En la política de seguridad, Enrique Peña Nieto pretende un borrón y cuenta nueva. Ese es el mensaje de fondo que subyace en la propuesta de la reforma a la administración pública federal presentada esta semana por el PRI, con la expectativa de aprobarla antes del 1 de diciembre. De entrada, la iniciativa elimina de tajo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), instancia en la que el presidente Felipe Calderón depositó su legado en materia de combate a la delincuencia. Por lo tanto, las tareas que en este sexenio condujo Genaro García Luna, titular de la SSP, se trasladarán a una robustecida Secretaría de Gobernación. La lista de los asuntos bajo el mando del futuro titular de Bucareli es larga: política interior y gobernabilidad democrática, derechos humanos, seguridad, sistema penitenciario, protección civil, población, cédula de identificación personal, jurisdicción de islas, asociaciones religiosas y culto público, juegos y sorteos, comunicación social y radio y televisión, etcétera, etcétera. A detalle, la iniciativa de reforma que ya se analiza por las fuerzas políticas en San Lázaro, enumera las facultades y funciones del secretario de Gobernación, quien tendrá que coordinarse con los gobernadores y los alcaldes en la prevención del delito y el uso de la fuerza pública, al tiempo que resguardará la información vinculada a estas áreas y el manejo de los aparatos de inteligencia. La propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé incluso que la Secretaría de Gobernación autorice la portación de armas para empleados federales, para lo cual habrá de coordinarse con Defensa Nacional. Llama la atención que esa sea la única referencia que en la iniciativa se hace sobre los asuntos militares. No hay en el pormenorizado despliegue de las cuestiones que atenderá la Segob ningún punto que establezca cómo y cuándo las acciones de seguridad tendrían la participación de las fuerzas armadas. La omisión del tema cobra importancia si asumimos que el sexenio termina sin la Ley de Seguridad que tanto el presidente Calderón, como el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, pidieron al Congreso para darle certeza a las Fuerzas Armadas en su participación en los operativos contra el crimen organizado. Podríamos pensar que el asunto de la presencia militar en la estrategia de seguridad será regulado en otros ordenamientos y una vez que Peña Nieto llegue a Los PinosSería lo esperado si nos atenemos a las promesas de campaña del Presidente electo, quien en varias ocasiones afirmó que habría continuidad en el combate al crimen organizado. Alguna vez, por ejemplo, de visita al puerto de Veracruz, ofreció que no retiraría a la Marina. Sin embargo, el giro anunciado este miércoles y concretado con la propuesta legislativa nos permite lanzar la hipótesis de que Peña Nietose guardó hasta el final su apuesta en seguridad porque, en los hechos, ésta representaría un rompimiento con respecto a lo sucedido con el presidente Calderón. Y como en política no hay casualidades, este jueves, después de la presentación de la reforma en San Lázaro, el PRI envió otro mensaje letal para el gobierno saliente. Ocurrió durante la comparecencia del secretario de Gobernación,Alejandro Poiré, uno de los hombres más cercanos al Presidente. El diputado Heriberto Galindo fue el mensajero cuando resumió el balance del PRI sobre el sexenio. Le dijo que no se ponían en duda las buenas intenciones en el propósito de combatir al crimen organizado. Y le advirtió que vienen cambios: “Precisamente por los resultados de la estrategia puesta en marcha por el actual gobierno se hace menester revisar a detalle y rectificar”.El contraste es evidente. Como candidato, el Presidente electo fue cuidadoso en extremo para formular definiciones contrarias a la estrategia vigente. Incluso, hacia el cierre de la campaña, se limitaba a declarar que habría continuidad. Pero a dos semanas de asumir el Poder Ejecutivo, el ex gobernador mexiquense se propone un cambio que va más allá del reacomodo de tareas. Se trata de un cuestionamiento sin miramientos, de un golpe institucional: la eliminación de la secretaría de la que Calderón se decía orgulloso. Todo parece indicar que el candidato Peña Nieto cuidó las formas, porque entendió que en la disputa electoral lo que más le importaba al Presidente era evitar que la estrategia de seguridad se convirtiera explícitamente en el blanco del referendo. Y para no herir la susceptibilidad de Calderón en el más sensible de los temas de su sexenio, el priista optó por las generalidades y los lugares comunes. Pero a punto de asumir el poder, Peña Nieto comienza a perfilar el deslinde.
