AGENCIAS
México.- El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrá volver a disponer de aproximadamente 128 mil 197 pesos mensuales, equivalentes a más de 1.5 millones de pesos anuales, luego de que un tribunal administrativo ordenó levantar parcialmente el bloqueo de dos de sus cuentas bancarias para permitirle recibir los depósitos de tres pensiones.
La resolución fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que concedió una suspensión provisional para que el exmandatario pueda acceder a los recursos que recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que acatará la determinación judicial, debido a que estos ingresos están protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.
Sin embargo, la resolución no representa el desbloqueo total de sus cuentas. Los recursos distintos a las prestaciones señaladas y otras operaciones financieras continuarán sujetos a las restricciones correspondientes.
SUS PENSIONES SUPERAN LO QUE GANABA COMO GOBERNADOR
De acuerdo con su declaración patrimonial actualizada en mayo de 2026, Rocha Moya reportó que durante 2025 recibió 760 mil 313 pesos por su jubilación de la UAS y 554 mil 697 pesos por concepto de pensión del IMSS.
Ambas prestaciones sumaron un millón 315 mil 10 pesos, cantidad superior a los 797 mil 14 pesos que declaró por salario y otras prestaciones como gobernador de Sinaloa durante ese mismo año.
Además, en su declaración anterior reportó 316 mil 102 pesos por concepto de pensión del ISSSTE durante 2024.
Con la resolución judicial, podrá recibir los depósitos futuros de las tres instituciones, aunque el resto de sus recursos financieros permanecerá sujeto al bloqueo.
¿POR QUÉ CONGELARON SUS CUENTAS?
El bloqueo de sus cuentas ocurrió después de que autoridades de Estados Unidos presentaron, el 29 de abril de 2026, acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
Tras darse a conocer los señalamientos, Rocha Moya solicitó licencia al cargo el 1 de mayo y posteriormente la UIF ordenó inmovilizar sus cuentas bancarias.
El exmandatario recurrió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar las restricciones y consiguió una resolución provisional que le permitirá disponer de los ingresos protegidos por sus pensiones, sin que esto signifique que hayan desaparecido las medidas financieras en su contra.
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