Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y huachicol fiscal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización criminal utilizaba empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y operaciones transfronterizas para introducir combustible de manera ilegal y evadir el pago de impuestos en México.
La acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las cuales señalaron que el mercado ilegal de combustibles se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para los grupos delictivos, permitiéndoles sostener operaciones de lavado de dinero, corrupción y otras actividades ilícitas.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del comunicado fue la afirmación de que las ganancias obtenidas por el huachicol también serían utilizadas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación en México, con el objetivo de favorecer a políticos que posteriormente faciliten el control de posiciones estratégicas dentro de la administración pública. Sin embargo, el documento no menciona a ningún partido político, candidato o funcionario en particular.
Entre los sancionados se encuentran Óscar Guillermo Juraidini Silva y José Refugio Ruiz Villagómez, señalados como presuntos operadores financieros de la red. Junto con ellos fueron bloqueadas nueve empresas relacionadas con actividades de transporte, logística, servicios financieros e inmobiliarios, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedaron congelados y con prohibición para realizar transacciones con personas o entidades de ese país.
El Departamento del Tesoro explicó que el llamado huachicol fiscal consiste en introducir gasolina, diésel y otros combustibles a México mediante declaraciones aduaneras falsas para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Según FinCEN, estas operaciones generan pérdidas millonarias para el Estado mexicano y representan una importante fuente de recursos para el crimen organizado.
Las sanciones también incluyen el bloqueo de cualquier bien o interés financiero de los señalados dentro del sistema estadounidense y restringen a bancos y empresas de ese país realizar operaciones con ellos. Además, FinCEN emitió una alerta a instituciones financieras para reforzar la detección de operaciones sospechosas relacionadas con el contrabando de combustibles entre México y Estados Unidos.
