La ausencia de liderazgo ambiental da espacio a una ciudadanía sucia
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver. — Documentos del propio Ayuntamiento revelan una gestión ambiental fracturada, sin coordinación entre sus áreas, sin programas vigentes, sin presupuesto etiquetado y sin capacidad para sancionar. La consecuencia de este vacío institucional es una sociedad que ha normalizado la suciedad: arroyos convertidos en basureros, calles con desechos y una ciudadanía que percibe que la ley no se aplica.
Ante ello, las cámaras empresariales avalan desde el presídium el discurso oficial que culpa a “todos” por la basura, pero la autoridad municipal reconoce, en sus propias respuestas escritas, que no ha hecho la tarea. Barrer calles no es suficiente cuando no hay política pública, y los documentos demuestran que no la hay.
Documentos oficiales confirman la desarticulación
La solicitud de información con folio 950546126000265 fue clara: este medio pidió los proyectos y calendarios de campañas de educación ambiental para 2026, con su presupuesto asignado; los convenios con escuelas, empresas o asociaciones civiles; los reportes de resultados de las campañas realizadas en 2025; y las minutas de las reuniones del comité interno entre Limpia Pública, Ecología y Comunicación Social para el diseño de dichas campañas.
La respuesta de la Coordinación de Servicios Municipales, firmada por René Moshe Burguete Ameca, es un testimonio de la desorganización imperante. Se mencionaron programas como “Punto Rescate” y “Ecoeducación”, pero no se entregó ni un peso del presupuesto. No hay un solo convenio firmado con instituciones educativas o empresas: “actualmente se encuentra en proceso la formalización”, se limitó a responder el funcionario.
Los reportes de resultados de 2025, material distribuido, personas alcanzadas, toneladas recicladas, simplemente no existen, porque el área no los elabora. Y sobre las minutas de reuniones entre las áreas responsables de diseñar la política ambiental, la respuesta fue lapidaria: “No se localizó información”. Limpia Pública, Ecología y Comunicación Social no se reúnen para planear. No hay coordinación. No hay estrategia.
Sin plan climático y sin multas
La solicitud con folio 950546126000203 exigía conocer el Programa Municipal de Acción ante el Cambio Climático y las evidencias de su cumplimiento, al amparo del artículo 14 de la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático. La respuesta de la Jefatura de Protección Ambiental, firmada por la bióloga Tayde Elizabeth González López, informó que el municipio cuenta con una “Agenda Municipal de Cambio Climático” publicada en noviembre de 2024, basada en lineamientos de 2018, y que actualmente se encuentra “en proceso de revisión” para alinearla al nuevo Plan Municipal de Desarrollo. No se entregó ningún programa, ni resultados, ni evidencias de acciones concretas. El municipio admite que no tiene un plan operativo para enfrentar el calentamiento global.
Además, la representación de Servicios Municipales reconoció que actualmente no se están aplicando estas sanciones debido a un proceso de alineamiento con el Código Hacendario municipal. La autoridad se ha desarmado a sí misma: no tiene plan climático y no tiene con qué sancionar. El resultado es una sociedad que sabe que puede tirar basura sin consecuencias.
Contratos opacos y supervisión inexistente
La solicitud con folio 950546126000259 pidió los contratos vigentes para recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos, los procedimientos de adjudicación, el detalle de pagos realizados en 2026 y los informes de supervisión del desempeño de los contratistas. La respuesta de la Coordinación Administrativa y la Jefatura de Adquisiciones fue evasiva: la información “se encuentra actualmente en proceso de integración” y será publicada “oportunamente” en el Portal de Transparencia.
El Ayuntamiento gasta recursos públicos; solo en gasolina, según respuesta al folio 950546126000205, se han erogado 767,341.39 pesos en 2026, pero no supervisa a quien presta el servicio, no verifica el cumplimiento de la normatividad ambiental y no sanciona posibles incumplimientos.
El diagnóstico que los funcionarios ignoraron
Once años antes de que el actual ayuntamiento presentara como “nueva estrategia” la obligación legal de barrer calles y separar residuos, la Universidad Veracruzana entregó al municipio un diagnóstico participativo con actores sociales, académicos y funcionarios para construir un Programa Municipal de Educación Ambiental.
Dicho documento, producto de talleres realizados en mayo de 2014 en el parque ecológico Paso Coyol, contenía las bases técnicas, los problemas estructurales y las acciones concretas que Córdoba necesitaba para enfrentar la contaminación, el manejo de residuos y la pérdida de ecosistemas.
Once años después, los proyectos de educación ambiental vigentes no existen: la respuesta municipal es que no hay minutas de reuniones, no hay reportes de resultados, no hay convenios firmados y no hay presupuesto asignado.
