Alejandro Ávila
Banderilla, Ver.- Lo que comenzó como una denuncia por acoso sexual, violencia de género y hostigamiento laboral ha escalado a una grave alerta por su integridad física.
Una exservidora pública del Ayuntamiento de Banderilla denunció un presunto atentado contra su vida, luego de descubrir daños sospechosos en el sistema de frenos de su automóvil particular; de acuerdo con el testimonio de la víctima, la línea de frenos de la llanta delantera derecha se encontraba desprendida y presentaba cortes que apuntan a una manipulación intencional.
Para la afectada, este hecho no es una coincidencia, sino una posible represalia directa por haber alzado la voz contra el presidente municipal, José Antonio Sangabriel Fernández.
Ante el riesgo inminente, la mujer acudió a ampliar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), exigiendo que se realicen los peritajes mecánicos correspondientes para esclarecer el origen del sabotaje; en su declaración, señaló directamente al alcalde como uno de los principales sujetos a investigar, dada la gravedad de los antecedentes legales que los enfrentan.
El caso ya forma parte de la carpeta de investigación XAL/DX/FEMUJ/FE7/1729/2026, radicada en la Fiscalía Séptima Especializada en Delitos Contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas; con evidente temor por su seguridad, la exfuncionaria responsabilizó públicamente al edil de cualquier agresión que pudiera sufrir ella o su entorno, e hizo un llamado urgente a la gobernadora Rocío Nahle García, así como a los organismos de derechos humanos y de atención a víctimas, para que intervengan, agilicen las indagatorias y frenen cualquier intento de tráfico de influencias o presión política.
“Denunciar la violencia no debe convertirse en una amenaza para la integridad de las mujeres. La autoridad tiene la obligación de investigar y garantizar protección, sin importar el cargo o la posición política de las personas señaladas”, sentenció.
Hasta el cierre de esta edición, los peritajes siguen en curso para determinar la autoría material de los daños en el vehículo, sin que exista aún una resolución legal que acredite responsabilidad penal en contra del funcionario señalado.
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