• En laS últimaS SemanaS, directores, docentes y empleados se han manifestado para exigir sus pagos.

VARACRUZ.- En gobiernos anteriores en Veracruz se desviaron millones de pesos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, mismo que se quedó sin fondos para pagar a sus directores, docentes y empleados este 2020.
En las últimas se han manifestado para exigir sus pagos pendientes desde hace cinco meses, mientras que ex funcionarios de la entidad acaban de ser encontrados responsables en el desvío de recursos.
El pasado 7 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación informó que el ex funcionario del Gobierno de Veracruz, Arnulfo Octavio García Fragoso, es responsable de un desvío millonario para dichas Escuelas, ello como ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en 2015.
La ASF informó que acaba de implementar un procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias DGRRFEM /D /09 / 2020/ 15 / 492, en su Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios.
El ex funcionario no pudo solventar el pliego de observaciones número PO0957/17, formulado al Gobierno del Estado de Veracruz, como resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015.
De acuerdo con la Auditoría, García Fragoso omitió administrar y llevar el registro y control de las operaciones con la Secretaría de Educación Pública del Estado, respecto de los recursos pertenecientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
“Toda vez durante su gestión como Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz de Ignacio de la Llave, se transfirieron recursos por la cantidad de 204 millones 288 mil 866.78 pesos”.
El dinero tenía que depositarse a cuentas de la Secretaría de Educación de Veracruz para el pago de la nómina Estatal, ocasionando que no fueran aplicados a los fines y objetivos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2015.
“Conducta de la que se presume incurrió en responsabilidad resarcitoria en caso de acreditarse y a la obligación de resarcir el daño patrimonial y perjuicio causados a la Hacienda Pública Federal por la cantidad antes citada”.