De la redacción
El Buen Tono

Una coalición integrada por fiscales generales de 16 estados de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, y la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Erica Schwartz, por los cambios realizados al calendario de vacunación infantil.

La acción legal cuestiona el nuevo esquema publicado por los CDC, en el que fueron excluidas siete vacunas, entre ellas las destinadas a prevenir la hepatitis B, la influenza, el virus respiratorio sincitial (VRS) y la meningitis.

Los fiscales solicitaron a un tribunal federal declarar ilegal el nuevo calendario y ordenar el restablecimiento de las recomendaciones anteriores.

La demanda fue presentada por Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Wisconsin, además del gobernador de Pensilvania.

El recurso también cuestiona la destitución, realizada en junio de 2025, de los 17 integrantes con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC, organismo que durante décadas ha participado en la elaboración de las políticas de vacunación en Estados Unidos.

De acuerdo con los demandantes, los integrantes fueron reemplazados sin cumplir los procedimientos establecidos por personas que, según su señalamiento, no contaban con la experiencia o preparación necesaria. Posteriormente, el nuevo comité votó para eliminar la recomendación de aplicar la vacuna contra la hepatitis B a todos los recién nacidos, una medida vigente desde 1991.

Los fiscales también cuestionaron las posturas de Kennedy sobre las vacunas y argumentaron que los cambios impulsados bajo su gestión carecen de sustento científico suficiente y representan un riesgo para la salud pública.

En su demanda, la coalición citó estimaciones según las cuales, entre los niños nacidos en Estados Unidos de 1994 a 2023, la vacunación rutinaria permitió prevenir alrededor de 508 millones de casos de enfermedades, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1.1 millones de muertes. También atribuyó a estos programas un ahorro social estimado en 2.7 billones de dólares.

Los estados sostienen que las modificaciones al calendario ignoraron la evidencia científica que respaldaba las recomendaciones anteriores de los CDC y del ACIP.

Asimismo, advirtieron que el nuevo esquema podría reducir las tasas de vacunación y favorecer un incremento de enfermedades prevenibles, además de generar confusión entre las familias y aumentar las dudas sobre la vacunación.

La coalición acusa a los funcionarios federales de haber actuado de manera arbitraria y contraria a la legislación al modificar el calendario y realizar los nuevos nombramientos del ACIP.

Los demandantes pidieron al tribunal declarar ilegales tanto el denominado “calendario Kennedy” como los nombramientos realizados en el comité, además de revocar la decisión relacionada con la recomendación de la vacuna contra la hepatitis B.

La disputa abre un nuevo frente legal sobre la política de vacunación infantil en Estados Unidos y sobre el papel que deben desempeñar los expertos en las decisiones nacionales de salud pública.