Enrique Peña Nieto puede sentirse muy satisfecho del primer año. Apostó su capital político a una serie de reformas que sólo podían lograrse con la cuidadosa construcción de acuerdos y las sacó adelante. No exento de desfiguros, como la Reforma Fiscal, el primer año muestra el retorno del oficio político. EPN sabía que necesitaba de sus opositores y cuidó el discurso presidencial como lugar de encuentro de todos. No hubo en boca de Peña Nieto una sola mención a los ex presidentes panistas o a su partido que pudiera ser leída como afrenta. Un desliz de ironía, una chispa de burla, hubieran bastado para descomponer el ambiente. El contraste es notable si recordamos los 12 años en que la Presidencia se convirtió en el principal surtidor de diatribas contra los opositores. El oficio político benefició a México.
Muchos en el mundo festejan ese nuevo y pujante México que ya perfilan en el horizonte. Pero los bandazos de la prensa internacional no son nuevos. Ahora descubren un país desbordante de bondades. Seguramente llevarán una vez más al Presidente a la portada de diarios y semanarios, pero que no nos sorprenda si en poco tiempo todo se desmorona y el Edén prometido se convierte en el infierno mismo. La realidad mexicana no está ni en el negro ni en el blanco sino en los tonos intermedios, menos espectaculares, más difíciles de asir. ¿Mexican moment o “Estado fallido”? Hay algo de los dos.
Mientras las reformas encuentran su debida implementación, mientras las inversiones llegan y el magisterio nacional muestra mayores capacidades, Peña Nieto tiene que abocarse a la restauración del Estado mexicano. Así de graves los contrastes. Ese es el otro México que hoy también está siendo cuestionado. The Economist nos asigna “riesgo alto” de rebelión social junto a Irán, Pakistán y Túnez, entre otros. Por su lado el “Mapa de riesgos” de Control Risks asigna a México “alto riesgo” en la mitad del territorio. Se mide una combinación de factores entre ingreso, empleo, seguridad y la confianza en los gobiernos. En esto último el caso mexicano se vuelve muy dramático. Ese Estado bajo amenaza es también país de las flamantes reformas.
Zonas en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y otras entidades en que las fuerzas del orden, municipales, estatales o federales, no pueden entrar. Grupos de autodefensa -algunos auténticos otros de orígenes dudosos- portando armas que atraviesan nuestras fronteras sin ser detectadas. Secuestros y extorsiones al alza, cadáveres regados por toda la República. Por más shale gas que anuncie México, si las condiciones de seguridad cotidiana no mejoran y la impunidad no disminuye, la oferta del país nunca será atractiva a cabalidad. La fallida estrategia de seguridad de Calderón en los hechos ha sido enterrada. La percepción ha mejorado y algunos datos, como la disminución en 50% de demandas contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos anunciada por la CNDH, son alentadores. Pero el problema de inseguridad y erosión de la autoridad, va mucho más allá.
Pero no toda la herencia fue negra, también hubo la promulgación en 2008 de la reforma de impartición de justicia más importante del último siglo. Detrás está más de una década de negociaciones legislativas entre todos los partidos. Además, ahora ya se cuenta con un Código Nacional de Procedimientos Penales. El sistema penal acusatorio, los llamados juicios orales sacuden hábitos y por eso han provocado múltiples resistencias: en la judicatura, en el foro, en los gobiernos locales, en los ministerios públicos, etcétera. El plazo de gracia para que los sistemas locales y el federal, todos, operen con los nuevos cánones termina el 18 de junio de 2016. A Peña Nieto le corresponde la responsabilidad histórica de llevar a buen puerto esa gran reforma sin la cual difícilmente fructificarán las nuevas. Esa es su mejor apuesta. Si a ello sumamos la transformación de la PGR en una verdadera Fiscalía, México podría entrar a una nueva etapa de consolidación de la autoridad, hoy retada por la delincuencia. Pero Peña tiene poco tiempo para implementarla: 30 meses.
En este segundo año el reto para Peña Nieto es fortalecer los cimientos del Estado de derecho, así de profundo puede ser el cambio. De la mano del Poder Judicial de la Federación, del Consejo Nacional de Seguridad, de los gobernadores, del comisionado nacional, Peña Nieto debe dar la cara al incómodo expediente del horror: el imperio actual de la impunidad y la injusticia. Más recursos, más elementos, más coordinación y capacitación, no hay fórmulas mágicas. El sentido común se impone. Sin seguridad y sin justicia, México seguirá siendo un país contrahecho, deformado, de modernidad y atraso a la vez. El gran amarre de todas las reformas pasa por la seguridad y la justicia. Si a las reformas logradas Peña suma toda su energía en sanear el expediente incómodo, de verdad podría heredar otro México.
