Xalapa, Ver.- Lo que inició como un juicio para recuperar un inmueble despojado en 2015, se ha convertido en un caso que hoy exhibe posibles irregularidades administrativas y notariales en el Registro Público de la Propiedad en Veracruz.
La empresa Autofinanciamiento Integral S.A. de C.V. (AFISA), con sede en Córdoba, sostiene una disputa legal por la casa ubicada en el fraccionamiento Valle de Anáhuac, en esta capital.
Su apoderado legal, el licenciado Baltazar Rodríguez, afirma que la empresa fue víctima de despojo y que, tras un prolongado proceso judicial se ha destapado una red de presuntos complices.
Sentencia penal confirmada
El caso derivó en el juicio oral 37/2018-J, en el que se dictó sentencia condenatoria el 31 de enero de 2024 por el delito de despojo en contra de Sofía “N”.
Se le impuso pena de dos años ocho meses de prisión, multa y la restitución del inmueble, además del pago por concepto de reparación del daño.
La resolución fue confirmada el 26 de noviembre de 2024 dentro del Toca 550/2024 por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, en enero de 2025 se promovió amparo directo, radicado bajo el número 46/2025 ante el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito en Materia Penal, lo que mantiene suspendida la ejecución de la sentencia.
Cancelaciones en el Registro Público
Cancelación de derechos registrales
Paralelamente, la empresa promovió un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, radicado bajo el número 695/2023, en el que impugna la cancelación de la inscripción 1314 Sección Segunda y la cancelación del gravamen correspondiente a la inscripción 3,568 Sección Primera, ambas de fecha 21 de mayo de 2004.
Según lo expuesto por el apoderado legal, dichas cancelaciones se realizaron sin orden judicial ni consentimiento de la empresa, lo que, a su consideración, vulnera derechos previamente reconocidos incluso en sede penal y permitió que terceros intentaran colocarse como acreedores preferentes.
Personas señaladas
En la denuncia pública presentada por el apoderado legal, se menciona la existencia de una presunta red inmobiliaria integrada por Sofía “N”, quien fue sentenciada por despojo y se encuentra en posesión del inmueble; así como María del Rosario Sánchez Ortega, quien —según la versión de la empresa— pretende acreditarse como acreedora en primer lugar y grado.
Asimismo, se señala la actuación de autoridades registrales y notariales:
Déborah Estrada Pacheco, encargada de la Oficina Registradora de la Décima Primera Zona Registral con residencia en Xalapa.
Arturo Hernández Reynante, Notario Público Número 9 de Xalapa.
Celina Quintero Padilla, en su carácter de Directora General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías.
Estas actuaciones también forman parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dentro de la carpeta de investigación FCCEV/797/2023, la cual hasta el momento no ha sido judicializada.
Un caso aún abierto
A más de nueve años del inicio del conflicto, el caso continúa en curso tanto en la vía penal como en la administrativa, por lo cual pidieron al Secretario de Gobierno, poner atención en este caso, tras la detención de conocido Notario de Fortin, piden se haga revisión de estos casos en dónde desafortunadamente personas que desconocen de la leyes y por falta de recursos han perdido su patrimonio a manos de estas personas.
