Córdoba.- A pesar de la pésima calidad de las obras de pavimentación y después de solicitar información sobre las constructoras a las que se les ha requerido el pago de la fianza y cuáles han sido multadas, la Contralora del mal logrado Ayuntamiento de Córdoba, Teresita Jáuregui Rodríguez, confirmó lo que EL BUEN TONO ha señalado hasta el cansancio: Es una alcahueta que no ha sancionado a ninguna empresa.
A través del oficio CM/0460/2017 después de más de un mes de haber realizado la solicitud de información sobre las empresas constructoras a las que este Ayuntamiento encabezado por Tomás@elalcahuetedePortillayLavín les ha brindado obra, por medio de licitación pública o asignación directa y que han sido obligadas a pagar fianza ante la mala calidad de los trabajos, la Contralora contestó dicha solicitud con respuestas negativas a las tres preguntas formuladas.
En dicho documento, señala como respuesta única ante el cuestionamiento directo, el número de empresas constructoras y/o contratistas que han sido sancionadas en la presente Administración por irregularidades en la calidad de la obra pública realizada, teniendo como respuesta: Ninguna.
Ante el cuestionamiento de a cuáles se les ha aplicado la fianza por vicios ocultos para la reparación de la obra pública, se obtuvo la misma respuesta, inclusive remarcada “R=NINGUNA”.
Mientras en la solicitud de cuántas empresas constructoras y/o contratistas han sido inhabilitados para realizar obra pública en el municipio por motivos de alguna irregularidad detectada en calidad y/o tiempo de terminación de los trabajos, respondió casi en forma de burla y resaltado en letras negras “R=NINGUNA”.
Dejando en claro la falta de voluntad por parte de la Contralora Municipal y exempleada de Tomás Ríos, la contadora Teresita Jáuregui, quien a pesar de que existen obras como la del mercado Revolución o la del Caminatorio de la calle 1, que han presentado un sin fin de irregularidades en tiempo de terminación de las actividades, calidad de las mismas e incremento en los montos, poco le ha costado a la funcionaria hacerse de la “vista gorda” para no fincar responsabilidades, a pesar, incluso de existir denuncias penales por estas situaciones.
