Orizaba.- Los presuntos criminales del ingeniero José Rafael Campos Oropeza, y de su sobrino Jaime Antonio García Flores, acusados de homicidio calificado y robo de vehículo, comparecieron la mañana de este lunes en el Juzgado Primero de Primera Instancia, al empezarles a correr el término constitucional, a fin de definir su situación legal.

Enrique Romero de la Luz, de 62 años, Guadalupe Romero Medina, de 29,  Maurilio Ixtacua Coatquezale, de 38 años, fueron llevados por custodios de La Tomita.

Los hombres vestidos en naranja, con el clásico overol de la DGRyPS, mientras que la mujer, con ropa común, y en silla de ruedas.

No se dio una explicación del porqué, si al momento de ser detenida y al realizar la reconstrucción de hechos, caminaba.

Lo cierto es que ella al llegar frente al juez y escuchar que la acusaban de homicidio y robo calificado, negó cargos.

‘Eso que dice ahí no es cierto, a mi me torturaron para que me declarara culpable’, afirmó Guadalupe.

Incómoda por no poder moverse, a la vez que no tenía abogado defensor por que el que tenía la abandonó al igual que a su esposo y padre, la mujer se dijo inocente.

Sin embargo tuvo algunas contradicciones, pero era por su ignorancia hacia algunas palabras que no entendió por su significado.

Fue auxiliada por su abogado de oficio que le asigna el Estado, y escuchó a detalle la versión que dio en el Ministerio Público, en donde reconoce los problemas que tenía su padre Enrique, con el ingeniero, a quien consideraba una mala persona porque supuestamente le quitó sus propiedades a varios habitantes de Buenavista.

En la versión ministerial y que ayer ya no aceptó, la mujer dijo que mató al ingeniero porque empezó a insultarla y a golpearla, a mentarle la madre a pesar de pedirle respeto.

Por su parte, su padre y esposo, también describen como asesinaron al ingeniero José Rafael Campos Oropeza, y a su sobrino Jaime Antonio García Flores, por instrucciones de Guadalupe.

Sentados ante el juez, los inculpados pidieron terminar pronto con el proceso, sin embargo Guadalupe les llamó la atención y exigió la ampliación del término constitucional para aportar pruebas de descargo.

Se les instruye el expediente 121/2012, por homicidio calificado y robo, y será en el transcurso de la semana cuando se conozca la responsabilidad de cada uno en los hechos.

Gabriel Lagos

El Buen Tono