AGENCIA
Ciudad de México.- Mientras el gobierno federal insiste en presentar una ofensiva frontal contra el huachicol fiscal, una nueva carta enviada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna abre interrogantes incómodas para la administración de Claudia Sheinbaum. El exmando de la Secretaría de Marina, señalado como uno de los presuntos operadores de una de las mayores redes de robo de combustible del país, asegura que los verdaderos responsables no están sentados en el banquillo de los acusados, sino dentro de los círculos cercanos al poder.
La afirmación no es menor. Si Farías Laguna miente, corresponde a las autoridades demostrarlo con pruebas contundentes y un proceso transparente. Pero si tiene razón, el caso podría exhibir una vez más el viejo patrón de sacrificar piezas visibles mientras los personajes con influencia política permanecen protegidos.
En su misiva, el exvicealmirante denuncia irregularidades en el proceso judicial que enfrenta, asegura que no ha tenido acceso pleno a las pruebas en su contra y acusa que su condena mediática llegó antes que la oportunidad de defenderse. Más allá de su situación particular, sus señalamientos colocan sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿La lucha contra el huachicol fiscal está llegando realmente a todos los responsables o sólo a aquellos que resultan políticamente prescindibles?
Durante años, el robo y contrabando de combustibles han operado mediante complejas redes que difícilmente podrían funcionar sin la participación o complicidad de funcionarios, empresarios, operadores logísticos y estructuras de protección política. Pensar que una operación de tal magnitud dependía únicamente de unos cuantos individuos resulta, para muchos observadores, poco creíble.
Farías Laguna insiste en que está siendo utilizado como “chivo expiatorio”, una figura recurrente en los grandes escándalos nacionales. La historia reciente de México está llena de casos en los que los procesos judiciales terminan concentrándose en personajes específicos mientras las estructuras que permitieron los delitos permanecen intactas.
La administración de Claudia Sheinbaum ha prometido combatir la corrupción sin distinciones. Sin embargo, acusaciones como las del exvicealmirante ponen a prueba ese discurso. Si existen personajes dentro del entorno político con responsabilidades en el caso, como él afirma, la obligación del gobierno sería investigarlos con el mismo rigor aplicado a cualquier otro acusado.
Por ahora, la carta deja más preguntas que respuestas. Lo que sí resulta evidente es que un caso de las dimensiones del huachicol fiscal no puede resolverse únicamente con conferencias, declaraciones o señalamientos públicos. La sociedad espera investigaciones profundas, pruebas verificables y sanciones contra todos los involucrados, sin importar su cargo, cercanía política o nivel de influencia.
Porque si los verdaderos responsables permanecen protegidos mientras otros cargan con todo el peso del escándalo, la promesa de acabar con la corrupción corre el riesgo de convertirse en otro discurso más.
a) ¿En verdad cree este gobierno que creemos que los dos hermanos Farías fueron los líderes del huachicol fiscal y que ellos corrompieron a instituciones y muchas otras personas? Están presos y el huachicol fiscal sigue operando ¿cómo es eso?
B) Espero que el Vicealmirante haya guardado pruebas, porque ya saben cómo se la sacan con ¡pruebas, pruebas, pruebas!
