Luis Adalberto Maury Cruz
lmaury_cruz@hotmail.com
La pregunta no es únicamente si Europa enfrenta problemas económicos, energéticos, industriales, habitacionales, alimentarios y migratorios, sino si la interacción de estas tensiones revela fisuras estructurales en el modelo político-económico globalista que ha orientado una parte sustancial de la integración europea. La cuestión adquiere mayor relevancia cuando se contrasta con América Latina, donde distintas fuerzas políticas reivindican la soberanía nacional, aunque sus alineamientos internacionales no siempre se traduzcan en una mayor autonomía efectiva.
Acaso, el orden globalista enfrenta una crisis de legitimidad y capacidad de respuesta, pero todavía no existen elementos suficientes para afirmar su implosión. Lo que puede observarse es una disputa por la reorganización del poder económico, político y tecnológico mundial. Su desenlace dependerá, entre otros factores, de la capacidad de los Estados para recuperar márgenes de decisión sobre la producción, la energía, las finanzas, la tecnología y las condiciones materiales de vida de sus poblaciones.
La posible crisis del globalismo no implica el fin del comercio internacional ni la desaparición de las relaciones internacionales. Se refiere, más bien, a las tensiones y transformaciones de una determinada forma de organizar la integración económica, política e institucional a escala mundial. La cuestión no es si las sociedades dejarán de relacionarse entre sí, sino si las reglas, las instituciones y las relaciones de poder que han orientado esa integración conservarán su configuración actual o experimentarán una reorganización sustantiva.
En este análisis, el neoliberalismo se examina en una de sus articulaciones políticas e históricas con el globalismo, particularmente en la orientación internacionalista asociada a sectores del Partido Demócrata estadounidense. No se trata de equiparar ambos conceptos ni de reducir el neoliberalismo a un partido político, sino de identificar la convergencia de determinadas políticas económicas, instituciones y estrategias de integración internacional.
Metodológicamente, es necesario distinguir entre los hechos observados y su interpretación. Los indicadores económicos, los resultados electorales y las cifras demográficas constituyen evidencias empíricas que, al relacionarse entre sí y examinarse en su contexto histórico y geopolítico, permiten construir indicadores para la interpretación estructural y sistémica. Su valor analítico no reside únicamente en describir fenómenos particulares, sino en contribuir a identificar relaciones, tendencias, contradicciones y vulnerabilidades. Sin embargo, las inferencias derivadas de ellos deben corresponder al alcance de la evidencia y no confundirse con demostraciones causales que los datos, por sí solos, no permiten establecer.
Europa: crecimiento económico y debilitamiento productivo
El desempeño agregado de la economía europea obliga a distinguir entre crecimiento económico y fortaleza estructural. De acuerdo con Eurostat, el producto interno bruto de 2025 creció 1.4 % en la zona del euro y 1.5 % en el conjunto de la Unión Europea. Estas cifras no describen una economía en colapso; muestran, sin embargo, que el crecimiento por sí solo no permite determinar si Europa conserva su competitividad internacional ni si sus capacidades productivas responden a las nuevas condiciones geopolíticas (Eurostat, 2026a).
La evolución industrial introduce un matiz relevante. El valor de la producción industrial vendida de la Unión Europea, medido a precios constantes, disminuyó 1.5 % en 2023 y 1.9 % en 2024, antes de recuperarse 2.9 % en 2025. La serie muestra dos años consecutivos de retroceso y una recuperación posterior; no demuestra, por sí misma, que se hayan recuperado todos los niveles de competitividad o que el comportamiento sea uniforme entre las ramas industriales (Eurostat, 2026b).
El sector energético constituye uno de los factores que condicionan esa competitividad. La crisis provocada por la guerra rusa de Ucrania modificó las condiciones de abastecimiento y obligó a Europa a diversificar sus fuentes de energía, es decir, a cambiar de proveedores. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía señaló en su informe de seguimiento de 2026 que los precios mayoristas de la electricidad y el gas continuaron descendiendo durante 2025, aunque persistieron la volatilidad, los riesgos de suministro y las diferencias regionales (ACER, 2026). Por su parte, la Comisión Europea señaló que los precios industriales del gas y la electricidad, aunque inferiores a los registrados durante la crisis energética, seguían siendo entre dos y cuatro veces superiores a los de los principales socios comerciales de la Unión Europea, según su informe sobre precios y costos de la energía publicado en 2025 (Comisión Europea, 2025a). Esta comparación se refiere a los costos energéticos de la industria y no debe confundirse con una equivalencia entre todas las tarifas finales de los distintos países. Eurostat informó que, durante el segundo semestre de 2025, el precio promedio de la electricidad para consumidores no domésticos de la Unión Europea con un consumo anual de entre 500 y 2,000 megavatios-hora fue de 18.37 euros por cada 100 kilovatios-hora, con diferencias importantes entre países (Eurostat, 2026d).
Estos datos obligan a precisar el argumento: no corresponde afirmar que los precios energéticos europeos aumentaron de manera continua ni utilizar comparaciones internacionales sin considerar las diferencias entre mercados mayoristas, tarifas finales y categorías de consumidores. La evidencia sí permite señalar que los costos y la volatilidad de la energía continúan siendo factores de riesgo para las empresas, especialmente en actividades intensivas en electricidad y gas. La estructura de los mercados, los impuestos, las redes, la composición de la generación y la dependencia de las importaciones también influyen en los precios. Por tanto, el problema debe entenderse como una vulnerabilidad económica y geopolítica, no como resultado exclusivo de una sola decisión política (Comisión Europea, 2025a; ACER, 2026).
La industria automotriz ilustra la dimensión estratégica de esta transformación. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó un plan de acción para fortalecer la innovación, la sostenibilidad y la competitividad del sector. El documento identifica desafíos relacionados con los costos de producción, la transición hacia vehículos de cero emisiones, la competencia internacional y la necesidad de desarrollar capacidades europeas en baterías, componentes, software y tecnologías para vehículos conectados y autónomos (Comisión Europea, 2025b).
El problema no consiste únicamente en vender menos automóviles o producirlos a un costo superior. Está en juego la posición de Europa en cadenas de valor que articulan energía, minerales, baterías, semiconductores, software, inteligencia artificial y manufactura avanzada. La transición tecnológica puede convertirse en una oportunidad de renovación industrial, pero también en un mecanismo de subordinación si la producción europea depende de tecnologías, insumos y capacidades industriales controlados desde otras regiones.
Aquí aparece una de las contradicciones centrales del globalismo: la integración internacional favorece el intercambio y la especialización, pero también puede generar dependencias cuando las capacidades estratégicas se concentran fuera del espacio político que las necesita. Las tensiones entre Europa, Rusia, China y Estados Unidos no son, por ello, factores externos a la economía; intervienen directamente en el costo de la energía, el acceso a los mercados, la seguridad de los suministros y la autonomía tecnológica.
Condiciones de vida, migración y cohesión social
Las tensiones económicas adquieren una dimensión política cuando afectan la experiencia cotidiana de la población. Eurostat documenta que, entre 2010 y 2024, los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron aproximadamente 53 % y los alquileres, 25 %. En 2024, los hogares destinaron, en promedio, alrededor de 19 % de su ingreso disponible a la vivienda (Eurostat, 2025a). Estos indicadores no demuestran, por sí mismos, un deterioro generalizado de todos los niveles de vida, pero sí muestran una presión material significativa, distribuida de manera desigual entre países, regiones y grupos sociales.
La relación entre vivienda, empleo, ingreso y expectativas de movilidad social influye en la confianza hacia las instituciones. Cuando el crecimiento agregado no se traduce en seguridad económica, acceso a vivienda y perspectivas de futuro, se debilita el consenso político que sostiene las estrategias de integración. El malestar social no produce automáticamente una orientación soberanista, pero puede favorecer a fuerzas que cuestionan las políticas económicas, migratorias y supranacionales predominantes, de orientación globalista.
La migración constituye otro ámbito en el que se cruzan necesidades económicas, transformaciones demográficas y conflictos políticos. España ofrece un ejemplo significativo: al 1 de enero de 2025, su población era de 49,128,297 habitantes; 14.1 % tenía nacionalidad extranjera y 19.3 % había nacido fuera del país (Instituto Nacional de Estadística, 2025). Las cifras no son equivalentes: una persona nacida en el extranjero puede haber adquirido la nacionalidad española, mientras que la nacionalidad extranjera no identifica por sí sola el lugar de nacimiento.
El fenómeno debe interpretarse también a la luz del envejecimiento demográfico y de las necesidades de población en edad de trabajar. La inmigración puede contribuir a sostener el empleo, la actividad económica y los sistemas de protección social en sociedades con baja natalidad. En este sentido, hablar de sustitución o reemplazo demográfico como si se tratara de un proceso único, homogéneo y deliberadamente dirigido simplifica una dinámica que involucra natalidad, mortalidad, envejecimiento, movilidad internacional y políticas públicas. Lo que sí puede examinarse es la transformación de la composición demográfica y sus consecuencias para la cohesión social, la identidad nacional y la capacidad institucional de integración.
También es indispensable distinguir entre inmigración total, migración irregular y solicitudes de asilo. En 2025, las primeras solicitudes de asilo registradas en la Unión Europea fueron aproximadamente 669,400, frente a 912,400 en 2024: una disminución cercana a 27 % (Eurostat, 2026c). Este dato corresponde a primeras solicitudes de asilo de ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, no al total de inmigrantes ni al conjunto de entradas irregulares. La precisión importa porque la discusión pública suele reunir fenómenos distintos bajo una sola categoría y convertirlos en explicaciones generales de problemas económicos o de seguridad que requieren evidencia específica.
La tensión política surge cuando las instituciones no logran articular las necesidades del mercado laboral, las obligaciones humanitarias, el control fronterizo, la integración social y las preocupaciones de las comunidades receptoras. La dificultad no demuestra que la migración sea, por sí misma, la causa de la crisis europea. Muestra que la capacidad de gestionar sus efectos se ha convertido en un componente de la legitimidad estatal.
Fragmentación política y seguridad europea
La disputa sobre el rumbo europeo también se manifiesta en el sistema de partidos. Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 confirmaron la continuidad de las fuerzas tradicionales, pero también una presencia relevante de partidos nacionalistas, conservadores y euroescépticos. En la distribución parlamentaria posterior a las elecciones de junio de 2024, el Partido Popular Europeo obtuvo 188 escaños; los Socialistas y Demócratas, 136; Patriotas por Europa, 84; y los Conservadores y Reformistas Europeos, 78 (Parlamento Europeo, 2024). Estas cifras corresponden a la composición posterior a las elecciones y no deben interpretarse automáticamente como la distribución vigente en octubre de 2026, dado que la composición de los grupos puede cambiar durante la legislatura.
La distribución parlamentaria no autoriza a considerar a todas esas fuerzas como un bloque homogéneo ni permite afirmar que exista una mayoría antieuropea. Sí refleja una competencia más intensa sobre la orientación de la integración, las políticas migratorias, la regulación económica, la transición energética y las relaciones con las potencias externas. El problema para la gobernabilidad no consiste únicamente en quién obtiene más votos, sino en la dificultad de construir consensos duraderos sobre decisiones estratégicas.
La seguridad profundiza esa tensión. En 2025, la Comisión Europea presentó el plan ReArm Europe/Readiness 2030, con el objetivo de facilitar la movilización de hasta 800 mil millones de euros para fortalecer las capacidades de defensa. Esa cantidad combina un margen fiscal potencial cercano a 650 mil millones de euros, asociado a la posibilidad de incrementar el gasto nacional, y un instrumento de préstamos de 150 mil millones de euros denominado SAFE. No debe confundirse la cifra global anunciada con dinero ya gastado: el margen fiscal representa capacidad potencial de endeudamiento y gasto de los Estados, mientras que SAFE constituye un mecanismo de préstamos sujeto a planes y procedimientos de ejecución. En su información institucional de 2026, la Comisión reportó 18 planes nacionales aprobados y más de 12 mil millones de euros desembolsados a través de SAFE (Comisión Europea, 2025c, 2026).
El rearme responde a un entorno de amenazas reales y a la incertidumbre sobre la relación transatlántica. Al mismo tiempo, abre una discusión sobre la distribución de recursos entre defensa, inversión productiva, protección social e infraestructura. La autonomía estratégica europea no depende únicamente de aumentar el gasto militar: requiere capacidad industrial, tecnológica y energética para sostener las decisiones de seguridad. Sin esa base, una mayor inversión en defensa puede reducir ciertas vulnerabilidades y, simultáneamente, mantener otras dependencias.
Las movilizaciones estudiantiles registradas en Alemania en septiembre de 2026 contra los planes de servicio militar obligatorio ilustran la existencia de desacuerdos sociales sobre la orientación de la seguridad nacional. La cifra de más de 45 mil participantes en más de cien ciudades fue atribuida a los organizadores por Anadolu Agency, por lo que debe entenderse como una estimación reportada, no como un conteo independiente verificado (Anadolu Agency, 2026). El dato permite documentar una expresión de inconformidad, pero no medir por sí solo la opinión de la sociedad alemana en su conjunto.
En conjunto, estos elementos describen una Europa que mantiene importantes capacidades económicas e institucionales, pero enfrenta dificultades para convertirlas en una estrategia común ante la competencia internacional. La hipótesis de una implosión globalista debe formularse, por tanto, con cautela: la evidencia apunta a tensiones productivas, distributivas, demográficas y políticas; no demuestra todavía el derrumbe del orden europeo ni la desaparición de sus instituciones, pero sí una crisis sistémica.
América Latina: soberanía proclamada y autonomía efectiva
En América Latina, la disputa adquiere una configuración distinta. Diversos gobiernos y fuerzas políticas reivindican la soberanía nacional, la seguridad, el control migratorio y la recuperación de capacidades estatales. Algunos de esos proyectos convergen con prioridades del gobierno estadounidense de Donald Trump; otros mantienen relaciones más conflictivas con Washington. No existe, por tanto, un bloque latinoamericano soberanista uniforme.
La convergencia con Estados Unidos puede producir beneficios políticos, comerciales o de seguridad en determinadas circunstancias. Sin embargo, el alineamiento internacional no equivale necesariamente a autonomía estratégica. Un gobierno puede reivindicar la soberanía en el discurso y, al mismo tiempo, profundizar su dependencia de un socio dominante si carece de alternativas políticas, comerciales, tecnológicas, financieras o energéticas.
En el análisis sobre América Latina y el corolario Trump-Monroe, es pertinente examinar la importancia de la política estadounidense para comprender las nuevas relaciones hemisféricas. América Latina se encuentra dividida y carece de una estrategia regional coordinada frente a la política de Washington, que va más allá del gobernante y del partido en turno. Desde esta perspectiva, el acercamiento a Estados Unidos debe evaluarse por sus resultados concretos: qué margen de negociación conserva cada Estado, qué capacidades productivas, económicas, culturales y financieras fortalece, qué compromisos asume y cuánto amplía o reduce sus opciones internacionales.
Europa y América Latina constituyen realidades históricas, económicas, políticas e institucionales distintas. En ambas convergen formas particulares de asumir y desarrollar el enfoque globalista, condicionadas por sus trayectorias históricas, sus capacidades productivas, sus estructuras de integración y sus posiciones en el sistema internacional. Por ello, sus tensiones no deben interpretarse como manifestaciones idénticas de una misma crisis, sino como expresiones diferenciadas de las contradicciones y transformaciones de un orden mundial compartido. La comparación resulta pertinente en la medida en que permite examinar cómo esas diferencias condicionan la soberanía, la dependencia y la autonomía estratégica de cada región.
México permite observar esa contradicción. En 2024, más del 80 % de sus exportaciones de mercancías se dirigieron a Estados Unidos y más del 40 % de sus importaciones de mercancías provinieron de ese país, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, s. f.). Esta integración es una fuente de inversión, empleo y acceso al mercado más importante para la economía mexicana. Sin embargo, también implica una exposición considerable a las decisiones comerciales, regulatorias y políticas de Washington.
La interdependencia no debe confundirse con subordinación automática: México dispone de instituciones, instrumentos diplomáticos y ciertas capacidades productivas propias. La cuestión es si logra emplearlos para diversificar mercados, desarrollar tecnología propia, fortalecer proveedores nacionales y mejorar su posición dentro de las cadenas globales y regionales de valor. La soberanía económica no se mide únicamente por la libertad formal de tomar decisiones, sino por la capacidad material de sostenerlas frente a presiones externas.
Las remesas ofrecen otro indicador de las condiciones de esa interdependencia. De acuerdo con el Banco de México (2026a), los ingresos por remesas disminuyeron de aproximadamente 64,746 millones de dólares en 2024 a 61,791 millones en 2025, una reducción cercana a 4.6 %. Como referencia comparativa, en 2025 México recibió 61,791 millones de dólares por remesas, frente a 21,245 millones por exportaciones de productos petroleros, de los cuales 14,818 millones correspondieron a petróleo crudo (Banco de México, 2026b): las remesas equivalieron a 2.9 veces el valor de las exportaciones petroleras totales y a 4.2 veces el de las exportaciones de crudo. Estas cifras corresponden a flujos brutos de divisas por conceptos diferentes, no a beneficios netos ni a ingresos fiscales.
Las remesas constituyen una fuente esencial de ingreso para millones de hogares, pero su evolución depende, en buena medida, de las condiciones laborales y migratorias de los mexicanos en el exterior. Su magnitud evidencia tanto la importancia de esos vínculos como la persistencia de una estructura económica que no ha generado oportunidades internas suficientes para evitar la emigración de una parte de su población. Simultáneamente, esa migración transforma la arquitectura demográfica y cultural de Estados Unidos, particularmente la de sus estados sureños, territorios que anteriormente formaron parte de México.
El desafío latinoamericano consiste, entonces, en distinguir entre soberanía política, integración económica y autonomía estratégica. La primera implica capacidad jurídica de decisión; la segunda, participación en intercambios y cadenas de valor; la tercera exige disponer de capacidades suficientes para negociar, producir, innovar y diversificar relaciones sin quedar excesivamente condicionado por una sola potencia.
Las variables demográficas y culturales también son fundamentales para comprender la relación bilateral. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del Censo de Estados Unidos, en 2024 residían en ese país 38,990,058 personas de origen mexicano, con un margen de error de ±119,679 personas. La cifra incluye a quienes se identifican con ese origen, tanto inmigrantes como descendientes nacidos en Estados Unidos (U.S. Census Bureau, 2024). Esta población constituye una realidad demográfica, económica y cultural de enorme relevancia para ambos países; sin embargo, su magnitud no se traduce automáticamente en influencia política efectiva.
En Estados Unidos, las organizaciones y redes de representación de origen mexicano enfrentan el desafío de construir una agenda propia, articulada y estratégicamente coordinada. Su capacidad de incidencia no depende exclusivamente de su número, sino también de su organización, sus recursos, su representación institucional y su capacidad para establecer alianzas. En este contexto, el llamado lobby mexicano no debe presentarse como una realidad política unificada cuya existencia y capacidad de influencia estén demostradas, sino como una hipótesis de trabajo que requiere investigación empírica. Su estudio tendría que identificar las organizaciones participantes, sus intereses, sus recursos, sus mecanismos de articulación y sus formas concretas de incidencia en las instituciones y los partidos políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, particularmente en materia migratoria, comercial y de cooperación bilateral. La cuestión central no es únicamente la magnitud demográfica de la población de origen mexicano, sino en qué condiciones ese peso social y cultural puede traducirse en organización, representación y poder político efectivo.
La Tercera Modernidad y la disputa por el orden mundial
Estas transformaciones forman parte de un proceso más amplio que puede analizarse desde la categoría de Tercera Modernidad: una etapa caracterizada por la interacción acelerada entre economía, tecnologías críticas, poder, geopolítica y organización social. No se trata de un sinónimo de multipolaridad, sino de un marco para comprender cómo la inteligencia artificial, la automatización, la ciencia de datos, la competencia tecnológica, las cadenas globales de suministro, la condición civilizatoria y las nuevas estrategias de seguridad reconfiguran las capacidades de los Estados y sus sociedades.
La multipolaridad expresa una distribución más disputada del poder internacional; la Tercera Modernidad permite examinar las transformaciones estructurales que modifican las condiciones de esa disputa. Un Estado puede mantener reconocimiento diplomático y soberanía jurídica, pero perder capacidad de decisión si depende de proveedores externos para su energía, sus plataformas digitales, sus sistemas de defensa, sus componentes industriales o su infraestructura financiera.
Por ello, la crisis del globalismo no debe evaluarse exclusivamente a partir del crecimiento económico, los resultados electorales o las declaraciones de los gobiernos, sino también desde variables demográficas y culturales. Es necesario observar si las sociedades pueden sostener sus condiciones de vida, si sus economías conservan capacidades productivas estratégicas, si sus instituciones mantienen legitimidad y si sus Estados disponen de alternativas reales ante las presiones externas, sin omitir su condición civilizatoria.
Europa y América Latina ocupan posiciones distintas en esa reorganización. Europa conserva un entramado institucional, tecnológico e industrial de gran magnitud, pero enfrenta tensiones sobre energía, competitividad, integración y seguridad. América Latina reivindica con frecuencia la soberanía nacional, pero su fragmentación regional y sus dependencias productivas reducen su capacidad para negociar colectiva y eficazmente. En ambos casos, la orientación política proclamada no garantiza por sí misma la autonomía material.
Algunas conclusiones
¿Estamos ante la implosión del globalismo? La evidencia disponible permite sostener una conclusión más acotada: el orden globalista enfrenta una crisis de legitimidad y una disputa por sus bases económicas, políticas y geoestratégicas, pero no se ha demostrado su colapso. Europa presenta dificultades de competitividad, riesgos energéticos, presiones sobre las condiciones de vida, fragmentación política y tensiones demográficas; al mismo tiempo, conserva capacidades económicas e institucionales relevantes y registra recuperación en algunos indicadores industriales. América Latina experimenta una reconfiguración de sus alineamientos, aunque la reivindicación de soberanía no siempre se acompaña de una ampliación efectiva de su autonomía.
La comparación conduce a una cuestión común: ¿qué capacidad real tienen los Estados para determinar su desarrollo en un sistema internacional cada vez más competitivo e interdependiente? La respuesta no depende únicamente de la ideología de los gobiernos ni de su cercanía con una potencia. Depende de sus capacidades productivas, energéticas, tecnológicas, financieras e institucionales, así como de su margen para negociar las condiciones de integración internacional.
La posible implosión del globalismo debe entenderse, por ahora, como una hipótesis sobre la crisis y eventual transformación de un orden, no como un desenlace consumado. La disputa decisiva no es entre globalización y aislamiento, sino entre distintas formas de organizar la interdependencia y distribuir sus beneficios, costos y riesgos. En la Tercera Modernidad, la soberanía efectiva será menos una declaración que una capacidad demostrable para decidir, producir, innovar y sostener un proyecto propio de desarrollo, en un marco de alianzas estratégicas para la permanencia de la soberanía.
Nota de autoría y uso de inteligencia artificial.** Esta columna surge de mi reflexión, sustentada en investigación y minería de información, con apoyo de inteligencia artificial para la búsqueda, síntesis, trazabilidad de fuentes y corrección de estilo. Las decisiones analíticas, las interpretaciones y el juicio son de mi autoría.
Referencias
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