AGENCIA
CDMX.- La detención de la conductora Inés Gómez Mont en Estados Unidos reactivó las investigaciones que enfrenta en México por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, relacionadas con un supuesto esquema de desvío de recursos públicos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó en un videomensaje difundido el lunes 2 de noviembre que los recursos investigados estaban relacionados con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), organismo encargado de la administración de los centros penitenciarios federales.
De acuerdo con las indagatorias, el presunto mecanismo habría operado mediante contratos celebrados con empresas fantasma, a través de las cuales se habría facilitado la triangulación de recursos públicos hacia distintas cuentas bancarias, entre ellas las de la conductora.
La Fiscalía busca esclarecer el destino del dinero que originalmente estaba destinado a la seguridad y operación del sistema penitenciario federal, así como establecer la posible participación de cada una de las personas involucradas.
En el ámbito fiscal, Gómez Mont también es señalada por presuntamente declarar ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que habría derivado en la omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
La titular de la FGR detalló que existen tres órdenes de aprehensión vigentes contra la conductora. Una fue emitida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos corresponden a investigaciones por defraudación fiscal equiparada.
Godoy Ramos explicó que en septiembre de 2025 México solicitó a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición y posteriormente integró la petición formal, en coordinación con las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, precisó que la detención registrada en ese país está relacionada actualmente con su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses.
En caso de que se determine su deportación a México, la Fiscalía ejecutará las órdenes de aprehensión vigentes a su llegada.
La conductora presuntamente buscaría promover un amparo para impedir su extradición, aunque su situación jurídica dependerá de las decisiones que adopten las autoridades de ambos países.
La FGR sostuvo que corresponderá a los tribunales mexicanos determinar, conforme a derecho y respetando el debido proceso, si existe responsabilidad penal de Gómez Mont.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de investigaciones y procesos judiciales pendientes de resolución, por lo que la existencia de órdenes de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria.
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