Agencias
México.- La senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de ley que busca endurecer las sanciones contra los servidores públicos que tengan vínculos con el crimen organizado, proponiendo que estos actos sean tipificados como traición a la patria.
La propuesta incluye agregar el artículo 123 Bis al Código Penal Federal, para que legisladores, ministros, magistrados, jueces, consejeros del INE, funcionarios de organismos descentralizados, así como integrantes de fideicomisos y empresas con participación estatal, sean castigados con penas de 5 a 40 años de prisión si colaboran con grupos criminales.
“Se trata de quienes faciliten, protejan, colaboren, proporcionen información, recursos o auxilio a integrantes del crimen organizado”, explica la iniciativa.
Además de la pena de prisión, los funcionarios señalados por estos delitos también serían:
- Destituidos e inhabilitados de forma permanente para ocupar cualquier cargo público.
- Sometidos a juicio político, en caso de que la ley lo permita.
- Privados de los beneficios legales como libertad anticipada, condicional o preliberación.
- Trasladados a penales de máxima seguridad, con medidas especiales de resguardo.
- Sujetos al decomiso de bienes y recursos obtenidos de forma ilícita.
🔍 Vínculos entre funcionarios y narco, una constante sin castigo
La propuesta surge luego de diversos escándalos que han evidenciado posibles vínculos entre autoridades locales y miembros del crimen organizado. Uno de los casos más recientes ocurrió en Morelos, donde se difundió un video en redes sociales en el que aparecen Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, y Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlahuacán, reunidos con un presunto líder regional del Cártel de Sinaloa, identificado como “El Barbas”.
Pese a que las autoridades federales anunciaron una investigación, no se han tomado acciones legales concretas contra los involucrados.
De ser aceptada, la iniciativa presentada por Téllez deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de su posible discusión y votación en el pleno del Senado.
