Córdoba.- El Ayuntamiento cordobés podría emprender acciones penales en contra de un supuesto Comité Ciudadano, que durante 11 años cobró cuotas de manera indebida a cientos de familias de 14 comunidades de la Sierra del Gallego, para poderles brindar el servicio de agua potable.
Fraude en el que al parecer están involucrados varios trabajadores de Hidrosistema de Córdoba, por lo cual el Ayuntamiento iniciará las investigaciones correspondientes para determinar si hubo o no complicidad por parte de los empleados municipales.
A decir de varios habitantes de la sierra de El Gallego, como es el caso de Marcelino Fernández de la comunidad de San Pedro y Anexas, Apolinar Vázquez, perteneciente a la misma comunidad y trabajadores de Hidrosistema de Córdoba, se encargaban de cobrar las cuotas a los 1 mil 411 hogares irregulares que en su momento, se negaron a realizar la contratación del servicio a fin de que gozaran del mismo de forma regular.
Ante ello, y para dar el primer paso para regularizar el servicio en esta zona de la ciudad, la Tesorería municipal inició con un programa de contratación que costará únicamente 1 peso, con la finalidad de que las familias acudan de forma voluntaria a poner en orden su situación tributaria con la autoridad municipal y con ello, puedan conectarse a las tomas domiciliarias.
En cuanto a las acciones legales en contra del supuesto comité ciudadano, el tesorero municipal, Ricardo Barreda Vázquez, informó que reunirán la documentación necesaria entre los mismos afectados, para enriquecer el expediente que deberán presentar ante el Ministerio Público.
Además, trascendió que quienes se negaban a cumplir con la cuota que recaudaban de forma periódica entre las familias de las 14 comunidades, este comité procedía al cierre de las válvulas.
Hasta el momento y con la finalidad de evitar confrontaciones, el personal de Hidrosistema que podría estar inmiscuido en este fraude ya fueron cambiados a otra zona.
El Tesorero municipal, desmintió que este fraude tenga tintes políticos ya que transgredió diversas administraciones, “este cobro ilegal inició cuando fue presidente Hugo Fernández Bernal, continuó con Francisco Portilla, Juan Lavín y fue detectado una vez que comenzaron a investigar de qué manera gozaban del servicio las comunidades”.
Asimismo, indicó que una vez detectada la situación, mandaron a llamar al comité ciudadano en junio, pero no obtuvieron respuesta, por lo que decidieron implementar este programa de regularización en lo que se reúnen pruebas y se procede por la vía legal contra ellos.
Explicó que la introducción de la red de agua potable le costará al Ayuntamiento 3 millones de pesos al año, es decir, 250 mil pesos mensuales por las 1 mil 411 tomas y de acuerdo al órgano de Gobierno, las zonas rurales y marginadas del municipio, deben cubrir una cuota de 40 pesos de los cuales esperan recuperar 50 mil.
Ricardo JácomeZavaleta
El Buen Tono
