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#SoluciónCiudadana
Por Miguel Malazo Nemon y Abigail Madrid Molina

Oficio 0111: solo dos responden

El pasado 6 de octubre de 2026, a las 12:54 horas, ingresó por Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento de Córdoba, con Folio No. 0111, y con sello de recepción de la Unidad de Comunicación Social de las 13:00 horas del mismo día, el oficio del CIDIAC dirigido a siete servidores públicos: los regidores Jorge Maximiliano Huerta Vázquez, Glorisel Ixmatlahua Rodríguez, Jaqueline Rodríguez Beristain, Claudia Olga de la Huerta Manjarrez, y a los titulares Juan Torio García y Javier Cornú Gómez.

El documento empezaba, como debe ser, reconociendo lo bueno: la autorización en Cabildo del uso peatonal de la Calle 12 entre Avenidas 9 y 9Bis para la remodelación del Parque de San José, un paso que sí atiende la Agenda 2030 de la ONU y sus ODS.

A la fecha, con más de 8 días hábiles transcurridos, solo dos autoridades han entendido la gravedad de lo que significa el Derecho de Petición.

Los únicos que respondieron

  1. Claudia Olga de la Huerta Manjarrez, Regidora de Obra Pública. Con una altura institucional que hay que reconocer, contesta que aunque la Comisión de Obra Pública no tiene las facultades y responsabilidades directas sobre lo solicitado, en un amplio compromiso y de forma transversal, giró oficios a las áreas pertinentes de atención. Es decir, no se lavó las manos. Hizo lo que marca la Ley: si no es competente, turna.
  2. Jorge Maximiliano Huerta Vázquez, Regidor de Policía, Tránsito y Protección Civil. De igual forma, sin número de oficio de fecha 9 de Octubre del actual, giró instrucciones claras a: Luis Ángel Vargas Miranda, Director de Seguridad y Protección Civil con atención a Carlos Humberto Mendoza Aguilar, sub director de Protección Civil. Es interesante señalar que también lo envía al Coordinador de Obras Públicas para la atención y análisis de lo planteado.

Esta disparidad es importante señalar, ya que en la Ley Orgánica del Municipio en artículo 50. Son atribuciones de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas: V. Inspeccionar la construcción de edificios públicos a fin de garantizar su seguridad y alineación respecto de los contiguos. Y es que si nos ocupa una ampliación sobre lo que pudiera se una calle y no tener el propietario escrituración de esa superficie, es aun de mayor relevancia que se pretenda poner venta de bebidas alcohólicas, invadiendo calle y junto a la Iglesia de San José y su emblemático parque.

Dos respuestas. Dos ejemplos de cómo sí se debe actuar. La pregunta en el aire: ¿de qué privilegio gozan los demás?

Quedan cinco acuses sin respuesta: Glorisel Ixmatlahua Rodríguez (Comercio), Jaqueline Rodríguez Beristain (Licencias), Juan Torio García (Desarrollo Económico) y Javier Cornú Gómez (Obra Pública).

La pregunta no es menor y queda en el aire para el Cabildo cordobés: ¿de qué privilegio gozan para, en el plazo legal, no atender un derecho humano fundamental como el Derecho de Petición y el Derecho de Audiencia?

El artículo 8º Constitucional es claro: todo funcionario debe dar respuesta por escrito, de manera fundada, motivada y en un breve término. No es una cortesía, es una obligación. La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Veracruz establece que ese breve término no puede exceder de 45 días, pero la práctica y la jurisprudencia de la SCJN lo acotan a un plazo razonable de 5 a 10 días hábiles cuando se trata de asuntos de trámite. Aquí ya pasamos la primera barrera.

No responder es violar la Constitución. Y simular que se recibió y no turnarlo, es más grave aún. Lo que no sabrá la Gobernadora Rocío

¿Conocerá la Gobernadora Rocío Nahle que en Veracruz, según el muestreo del propio CIDIAC, el 93% de los municipios violentan sistemáticamente el Derecho Humano de Petición? ¿Sabrá que simulan el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU mientras incumplen su ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas?

El dato es demoledor: el 80% de las peticiones ciudadanas presentadas por escrito quedan sin atender. Se reciben, se sellan, se archivan. Se simula.

Y hay un incumplimiento transversal que todos violan: el mandato de ley y el compromiso internacional de CERO PAPEL. Seguimos exigiendo oficios en papel, copias, anexos sin anexos —como consta en el propio Folio 0111 que dice “3 sin Anexos”— cuando la Ley de Gobierno Digital y la Agenda 2030 obligan a la digitalización, a la trazabilidad y a no hacer gastar al ciudadano en copias que terminan en la basura.

Córdoba tenía la oportunidad de ser ejemplo. Con el Parque de San José lo fue. Con el Oficio 0111, hasta ahora, solo dos de siete lo han entendido.

El resto, con su silencio, no solo violenta un derecho. Confirma por qué la ciudadanía ya no cree en oficios.

Y CIDIAC invita al marcaje personal, conocer las obligaciones de cada una de las Comisiones y por Portal de Transparencia requerir evidencia de cumplimiento al Regidor y el titular operativo. SON NUESTROS EMPLEADOS, por lo que un reconocimiento a Alejandro Petrone Sanfilippo que enseño a sus compañeros productores de 12 municipios como monitorear a Desarrollo Agropecuario.

Ahora bien, es periodismo reconocer los aciertos y enfrentar los errores. Felicidades que el Cabildo aprobó contar en Córdoba con una biblioteca del Fondo de Cultura Económica FCE que existe desde 1934 con Manuel GÓMEZ Morín que fundara con Daniel Cosío Villegas y destaco Gómez Morín fue un destacado ideólogo de Acción Nacional y Cosío Villegas fue un intelectual independiente que se definió a sí mismo como un LIBERAL DECIMÓNICO.

Así que la diligencia de Nhesma Faride Telis Arano que llegara a esta gestión por el PAN, un acierto que no borra su incapacidad para hacer públicas las Órdenes de Sesiones de Cabildo, su aprobación de firma fué prácticamente a puerta cerradas, no se informó a la población y sostiene la infame regla de la no lectura de los anexos, poniéndonos en la total ignorancia de lo que votan en nuestro nombre, cuando en asuntos generales podría, debería proponer que al día siguiente de la Sesión de Cabildo se suba al internet en Drive Google los PDF, ya que se trata de información pública que pudiera ser de interés de la ciudadanía.

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