AGENCIA
Veracruz, Veracruz.- A pesar de la riqueza natural del estado y de los constantes operativos contra el tráfico de especies, la mayoría de las investigaciones por captura, transporte y comercio ilegal de fauna silvestre no llegan a los tribunales. Entre 2018 y 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 99 carpetas de investigación en Veracruz, pero únicamente dos fueron judicializadas.
De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia, apenas el 2 por ciento (%) de los expedientes iniciados durante ese periodo avanzó hasta un juzgado de control, lo que refleja el limitado avance de las investigaciones relacionadas con delitos ambientales.
Los casos corresponden a conductas tipificadas en el artículo 420 del Código Penal Federal, que sanciona la captura, posesión, transporte, tráfico y comercialización ilegal de ejemplares de flora y fauna silvestres, especialmente cuando se trata de especies protegidas o en riesgo.
A nivel nacional, la FGR reportó la apertura de 2 mil 911 carpetas de investigación por estos delitos entre 2018 y 2026. De ese total, mil 108 fueron presentadas ante un juez, aunque la dependencia no dio a conocer cuántas personas fueron imputadas ni cuántas sentencias se obtuvieron.
Aunque Veracruz ocupa el lugar 11 nacional por número de investigaciones iniciadas, figura entre las entidades con menor avance judicial. Con solo dos expedientes llevados ante un juez, el estado se ubica como el segundo con menos judicializaciones en este tipo de delitos.
Las entidades con mayor número de carpetas abiertas fueron Oaxaca, Ciudad de México, Baja California Sur, Yucatán y Baja California, lo que evidencia una mayor incidencia o detección de estos ilícitos.
En Veracruz, el año con más investigaciones fue 2025, cuando se iniciaron 18 carpetas, seguido de 2019, 2021 y 2024, con 14 casos cada uno. En lo que va de 2026, la FGR ha registrado una carpeta de investigación por tráfico de fauna silvestre.
Especialistas han advertido que el tráfico ilegal de especies representa una de las principales amenazas para la biodiversidad, ya que contribuye a la disminución de poblaciones de animales protegidos, altera los ecosistemas y favorece la operación de redes de delincuencia ambiental. Los datos también evidencian el reto que enfrentan las autoridades para integrar investigaciones sólidas que permitan llevar estos casos ante la justicia.
