AGENCIAS
EU.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra presuntas redes de lavado de dinero relacionadas con el crimen organizado en México, al sancionar a 27 personas y empresas, además de señalar a 10 casinos mexicanos como posibles facilitadores de operaciones ilícitas a favor del Cártel de Sinaloa.
A través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), autoridades estadounidenses identificaron establecimientos de apuestas ubicados en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, entre ellos Emine Casino, Mirage, Midas, Palermo y Skampa. Según la investigación, estos negocios habrían permitido el movimiento de más de dos millones de dólares en pagos ilícitos entre 2017 y 2024.
El señalamiento también alcanza al grupo Hysa, acusado por Estados Unidos de utilizar casinos, restaurantes de lujo y empresas relacionadas para presuntamente ocultar recursos provenientes del narcotráfico mediante compañías fachada, triangulación financiera y operaciones internacionales.
En México, la Secretaría de Hacienda informó sobre el bloqueo de cuentas vinculadas a empresas y personas relacionadas con una presunta red de lavado de dinero, como parte de una investigación coordinada con autoridades estadounidenses. El gobierno mexicano señaló que el esquema habría involucrado transferencias millonarias, empresas intermediarias y movimientos financieros simulados.
Ante estos operativos, ciudadanos y sectores políticos han exigido que las autoridades financieras y de seguridad mantengan una vigilancia estricta sobre posibles casos de lavado de dinero en todos los niveles de gobierno y sectores económicos.
En Córdoba, Veracruz, usuarios de redes sociales han solicitado que cualquier denuncia pública relacionada con posibles irregularidades financieras sea investigada por instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades federales. Hasta el momento, los señalamientos difundidos en plataformas digitales no cuentan con pruebas públicas ni investigaciones oficiales dadas a conocer.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y que ningún funcionario o empresario quede fuera de una revisión cuando existan denuncias o indicios que ameriten una investigación formal.
“Aquí en Córdoba tenemos a un par de presuntos lavadores de dinero; uno de ellos sería el alcalde y su cómplice, su primer damo. Todo mundo sabe que supuestamente lavan dinero del crimen organizado, tienen más de 350 tráileres, y ni Omar García Harfuch ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al igual que autoridades como María Luisa Alcalde y Sánchez Cordero en su momento, ‘se han dado cuenta’…”
