México, D.F.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está preocupada por los amparos que están llegando al Poder Judicial Federal, presentados por delincuentes sentenciados que solicitan que se les revoquen sus sentencias por presuntas violaciones a sus derechos.
A partir del 23 de enero, cuando los ministros ordenaron la inmediata y absoluta libertad de la francesa Florence Cassez, la Primera Sala de la Suprema Corte ha amparado a 10 sentenciados bajo el argumento de que se violaron sus derechos en el proceso judicial que enfrentaron. A los quejosos se les revocó la sentencia en su contra y sus expedientes regresaron a tribunales federales.
Ante este escenario de solicitudes de amparo, ayer miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte aseguró que el otorgamiento de amparos se apegará a derecho y no será de forma masiva.
Y es que por unanimidad de votos, la Primera Sala desechó, es decir, no entró al estudio de fondo del amparo que solicitó Leobardo Segundo Téllez, quien pertenecía a una banda de extorsionadores vinculada a un grupo de la delincuencia organizada, que opera en Michoacán.
El 25 de enero de 2012, el Ministerio Público de Zitácuaro, Michoacán, consignó a Leobardo Segundo, junto con otros tres integrantes de esa de banda de extorsionadores. Fue sentenciado por el delito de extorsión a tres años y cuatro meses de prisión.
Agencias
