La operadora de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, dañada por un devastador tsunami, inició el jueves la descarga de su primera remesa de agua radiactiva tratada en el Océano Pacífico. Esta controvertida medida ha provocado una reacción en cadena, incluyendo un veto a los productos marinos japoneses en China.
El vertido de agua radiactiva ha generado protestas tanto dentro como fuera de Japón. Los grupos de pescadores japoneses expresaron su temor de que este vertido dañe aún más la reputación de sus productos, mientras que en China y Corea del Sur, las preocupaciones han transformado este asunto en una cuestión política y diplomática.
Las autoridades aduaneras chinas respondieron prohibiendo la importación de pescado y mariscos japoneses de manera inmediata, afectando a todos los “productos acuáticos”. China explicó que ajustará las medidas regulatorias de manera dinámica para proteger la salud y la seguridad alimentaria del país ante los riesgos asociados con el vertido de agua contaminada.
El presidente de la operadora de la planta, TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, anunció que la compañía se está preparando para indemnizar adecuadamente a los empresarios japoneses afectados por la prohibición de exportación impuesta por “un Gobierno extranjero” debido al derrame de aguas radiactivas. China es un socio comercial clave de Japón, y Kobayakawa se comprometió a proporcionar explicaciones científicas sobre la operación para que se levante la prohibición lo antes posible.
El Gobierno japonés y TEPCO argumentan que la liberación de agua radiactiva es necesaria para permitir el desmantelamiento de la planta y prevenir fugas accidentales. Aseguran que el tratamiento y la disolución del agua harán que cumpla con estándares internacionales de seguridad y que su impacto ambiental sea mínimo.
Este vertido ha generado un intenso debate sobre la seguridad nuclear, la gestión de residuos radiactivos y las relaciones comerciales internacionales, y seguirá siendo un tema crucial en los próximos meses.
