Laura A. García
El Buen Tono
Amatlán.- Un predio de grandes dimensiones ubicado en la entrada de la cabecera municipal ha sido completamente devastado, dejando como saldo varias torres cuya base ha quedado reducida a un inestable montículo de tierra. La estructura del terreno se encuentra tan debilitada que, con la inminente llegada de la temporada de lluvias, el deslave o desmoronamiento del suelo podría provocar la caída de dichas torres, lo que ocasionaría graves afectaciones al suministro de energía eléctrica en varios municipios de la región.
El proyecto que derivó en este nivel de remoción de tierra fue autorizado durante la administración del exalcalde Luis Arturo Figueroa Vargas. El exfuncionario habría otorgado los permisos correspondientes al cambio de uso de suelo, una decisión administrativa que ahora es señalada como el origen del riesgo estructural que enfrenta actualmente la zona de entrada a la cabecera municipal. La erosión progresiva del montículo que sostiene las torres constituye una amenaza latente ante la próxima temporada de precipitaciones.
Adicionalmente, la problemática se agrava por las limitaciones en la infraestructura hídrica local. Los pozos actualmente en funcionamiento en la cabecera municipal no cuentan con la capacidad suficiente para abastecer el suministro de agua que cualquier nueva instalación requeriría. Esto implica que, incluso si las torres lograran mantenerse en pie pese a las condiciones adversas del terreno, las edificaciones o desarrollos que se pretendan establecer en el predio devastado carecerían del recurso hídrico indispensable para su operación.
Esta situación heredada combina dos crisis potenciales para los municipios afectados: por un lado, la interrupción del servicio eléctrico regional en caso de que las precipitaciones detonen el colapso de la infraestructura de torres, y por otro, la inviabilidad de nuevos proyectos ante un escenario de estrés hídrico. Mientras tanto, la temporada de lluvias se aproxima sin que se conozcan medidas de mitigación inmediatas para estabilizar el terreno o garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales para la población.
