DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- Señalamientos por ecocidio, daño a infraestructura federal y uso faccioso del poder público recaen sobre Luis Abella Alvarado, quien es señalado como el mandamás en Córdoba, imponiendo obras en la entrada a Amatlán de los Reyes que afectan postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las denuncias apuntan a que, junto con el alcalde Manuel Alonso Cerezo, ambos dueños de la empresa Trabal, han convertido la administración municipal en una herramienta para beneficio propio, operando con una impunidad que indigna a la población.
De acuerdo con datos fidedignos, el llamado “primer damo” ordenó encapsular arroyos que descienden desde Praderas de San Miguel hacia Amatlán, alterando de forma agresiva el cauce natural del agua. Estas acciones, ejecutadas sin sustento técnico, no solo representan un atentado ambiental, sino que han comenzado a deteriorar la base de postes de la CFE, evidenciando un manejo irresponsable y autoritario del territorio.
Trabajadores de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), bajo condición de anonimato, confirmaron que no existe notificación ni permiso para dichas obras. Aunque no se tiene certeza sobre autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el hecho de que la CAEV no tenga registro alguno deja claro que los trabajos se realizaron fuera de la ley. Aún así, las labores continúan, reforzando la percepción de que Abella Alvarado se siente intocable.
El historial tanto del “primer damo” como el alcalde agrava el escenario. Ambos han sido señalados en diversas ocasiones por prácticas vinculadas al huachicol y al huachicol fiscal, lo que ha puesto bajo sospecha sus operaciones empresariales y el origen de sus recursos. Lejos de aclarar estos señalamientos, las recientes obras ilegales refuerzan la imagen de un grupo que mezcla poder político con intereses económicos sin ningún tipo de límite.
Durante un recorrido en la zona frente a la Central de Abastos en Amatlán, se constató un daño ambiental severo: terreno devastado, cuerpos de agua desaparecidos y un ecosistema alterado de manera irreversible.
Este espacio habría sido intervenido con el aval de la administración anterior en Amatlán, encabezada por Luis Arturo Figueroa Vargas y la síndica Leticia Tress, dejando al descubierto una cadena de decisiones que desemboca en un ecocidio.
En Córdoba, la percepción es cada vez más clara: Abella Alvarado actúa como dueño del municipio, mientras el alcalde funge como su socio y respaldo político. La omisión de las autoridades competentes y la falta de sanciones profundizan el hartazgo ciudadano ante un gobierno que, lejos de servir, comete abusos y sustracción del erario.
