AGENCIA
Ciudad de México.- Leopoldo Maldonado, próximo Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias podrían generar riesgos para la libertad de expresión debido a las facultades que otorgarían a una autoridad para intervenir en la evaluación de contenidos informativos.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Maldonado señaló que sus comentarios los realiza como especialista en la materia y con base en su experiencia al frente de la organización Artículo 19 para México, Centroamérica y el Caribe. Explicó que dicha organización prepara observaciones sobre el proyecto que será sometido a consulta pública.
Uno de los principales puntos de preocupación, afirmó, es la posibilidad de que una comisión reguladora determine si una información difundida por medios de comunicación es falsa, descontextualizada o presentada de manera incorrecta.
“No es recomendable, bajo ninguna circunstancia, que el Estado en su conjunto pueda determinar la veracidad de la información”, expresó el especialista, al cuestionar que un organismo sin garantías suficientes de imparcialidad pueda asumir esa función.
Maldonado señaló que el artículo 13 de los lineamientos incluye conceptos amplios como falsedad informativa, descontextualización o difusión de información del pasado presentada como actual, términos que, consideró, requieren mayor precisión para evitar interpretaciones arbitrarias.
El próximo relator de la ONU también sostuvo que el proyecto podría exceder las facultades establecidas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al recordar que durante la discusión legislativa sobre derechos de las audiencias no se planteó que estos mecanismos pudieran utilizarse para limitar la libertad de expresión.
Explicó que, conforme a tratados internacionales y a la Constitución mexicana, la libertad de expresión incluye el derecho de buscar, difundir y recibir información, por lo que cualquier restricción afecta también a las audiencias.
“Estos lineamientos le hacen un flaco favor a las audiencias para garantizar su derecho colectivo a recibir información”, afirmó, al considerar que la propuesta podría otorgar atribuciones adicionales al Poder Ejecutivo que no están contempladas en la legislación vigente.
El especialista reconoció que los lineamientos contemplan figuras como defensorías de las audiencias y códigos de ética en los medios de comunicación. Sin embargo, cuestionó la creación de un procedimiento adicional mediante el cual una inconformidad pueda llegar ante una comisión reguladora con capacidad para revisar contenidos e imponer sanciones económicas.
De acuerdo con el proyecto, las multas podrían representar entre el 0.1 y el 1 por ciento de los ingresos acumulables anuales de concesionarios de radio y televisión. Para Maldonado, esta posibilidad podría provocar un efecto de autocensura, ya que medios y periodistas podrían modificar sus prácticas informativas ante el riesgo de enfrentar sanciones.
“No sería necesario que exista una sanción concreta contra un periodista o un medio para que se produzca ese efecto”, explicó, al señalar que la posibilidad de procedimientos administrativos podría influir en la manera en que se generan y difunden contenidos.
Finalmente, Maldonado se refirió a las comparaciones realizadas con regulaciones aplicadas en otros países y señaló que existen antecedentes donde gobiernos han utilizado mecanismos legales para aumentar el control sobre la información.
En el caso de Nicaragua, mencionó reformas impulsadas durante el gobierno de Daniel Ortega que, según dijo, permitieron una mayor intervención estatal sobre contenidos bajo argumentos relacionados con propaganda extranjera, terrorismo o sedición.
El especialista consideró que el punto central del debate está en la facultad que se otorgaría a un organismo del Ejecutivo para revisar, regular y auditar contenidos difundidos en radio y televisión, un tema que continuará bajo discusión durante el proceso de consulta pública.
