DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
XALAPA.- La disputa por las 50 curules del Congreso de Veracruz comenzó formalmente este viernes, con la instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en un proceso que se desarrollará en medio de cuestionamientos a las instituciones electorales y nuevos retos por el uso de redes sociales e inteligencia artificial. Durante la sesión solemne, realizada en el Museo de Antropología de Xalapa, la consejera presidenta del organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales, llamó a partidos, aspirantes y ciudadanía a participar en la organización de los comicios y evitar expresiones de violencia, discriminación y ataques que vulneren los derechos políticos.
La elección renovará las 30 diputaciones de mayoría relativa y las 20 de representación proporcional. La jornada electoral está programada para el domingo 6 de junio de 2027, cuando se prevé instalar más de 11 mil casillas en territorio veracruzano. El OPLE estima que 6 millones 124 mil 410 ciudadanos con credencial para votar podrán participar en la elección de quienes integrarán el Congreso local y tendrán la responsabilidad de elaborar las leyes del estado. Delgadillo Morales advirtió que las campañas tendrán nuevas dinámicas por la utilización de plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial. Por ello, pidió que la competencia se centre en propuestas y debate, sin estereotipos de género, descalificaciones, incitaciones a la violencia ni vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La exigencia de transparencia también estuvo presente en los posicionamientos de los integrantes del Consejo General. La consejera Cathia Elizabeth Castillo Solís sostuvo que el organismo deberá cumplir cada etapa conforme a las normas electorales, mientras que Gandhi Olmos García destacó la necesidad de colaboración entre autoridades, partidos y ciudadanía. Por su parte, Maty Lezama Martínez llamó a prevenir actos de violencia y garantizar la rendición de cuentas. Fernando García Ramos reconoció que las autoridades electorales atraviesan una crisis de credibilidad y subrayó que la fiscalización debe entenderse como un mecanismo de revisión, no como una presunción de culpabilidad.
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