
La Comisión Europea trabajará ahora con el Consejo y el Parlamento comunitario para buscar un acuerdo que permita la aprobación de la nueva normativa.
