AGENCIAS
Ciudad de México.- Nuevos cuestionamientos enfrenta la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que consejeros electorales señalaran un retraso de 72 días en la aprobación de documentos que serán utilizados en las elecciones de 2027, situación que habría reducido los tiempos disponibles para realizar licitaciones públicas y abierto la posibilidad de recurrir a contratos por adjudicación directa.
Durante la sesión del Consejo General del pasado 13 de noviembre, los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey cuestionaron las decisiones administrativas tomadas por Taddei, particularmente la devolución de un proyecto que contemplaba 25 diseños de documentación electoral.
De acuerdo con lo expuesto por los consejeros, el proyecto fue presentado el 3 de septiembre de 2026, pero la entonces presidenta del organismo solicitó regresarlo a revisión de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
Sin embargo, más de dos meses después, los documentos regresaron prácticamente sin modificaciones, lo que generó cuestionamientos sobre las razones de la demora y sus posibles consecuencias para los procedimientos de contratación.
La preocupación radica en que el retraso habría reducido el margen de tiempo para organizar concursos públicos, en los que diferentes empresas pueden competir por los contratos financiados con recursos públicos. Bajo esas condiciones, podría incrementarse la posibilidad de recurrir a procedimientos de adjudicación directa.
Los consejeros solicitaron revisar las decisiones administrativas y esclarecer si los retrasos tuvieron alguna relación con posibles beneficios a determinados proveedores.
CONTRATACIONES BAJO LA LUPA
Los cuestionamientos ocurren después de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.
Además, investigaciones periodísticas han documentado una red de contratos electorales por más de mil millones de pesos en 13 estados, con señalamientos sobre funcionarios vinculados con el entorno de la exconsejera presidenta y empresas que presuntamente simulaban competir entre sí para obtener adjudicaciones.
El organismo electoral, ahora encabezado provisionalmente por Blanca Cruz García, enfrenta el reto de revisar estos antecedentes y garantizar que las adquisiciones rumbo a 2027 se realicen bajo condiciones de transparencia, competencia y rendición de cuentas.
Hasta el momento, los señalamientos sobre el retraso de los documentos no demuestran por sí mismos que existiera una estrategia deliberada para favorecer a proveedores. La investigación deberá determinar si hubo irregularidades, responsabilidades administrativas o beneficios indebidos en los procesos de contratación.
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