El siglo XX mexicano tuvo un evento único que permeó todas y cada una de las manifestaciones políticas, económicas, sociales y culturales del país, y éste fue la Revolución Mexicana. Concebida originalmente como un movimiento destinado a garantizar elecciones libres y la no reelección del presidente, el estallido militar terminó por destrozar gran parte de lo creado durante la dictadura porfiriana y construyó como alternativa un modelo corporativo que, desde las profundidades del Estado, armó la estructura de la sociedad en su conjunto en todas y cada una de sus expresiones. Ni democracia ni dictadura militar, sino autoritarismo presidencialista como parte del acuerdo establecido entre las facciones triunfantes de la Revolución.
La rotación sexenal del poder presidencial hizo agua a partir de su falta de legitimidad democrática, las presiones de una sociedad cada vez más demandante y participativa, y el rotundo fracaso del modelo estatista que en 1982 hizo quebrar al país. La apertura económica y la adopción del llamado proyecto neoliberal, combinado con la falta de una política interna de democratización de las instituciones del corporativismo presidencialista, terminó por atorar la transformación del país.
Intentar combinar el presidencialismo absoluto con la inserción de la economía mexicana al esquema globalizador, fracasó al estallar en 1995 una crisis económica derivada de la falta de información en manos de un presidente saliente y otro entrante que en la práctica desgraciaron al país. La falta de acuerdos de gran calado y la funcionalidad de las instituciones sobrevivientes del viejo régimen dentro de los dos sexenios de gobiernos panistas, mantuvieron vivo el concepto de Revolución Mexicana, no sólo como un mito fundacional del Estado mexicano del siglo pasado, sino como una resistencia real ante los cambios que un proceso democratizador integral demandaba.
El retorno del PRI a la Presidencia de la República ha venido acompañado de un insistente discurso de alejamiento del nacionalismo revolucionario que legitimó cualquier proyecto político del régimen del presidencialismo absoluto. En nombre de la Revolución Mexicana se estatizó la banca en 1982, y con el mismo argumento se vendió a los particulares. Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, con líneas ideológicas diametralmente opuestas, cabían perfectamente en el esquema del nacionalismo revolucionario. Era éste el cemento del sistema, hasta que la presión social, los abusos del poder y la falta de recursos, lo resquebrajaron profundamente.
Este aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a unos días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la república, parece ser el momento adecuado para colocar a este evento histórico precisamente ahí, en el casillero de la historia, como un momento superado de la realidad nacional y en donde no cabe ya exaltar ni su violencia ni su irracionalidad como valores propios de la identidad nacional. Tampoco es posible rescatar ya su proyecto político basado primero en caudillos y luego en instituciones antidemocráticas garantes de presidencias absolutas sexenales.
Incluso su concepción de justicia social basada en un Estado rector de la economía, patrimonialista y paternalista, es ya totalmente obsoleta. Continuar con la construcción de instituciones democráticas en los sindicatos y en el funcionamiento de los poderes públicos en los estados de la república va en línea contraria a los preceptos de los triunfadores del movimiento revolucionario iniciado en 1910, que nada tuvieron que ver con la idea original de Madero de reducirlo al sufragio efectivo y la no reelección. El gobierno de Peña Nieto está obligado a despedirse de la Revolución Mexicana, de sus todavía existentes instituciones antidemocráticas, y comenzar a construir un nuevo concepto del PRI, ajeno a sus orígenes y diferente en sus postulados políticos e ideológicos.
