De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- La Contraloría General del Estado de Veracruz ordenó al ayuntamiento de Córdoba a realizar una búsqueda exhaustiva de los documentos de programas sociales “Tequila con Tokio”, “Sembrando Vida” y “Cosechemos Agua”, dichos programas fueron ejecutados por la entonces síndica y actual regidora novena, Vania López González. La resolución del expediente Ayunt2601639, emitida el 8 de julio de 2026, determina que el municipio no garantizó el derecho de acceso a la información y lo obliga a abrir sus archivos en tres áreas específicas.
La resolución de la Contraloría no se limita a confirmar la respuesta del ayuntamiento, determina que se realizó una búsqueda incompleta, ya que solo turnó la solicitud a la actual síndica y a la regiduría 9. Por ello, ordenó al sujeto obligado que, en 10 días hábiles, acuda a la Dirección de Desarrollo Social, a la Tesorería municipal y a la Secretaría del ayuntamiento para localizar actas constitutivas de comités ciudadanos, minutas de trabajo y comprobantes de entrega de recursos correspondientes a esos programas. La autoridad descarta el argumento de que la información “no existe”.
EVASIÓN SISTEMÁTICA
Ante la solicitud, Vania López respondió a la Unidad de Transparencia que la información no se localizaba en sus archivos. En su alegato, se deslindó de la ejecución de los programas, señalando que su labor como síndica encargada de la comisión de ecología fue “de vigilancia”. El órgano garante rechazó esta postura.
La Contraloría considera que la información sobre programas públicos no es propiedad personal de un funcionario, sino que debe resguardarse en el archivo del municipio.
La respuesta de la regidora no acreditó haber realizado gestiones ante otras áreas del ayuntamiento para localizar la documentación, lo que configuró una omisión a la obligación de búsqueda exhaustiva. La autoridad garante advirtió directamente a la titular de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento sobre el inicio de procedimientos sancionadores en caso de desacato.
El fallo establece que el cambio de administración no es un justificante para la desaparición de archivos.
La resolución obliga al ayuntamiento a rendir cuentas sobre el ejercicio de recursos públicos y acciones de la administración anterior. La negativa de López González a dar los registros bajo el argumento de que su función fue de vigilancia, quedó sin efecto ante la orden de la Contraloría, que exige la entrega de los comprobantes financieros y administrativos que acrediten la operación de sus programas.
