EL BUEN TONO
Huatusco, Ver.- La venta del terreno donde se encontraba el campo de futbol de Acatepec ha generado inconformidad entre ejidatarios, quienes acudieron ante el Tribunal Agrario para solicitar que se revise la operación y, de existir irregularidades, se declare su nulidad.
Los inconformes cuestionan principalmente la forma en que se habría realizado la venta y quiénes participaron en la decisión, al considerar que existen dudas sobre el procedimiento seguido por el comisariado ejidal y por un grupo que se autodenomina “grupo de venta del terreno”.
La representación ejidal señalada está encabezada por Aurelia Nextle Fernández, como presidenta del comisariado ejidal; Emilia Nextle Xaca, secretaria; Alejandro Reyes Castro, tesorero; José Hernández González, encargado del Comité de Vigilancia; Irineo García, primer secretario del Consejo de Vigilancia, y Tomás Flores, segundo secretario del Consejo de Vigilancia.
Uno de los principales puntos que los inconformes piden esclarecer es si la venta contó con todos los acuerdos, autorizaciones y formalidades que exige la legislación agraria para disponer de un terreno perteneciente al núcleo ejidal.
También cuestionan la distribución del dinero obtenido por la operación. Una publicación reciente sobre el caso señala que el pago habría sido recibido únicamente por un grupo minoritario de ejidatarios, situación que ahora forma parte de los señalamientos que los inconformes buscan que sean esclarecidos por la autoridad agraria.
El conflicto adquiere mayor relevancia porque el predio albergaba el campo de futbol utilizado por niños y jóvenes de Acatepec. De acuerdo con información publicada sobre el terreno, el espacio había sido considerado anteriormente incluso para un proyecto hospitalario de segundo nivel, aunque esa propuesta no prosperó.
Los denunciantes pretenden que el Tribunal Agrario determine si quienes intervinieron en la operación tenían facultades para concretar la venta, si se respetaron los derechos de todos los integrantes del núcleo ejidal y si el procedimiento se realizó conforme a las disposiciones que regulan la propiedad social.
De comprobarse alguna irregularidad, los promoventes buscan que la operación quede sin efecto y que el terreno sea reintegrado al patrimonio ejidal.
Por ahora, corresponderá al Tribunal Agrario analizar la documentación, las actas y demás pruebas que sean presentadas por las partes para determinar si la operación se ajustó a derecho.
Mientras tanto, la venta mantiene enfrentados a integrantes del ejido y coloca bajo cuestionamiento la actuación del actual comisariado ejidal y del denominado “grupo de venta del terreno”, cuyos integrantes deberán responder ante la autoridad competente a los señalamientos formulados por los inconformes.
La redacté con un enfoque más crítico, pero manteniendo “presuntas” irregularidades y atribuyendo los señalamientos a los inconformes, para no presentar como hechos comprobados cuestiones que todavía debe resolver el Tribunal Agrario.
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