El Departamento del Tesoro incluyó a Carlos Torres Torres entre las personas sancionadas y lo señala de utilizar presuntos vínculos políticos para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa en Baja California
AGENCIAS
México.- El gobierno de Estados Unidos sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y lo señaló de mantener presuntos vínculos con una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa en Mexicali.
La designación fue realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de un paquete de sanciones contra personas y empresas que Washington vincula con actividades del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el señalamiento estadounidense, Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las operaciones del grupo criminal y reducir la intervención de las autoridades en Baja California.
El Tesoro también incluyó en la medida a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, y a Pedro Ariel Mendívil García, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública de Mexicali.
Según la información difundida por el gobierno estadounidense, Carlos Torres habría mantenido una alianza con un operador identificado como “El Ruso”, a quien Washington ubica dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa en Baja California.
El Departamento del Tesoro sostiene que Mendívil habría recibido presuntos sobornos de “El Ruso” a cambio de permitir que integrantes del grupo criminal mantuvieran control sobre sectores de la Policía Municipal de Mexicali y pudieran desarrollar actividades de narcotráfico con menor interferencia de las autoridades.
En ese mismo señalamiento, Estados Unidos afirma que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales provenientes de Mendívil, mientras que Luis Torres habría sido utilizado para recibir los recursos y presuntamente blanquearlos mediante empresas y campañas políticas.
La dependencia estadounidense también señaló que las acciones forman parte de una estrategia para afectar las redes financieras, políticas y operativas que, según sus investigaciones, permiten el funcionamiento de organizaciones criminales.
Las sanciones implican restricciones dentro de la jurisdicción estadounidense y el bloqueo de bienes e intereses en bienes que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses.
Los señalamientos corresponden a las investigaciones y determinaciones del gobierno de Estados Unidos y no constituyen, por sí mismos, una sentencia penal en México. Cualquier responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
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