AGENCIA
Ciudad de México.- El Gobierno federal desembolsó 715 millones de pesos para asegurar al Tren Maya contra terrorismo y sabotaje, una protección que contempla indemnizaciones de hasta 300 millones de pesos en caso de un ataque terrorista, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insiste públicamente en que en México no existen actos de terrorismo.
La contradicción resulta evidente: mientras desde Palacio Nacional se rechaza la utilización del término terrorismo para describir la violencia de los grupos criminales, la propia administración federal considera necesario proteger una de sus obras emblemáticas ante la posibilidad de que sea víctima de un ataque de esa naturaleza.
El seguro, vigente durante todo 2026, cubre los bienes del Tren Maya ante pérdidas o daños físicos provocados por terrorismo y sabotaje. La póliza establece una definición amplia: considera terrorismo cualquier acto o serie de actos que impliquen fuerza o violencia con fines políticos, religiosos o ideológicos, incluidos aquellos destinados a influir sobre un gobierno o sembrar miedo entre la población.
En caso de un ataque de este tipo, el Tren Maya tendría derecho a una cobertura de hasta 300 millones de pesos, dentro de una responsabilidad máxima de 11 mil 755 millones de pesos.
El contrato vuelve a poner bajo la lupa a Agroasemex, empresa estatal a la que por segundo año consecutivo se le adjudicó directamente el servicio. La decisión genera cuestionamientos adicionales, debido a que se trata de una compañía perteneciente al propio Gobierno federal y cuya especialización está vinculada principalmente con el sector agropecuario.
Mientras el discurso oficial intenta cerrar la discusión asegurando que en México no existe terrorismo, los documentos administrativos del propio Gobierno contemplan el riesgo, lo cuantifican y pagan cientos de millones de pesos para transferirlo a una aseguradora.
La paradoja adquiere mayor relevancia en medio de la disputa con Estados Unidos, cuya administración ha clasificado a diversos grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas. Sheinbaum ha rechazado esa denominación al considerar que podría convertirse en un argumento para justificar una intervención estadounidense en materia de seguridad.
Sin embargo, especialistas advierten que el problema no puede resolverse únicamente mediante declaraciones políticas. Javier Oliva, coordinador del seminario en Estudio de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, señaló que existe una deficiencia en la definición de terrorismo contenida en el Código Penal Federal.
El artículo 139 establece que incurre en terrorismo quien produzca alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar a una autoridad o particular, u obligarlo a tomar una determinación.
La discusión, por tanto, no es solamente semántica. México enfrenta hechos violentos capaces de generar terror entre la población, pero el Gobierno federal evita calificarlos como terrorismo ante las implicaciones políticas y diplomáticas que tendría aceptar esa categoría.
Juan Carlos Machorro, especialista en infraestructura y socio de Santamarina y Steta, consideró que asegurar una infraestructura estratégica contra terrorismo y sabotaje es una práctica internacionalmente aceptada. No obstante, cuestionó que el contrato haya sido asignado directamente a Agroasemex.
Así, el Tren Maya termina exhibiendo una de las contradicciones más incómodas del discurso oficial: para efectos políticos, en México no hay terrorismo; para efectos financieros y de protección patrimonial, el Gobierno federal sí contempla el riesgo, lo incluye en una póliza millonaria y está dispuesto a pagar por estar cubierto.
El terrorismo que sí existe… En la póliza
El Gobierno federal sostiene que en México no existen actos de terrorismo bajo la definición que pretende aplicar Estados Unidos.
Pero su propio seguro dice otra cosa.
El Tren Maya está asegurado durante 2026 contra terrorismo y sabotaje, y la póliza contempla hasta 300 millones de pesos de indemnización si ocurre un ataque terrorista.
El contrato incluso define qué debe entenderse por terrorismo: Actos de fuerza o violencia cometidos con fines políticos, religiosos o ideológicos, incluyendo aquellos destinados a influir sobre un gobierno o sembrar miedo en la población.
La pregunta queda sobre la mesa: Si el Gobierno considera suficientemente real el riesgo de terrorismo como para pagar 715 millones de pesos por asegurarlo, ¿por qué políticamente insiste en negar que México enfrenta este tipo de amenazas?
La diferencia parece estar en el discurso: Una cosa es lo que se reconoce ante la opinión pública y otra lo que se contempla cuando se trata de proteger una obra federal multimillonaria.
