Por Andrés Timoteo  / columnista

En temas políticos, a dos años de las elecciones intermedias para renovar el congreso local y las 212 alcaldías se cocina una conspiración al interior del PAN, pues varios diputados locales están en tratos con Morena para entregarle plazas políticas a cambio de impunidad y recursos. Esto con la supuesta venia del reelegido – con tirabuzón- dirigente estatal del panismo, José Mancha Alarcón.

Vaya, buscan reeditar la “Muralla Azul” que engendró “PAN rojo” en tiempos de la fidelidad, nada más que ahora será el “PAN marrón”. El cabecilla del ese grupo es el diputado Sergio Hernández y sus secuaces son – ¡sorpresa! –  Juan Manuel de Unanue, Bigen Rementería y Rodrigo García Escalante.

El germen del supuesto pacto con el morenismo está en dos asuntos recientes: los chanchullos que esos cuatro panistas hicieron desde la Comisión de Vigilancia en la pasada Legislatura y el intento para desaforar al fiscal, Jorge Winckler Ortiz.  En esa Legislatura, el xalapeño Hernández -que presidía la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el boqueño Unanue, el porteño Rementería y el tuxpeño García Escalante formaron una especie de célula delictiva usando la Comisión de Vigilancia para sacarle dinero a presidentes municipales a cambio de corregirles las anomalías financieras.

De acuerdo con testimonios de varios ediles, estos diputados enviaron a personeros a decirles que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) había detectado severas irregularidades y “había mucha lana bailando”, por lo que corrían el riesgo de ir a prisión. Entonces, ofrecieron ayudarlos a solventar dichas anomalías financieras, algunas de las cuales eran simples observaciones, aunque otras si fueron latrocinios.

Si las inconsistencias eran por 9 millones les pedían 4 millones de “moche” y si eran de 5 millones, les pedían la mitad. No es mentira lo que se ha denunciado públicamente desde la llegada de Morena al control parlamentario de que Unanue y Hernández, maniobraron para “limpiar” casi 350 millones de pesos de la cuenta pública del 2017, pese a que el Orfis había determinado un daño patrimonial acreditado.

El actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Javier Gómez Cazarín tiene las pruebas suficientes no sólo para ordenar una auditoría contable y jurídica a la cuenta pública de ese año, sino para fincar responsabilidad penal a los diputados panistas. Por eso, esos dos legisladores panistas le hacen tanta reverencia al tuxtleco y se sentaron a pactar.

Ahora se sabe que los cuatro estaban dispuestos a votar a favor del juicio político del fiscal, Jorge Winckler, a cambio de impunidad, de que no se reabriera la revisión de la cuenta pública del 2017 porque eso les merecería ser denunciados penalmente. Sin embargo, los acuerdos con diputados del PRI, PES, PRD e independientes -que no fueron operados por Hernández- les cebó la estrategia para aportar los votos que le faltaban a Morena para destituir al procurador de justicia.

En el futurismo electoral, Bigen Rementería, Juan Manuel de Unanue, Rodrigo García Escalante, cuentan que el líder panista José Mancha, les garantice las candidaturas a las alcaldías de Veracruz, Boca del Río y Pánuco, mientras que, Sergio Hernández pretende la de Xalapa, y no para ahí pues el analfabeta diputado buscaría imponer su esposa, Laura Elena Rodríguez, como diputada plurinominal para la 66 legislatura tal como lo hizo Mancha Alarcón con su esposa, Monserrat Ortega Ruiz en esta legislatura.

Por cierto, Sergio Hernández, quien presume llegó de Alto Lucero a Xalapa en medio de la pobreza, ahora administra la abundancia y acaba de inaugurar en la capital del estado un restaurante de mariscos llamado “Varadero” -aunque los bien enterados aseguran que debería llamarse “Lavadero”-. Ya ven que no todo el dinero robado en la legislatura pasada se lo gastó en fiestas, drogas y sexoservicio como denunció en su momento la exdiputada Cinthya Lobato.