EL MINUTERO LA CONVULSIÓN

¿Qué sucede en Veracruz que no acaba una tragedia y comienza otra?. No se termina de digerir un hecho de violencia que arrebata la vida a varias personas, entre ellos periodistas y activistas,  y llega otro acto sangriento. ¿Por qué la información diaria debe estar  impregnada de malas noticias? ¿Qué maldición es esa de que  los periodistas y los periódicos tengan que escribir y publicar sobre la muerte de sus propios compañeros y colaboradores? Son tiempos convulsos, días alterados  y así no debería ser.

 

Ayer en Orizaba fue asesinado el periodista Juan Santos Carrera, quien tenía apenas dos meses de haberse separado de la televisora local Telever, filial de Televisa. Murió en una ejecución cometida por el crimen organizado en contra de presunto líder de otra banda rival. Fue una masacre, seis personas fallecieron, entre ellas el reportero. Es parte de la descomposición que hay en la entidad  y este multihomicidio pega a todos. Pega a las municipales que presumían no necesitar de corporaciones estatales –que de poco o nada sirven- ni federales para hacerse cargo de la seguridad de los ciudadanos. Ya se vio que no es así.

 

Pega al Gobierno estatal porque es imposible hablar de un ajuste de cuentas en pleno centro de Orizaba, sin revisar el papel de dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública con todos sus operativos especiales y su coordinación con los esquemas federales para abatir el crimen organizado. 

 

¿Cómo es que un jefe de la delincuencia organizada departía tranquilamente en un bar en el centro de la ciudad? ¿No debió ubicarlo y capturar la Policía antes de que se desatara la masacre? Ahí se debe llamar a cuentas al titular del área, Arturo Bermúdez Zurita.

 

El Veracruz convulsionado vuelve a ser noticia a nivel internacional y la opinión pública cuestiona otra vez a la gestión del Ejecutivo local. 

 

Y pega al gremio periodístico porque aún en  las condiciones que sucedió su deceso y aún cuando a Santos Carrera se le relacione con los otros fallecidos, pasa a la lista de informadores asesinados en los últimos cinco años. No son casos equivalentes, por supuesto, pero es el segundo compañero que pierde la vida en la zona Centro pues, el colega Octavio Rojas Hernández, colaborador de esta casa editorial, El Buen Tono, fue asesinado el 11 agosto del 2014.  Ya se cumplió un año de su muerte  y no hay castigo para sus victimarios.

 

Rojas Hernández era corresponsal en Cosolapa, Oaxaca y por su estancia en territorio oaxaqueño, al compañero Rojas muchos lo pretenden excluir del listado mortal de Veracruz pero su trabajo reporteril estaba publicado en Veracruz, Su caso es similar al del periodista Armando Saldaña Morales que desarrollaba su labor informativa en la estación radiofónica La Ke Buena de Tierra Blanca aunque fue asesinado en Acatlán de Pérez, Oaxaca, apenas el pasado 4 de mayo. Al igual que a ellos, el Gobierno estatal también excluye de su listado el caso del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, asesinado en la colonia Narvarte del Distrito Federal hace quince días. Espinosa trabajaba en Veracruz, pero huyó por amenazas y el acoso.

 

El lugar de la muerte no borra su labor periodística realizada en Veracruz y más aún cuando hay antecedentes documentales de la persecución recibida a nivel local. Y como se decía líneas arriba, en la zona Centro son dos los periodistas que han sido blancos de crímenes, pero hay un tercero que sucedió en el sexenio de la fidelidad. Se trata del también ex corresponsal de Telever y reportero de la estación radiofónica Oriestereo, Adolfo Sánchez Guzmán, secuestrado y asesinado en noviembre del 2006.

 

En el caso de Santos Carrera no se intenta minimizar una posible relación con actividades ilegales ni se le va a condenar a priori. No debía morir, simplemente, y mucho menos de esa manera. Si según la autoridad tenía algo que imputarle debió proceder conforme a derecho, presentarlo ante las instancias jurisdiccionales, pero no se vale cerrar ahora el caso con la coartada de que andaba en malos pasos porque eso es  justificar un crimen que nunca debió pasar. La tesis de que lo mataron porque “se portaba mal” sin aplicar la ley es igual de dañina que difamar al que también pereció aunque se haya “portado bien”. Ni un reportero ni un ciudadano común, vaya ni siquiera un político o un funcionario se merece morir, aun cuando se les tenga algo que reprochar. No, deben ser juzgados y castigados por sus delitos, no asesinados.

 

También hay algo que no se debe soslayar en ese conteo negro de la zona Centro, pues el caso más grave de agresión a instalaciones de un medio informativo se dio aquí, en El Buen Tono, cuyas instalaciones fueron incendiadas por un grupo de hombres armados durante la madrugada del 6 de noviembre del 2011 y que hasta la fecha sigue sin ser castigado, aun cuando son del dominio público las identidades de los autores materiales e intelectuales. Ellos están protegidos  por las autoridades en funciones, y ahí copulan dos lastres: la criminalidad y la impunidad otorgada desde el poder.

 

Por si fuera poco, a  la fecha cuatro reporteros de El Buen Tono han recibido amenazas, la última fue contra el corresponsal en la región de Cuitláhuac, Raúl Alfonso Rodríguez Hernández, el pasado mes de mayo cuando un hombre le exhibió con una pistola en la cintura y le dijo que “le bajara a sus notas”, es decir, que le reclamó censura a cambio de no ser agredido según el código gangsteril. No es casual que El Buen Tono sea uno de los medios informativos del estado que más agresiones y amenazas contra su personal haya recibido porque eso obedece a su línea editorial independiente que ha incomodado a muchos.

 

Cuando se hace periodismo que da prioridad a la población y no a los grupos de poder, sean formales o fácticos, siempre se va a generar escozor.  Es algo que tiene que remarcarse porque el lector, el ciudadano común, debe dimensionar el grado de riesgo que corre un periodista o los encargados de un proyecto periodístico para cumplir con el compromiso de informar a la sociedad. 

 

En medio de esta convulsión criminal que sacude al país y al estado, donde matar a un reportero o  atacar las instalaciones de una empresa periodística se ha vuelto una especie de deporte nacional, sin que la sociedad reaccione, la que sale más perjudicada es la sociedad en general.

 

DÍAS DE GUARDAR

 

Más allá de daño al gremio periodístico, a las autoridades municipales, estatales o federales, en cada ataque o cada atentado contra la prensa se generan los llamados “apagones informativos” y las “zonas de silencio”, es decir cuando se impone la censura a sangre y plomo o se opta voluntariamente por la autocensura, eliminando notas relativas a determinados temas –en este caso a hecho de policía o violencia- o sujetándose a los comunicados oficiales sin investigar ni abundar en los temas, lo que convierte a los medios involucrados en meros voceros de las instancias gubernamentales. Cuando eso sucede y se interrumpe ese flujo de información que los medios de comunicación deben enviar a la sociedad, el daño es cuantioso.

 

La población no se entera de lo que sucede o lo hace parcialmente, el grado de conocimiento de los hechos es deficiente y como la  información es una pieza fundamental para la toma de decisiones en una democracia participativa, dichas decisiones se adoptarán con una información insuficiente o deficiente y ahí está el perjuicio para la sociedad, que llega ciega o engañada a tomar decisiones importantes. En resumen, permitir que se ataque a la prensa –los reporteros y  medios informativos- es permitir que se dañe la democracia. Así de simple.

 

De colofón, a esa ola de hechos violentos relativos al ejercicio periodístico se sumaron dos casos más que si bien no tienen consecuencias graves hasta el momento, no deben dejarse avanzar por los antecedentes que ya se tienen. 

 

En Xalapa los guardaespaldas del gobernante en turno bloquearon el trabajo de un fotógrafo de la agencia AVC Noticias -en la que, por cierto, colaboraba Rubén Espinosa- y uno de esos guarros al enterarse que el reportero gráfico pertenecía a la misma empresa lo tomó del cuello y lo lanzó al piso.

 

¿Es el odio institucional ordenado hacia ese medio en particular y sus fotorreporteros porque están enojados ante el daño mediático que ocasionó el crimen de Rubén? Tal parece que sí. El gobernante en turno debe atender ese ataque y poner ante el Ministerio Público al guardaespaldas responsable, pues  ya la opinión pública lo señala como el responsable de la persecución al gremio reporteril, y si no lo hace sólo confirmará lo que todos dicen.

 

El otro caso es del periodista y columnista Álvaro Quino Mixtega, de la región de Los Tuxtlas,  quien también tiene dos meses de haber dejado la corresponsalía de Telever en aquella zona, y que ha denunciado en un texto divulgado en la web al alcalde priísta de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, por  tres intentos de homicidio. Dice que a través de empleados municipales lo ha amenazado e incluso ha intentado provocarle daño físico. Deja el testimonio a la opinión pública por si algo le llega a ocurrir a él o a su familia.

 

Vaya, todos están desa-tados contra los reporteros, no sólo el crimen organizado sino los políticos fidelistas y los duartistas. Ya se dio el caso del alcalde de Medellín de Bravo, el panista Omar Cruz Reyes, que hoy anda “prófugo” de la justicia –con permiso estatal- por haber ordenado la muerte del periodista urbano, Moisés Sánchez Cerezo a principios del año y ahora otro edil, el tuxtleco Rosendo Pelayo se apresta a sumarse a esa lista de agresores de periodistas en este Veracruz convulsionado. Días aciagos, turbulentos y la mayor parte de la sociedad sigue callada mientras se castiga a la prensa. Son días de guardar.