Córdoba, Ver.- Una requisa realizada este fin de semana en el área 5 del penal de La Toma, donde se encuentran mujeres privadas de la libertad, derivó en nuevos señalamientos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a quienes acusan de vulnerar derechos durante la revisión.
De acuerdo con testimonios recabados, la inspección se habría realizado incluso en presencia de personal de Derechos Humanos; sin embargo, las internas denuncian que elementos de seguridad ingresaron a dormitorios y revisaron sus pertenencias, además de realizar revisiones físicas que, aseguran, habrían rebasado los protocolos establecidos.
Las inconformidades apuntan a que durante el operativo no habría participado exclusivamente personal femenino para realizar las revisiones a las internas, situación que generó molestia entre las mujeres recluidas y sus familiares.
Pero los señalamientos no se limitan al interior del penal.
Familiares de las personas privadas de la libertad aseguran que, particularmente durante las jornadas de visita, elementos de la SSP mantienen actitudes intimidatorias hacia quienes acuden a La Toma.
“Si quieren, nos insultan y acosan a mujeres jóvenes; les dicen groserías”, señalaron visitantes, quienes también denunciaron cobros para agilizar el ingreso al centro penitenciario.
A esto se suma otra irregularidad denunciada por los familiares: aseguran que durante las filas se les entregan fichas de ingreso diferentes y que existen tratos diferenciados para permitir el acceso.
Lo más cuestionable, señalan, es que algunas de estas situaciones ocurrirían incluso cuando se encuentra presente algún mando de la SSP, quien, de acuerdo con los testimonios, simplemente omite atender las quejas de los visitantes.
Los señalamientos cobran mayor relevancia luego de que, durante dos días de pesquisas, el ambiente al interior del penal se percibiera tranquilo y dentro de la normalidad. Sin embargo, los domingos, cuando se concentra el mayor número de familiares, serían algunos elementos de seguridad quienes presuntamente aprovechan la situación para intimidar, hostigar y maltratar a los visitantes.
Los familiares demandan que las autoridades penitenciarias y los organismos de derechos humanos revisen tanto la actuación del personal durante las requisas como los protocolos aplicados a las visitas.
