• Administrar el miedo y el silencio
• El precio de escribir y criticar
Hay una diferencia brutal entre gobernar y gestionar la imagen del gobierno. México lleva años confundiendo ambas cosas, y el costo de esa confusión se acumula en silencio, mientras la Selección calienta motores y la plaza pública recibe su cuota de aplausos.
Washington no llega a este momento improvisando; la pinza que forman Trump, Vance y Sara Carter tiene la coherencia de quien lleva años construyendo un expediente, no la urgencia de quien reacciona a una coyuntura. La Casa Blanca habla de ayudar al vecino que se encuentra superado y rebasado por el narco; los fiscales hablan de jurisdicción, de los efectos del delito en territorio estadounidense y de ciudadanos envenenados por fentanilo con origen en Sinaloa.
En 1985, el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, desencadenó una respuesta que México no esperaba y que tardó décadas en materializarse del todo. El caso Álvarez Machaín, en 1992, mostró que Washington está dispuesto a estirar las formas diplomáticas con una fría convicción procesal cuando considera que sus agentes o ciudadanos han sido vulnerados. El tribunal estadounidense liberó a Álvarez Machaín al final, sí, pero el precedente quedó grabado en la arquitectura legal de la relación bilateral con una claridad que ningún mitin posterior ha podido borrar.
El sistema judicial de Estados Unidos opera como un transatlántico: su masa es tan grande que los cambios de rumbo requieren años, y las presiones políticas de corto plazo del otro lado de la frontera no lo mueven con facilidad.
El gobierno de México trata el tema de los narcopolíticos como si fuera una disputa doméstica, donde la movilización de masas y los Zócalos llenos pudieran alterar el destino de un expediente en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Exigir que la fiscalía estadounidense se pliegue o tenga que demostrar la culpabilidad de figuras como Rubén Rocha Moya ante nuevos jueces sorteados en la tómbola del bienestar es una ingenuidad con vocación de tragedia.
Para los fiscales en Washington, el principio de territorialidad opera a la inversa: si la droga llegó a sus calles y segó vidas, la competencia judicial es suya. Bajo esta lógica, un sistema jurídico mexicano percibido como cooptado o debilitado carece de la estatura moral y técnica para fijar condiciones. Estados Unidos, en cambio, blinda su posición bajo sus leyes internas y tratados de extradición, y endurece su narrativa al tipificar el fentanilo como un arma de destrucción masiva.
Ya en la cumbre del G7, Washington exhibió con nitidez la fragilidad de la relación institucional con México, mientras otros países guardaban un silencio que se traduce en un asentimiento tácito. Así se perfila la hoja de ruta estadounidense, mientras México insiste en permanecer en la retórica del “masiosare”.
Distraer a la ciudadanía con el Mundial mientras el país acumula pasivos diplomáticos de gran magnitud es una apuesta que solo funciona si el otro lado también decide distraerse. Pero Trump no lo está, y tampoco Vance ni Carter.
¿Qué hará el gobierno mexicano si la fiscalía estadounidense decide abrir expedientes y hacer públicos indicios, grabaciones y testimonios que vinculen a actores políticos con estructuras del narcotráfico? Cuando eso ocurra, el discurso de “otros datos” chocará contra la evidencia internacional. No habrá mitin capaz de contener el impacto: los socios comerciales revisarán los expedientes con sus propios equipos legales, los mercados ajustarán sus cálculos y México quedará expuesto en su momento de mayor visibilidad.
La soberanía no es un decreto ni un discurso. Se construye con instituciones funcionales, fiscalías autónomas y jueces que no dependan del azar político. Un país que debilitó sus contrapesos y luego exige respeto absoluto a sus procesos internos no está ejerciendo soberanía: está expresando nostalgia institucional.
La tercera llamada ya sonó. La pregunta no es si Washington va a actuar, sino si México entenderá a tiempo que la respuesta no está en la propaganda ni en la plaza llena, sino en la ley, la justicia y la verdad, aunque eso incomode al poder.
