CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer desde Ciudad Juárez que César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, será extraditado a México porque el Departamento de Estado de Estados Unidos ya lo aprobó.

Al ser cuestionado acerca de si el exMandatario sería devuelto a nuestro País este año, reveló que hace aproximadamente 15 días el Departamento de Estado estadounidense aprobó la orden de extradición.

Explicó que, debido a que la anterior solicitud de extradición no había sido bien fundamentada desde un principio por la Procuraduría General de la República (PGR), se está llevando a cabo una reposición del proceso contra el exGobernador.

“Está reponiéndose el procedimiento porque no estaba bien fundado el planteamiento, no del Gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría para la solicitud de extradición, entonces ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del Gobierno de Estados Unidos”, reveló.

Agregó que este procedimiento se está llevando a cabo en coordinación entre el Departamento de Estados de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Gobierno de Chihuahua informó a finales de noviembre del año pasado que existen en proceso 19 órdenes de aprehensión locales y una federal contra el exgobernador César Duarte Jáquez, con fines de extradición. Aunque hay sentencias condenatorias contra 11 personas por peculado agravado y otras 17 se mantienen en proceso penal, la cabeza de la red de corrupción continúa en Estados Unidos.

La primera solicitud de detención del exgobernador Duarte fue el 28 de marzo de 2017 y la ficha roja fue lanzada por la Policía Internacional (Interpol) el 31 de marzo de ese año. Pero López Obrador comentó que la petición de extradición no estuvo “bien fundamentada” durante la Administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la investigación Justicia para Chihuahua, al exMandatario se le acusa del desvío de mil 550 millones de pesos y se le han incautado 16 bienes inmuebles, entre ellos, 12 fincas rústicas y dos ranchos.

Y la orden de aprehensión federal fue solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por peculado electoral por 14 millones de pesos presuntamente a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución que terminó su proceso de expulsión en junio.

Antes de la indagatoria del Gobierno de Javier Corral, en 2014 el abogado y activista Jaime García presentó la denuncia penal contra Duarte por peculado, uso abusivo de facultades y atribuciones, tráfico de influencias y violaciones a leyes bancarias acompañado de la prueba: el Fideicomiso por 65 millones que suscribió el entonces Gobernador “para pretender quedarse” con el banco Unión Progreso de Chihuahua.