De la redacción
El Buen Tono
Una coalición de 17 fiscales generales de estados demócratas presentó este miércoles una demanda contra la política del gobierno del presidente Donald Trump que obliga a universidades a recopilar datos para demostrar que no consideran la raza de los solicitantes en sus procesos de admisión.
La medida, ordenada por Trump en agosto, busca evitar que las instituciones utilicen ensayos u otros indicadores como sustitutos para considerar la raza, lo que el mandatario califica como discriminación ilegal. Aunque la Corte Suprema falló en 2023 contra la acción afirmativa, permitió que los estudiantes compartan cómo la raza ha influido en su vida a través de ensayos.
Andrea Joy Campbell, fiscal general de Massachusetts, afirmó que la política “amenaza el bienestar de los estudiantes y la prosperidad de nuestros colegios y universidades” y cuestionó la capacidad de las instituciones de cumplir con los plazos impuestos por el gobierno federal sin arriesgar sanciones o pérdida de financiamiento.
Por su parte, Ellen Keast, portavoz del Departamento de Educación, defendió la medida argumentando que los contribuyentes merecen transparencia sobre la manera en que se gasta más de 100 mil millones de dólares anuales en educación superior.
La demanda se presentó en un tribunal federal de Boston y pone en discusión la recolección de datos sobre raza, sexo, promedio de calificaciones y puntajes de exámenes estandarizados de los últimos siete años, así como la privacidad de los estudiantes y posibles sanciones económicas para las universidades que no cumplan.
