Andrés Timoteo
Columnista

LA FOTONOVELA
Es toda una novela negra con ingredientes políticos y policiacos suficientes para capturar la atención de los amantes de sórdido. Hay de todo: fotografías comprometedoras, homónimos de los pillos protagonistas, tres gobernadores involucrados y exhibidos, investigaciones judiciales que se extienden hasta Estados Unidos, condenas de cárcel, dos cárteles del narcotráfico en el rejuego, muertes violentas y otras sospechosas, legisladores salpicados y hasta hilos que conectan con la tragedia de los desaparecidos en Veracruz.
Los periodistas y escritores veracruzanos se están tardando en hacer un libro sobre esto que podría ser un ‘best seller’. Son dos historias aparentemente independientes, pero igual de sucias y la amalgama de políticos metidos en el fango de la corrupción y la narcopolítica. Los hilos más recientes de ese entramado son dos veracruzanos -aunque hay otros en el país, pero los locales revisten el contexto de lo que sucedió en la entidad en las últimas dos décadas-: los priistas Tarek Abdalá Saad y Héctor Yunes Landa.
Ambos son de la cepa podrida del fidelismo y el duartismo. El primero fue tesorero de Javier Duarte, muy cercano a su ahora ex esposa Karime Macías y está involucrado en el saqueo monumental que el régimen duartista hizo del erario estatal. Aunque de unos meses a la fecha se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), en la investigación contra Duarte de Ochoa, eso no lo ha salvado de indagatorias paralelas que lo involucran con el crimen organizado.
En esta semana se acaba de conocer que luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda en colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, iniciara la operación “Agave Azul” para debilitar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ‘congelando’ sus inversiones bancarias, el cuenqueño Tarek Abdala es uno al que se le bloquearon sus activos financieros.
Lo involucran con el CJNG a través de Francisco Navarrete Serna, quien fungió como ‘jefe de plaza’ de este grupo criminal en la Cuenca del Papaloapan. Es más, la versión que siguen las autoridades es que Navarrete Serna pagó parte de la campaña de Abdalá para ser diputado federal por el distrito de Cosamaloapan en el 2015 y como prueba se difundió una fotografía de ambos en pleno proselitismo comicial.
Esa es la primera foto comprometedora, aunque no olviden que Navarrete, tras salir de prisión donde estuvo algunos meses por haber sido relacionado con la desaparición y muerte de los cinco jóvenes en Tierra Blanca sucedida en enero del 2016, regresó a Tierra Blanca para abrir un periódico con ayuda de políticos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hoy en el poder estatal y nacional.
Su comadre Margarita Corro, diputada local por Cosamaloapan, se convirtió en su principal defensora e impulsora. Es más, el pasado 8 de enero sentó a Navarrete con el gobernante en turno, Cuitláhuac García en un restaurante terrablanquense y ambos posaron para la fotografía que desató una tormenta mediática. Esa es la segunda foto incómoda en esta novela político-policiaca.
Navarrete Serna, a quien los políticos de Morena buscaron exonerar con saliva, fue ‘ejecutado’ por un grupo armado enviado por un cártel rival el 30 de mayo cuando estaba en una fiesta. Su hijo, Francisco Navarrete Abraham, aunque logró escapar del atentado esa noche, una semana más tarde, el 7 de junio, lo asesinaron en el mismo municipio. Navarrete aparece en las pesquisas de la DEA y la UIF como parte del organigrama del CJNG y su mención unta de complicidad a todos esos políticos que tuvo como cercanos.
 
LOS PANCHOS
La hebra de la otra historia político-policiaca es el diputado federal y ex candidato a la gubernatura por el PRI, Héctor Yunes Landa, quien recientemente ha sido exhibido dentro de la trama legislativa que aprobó la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y facilitó todos los recursos para las pillerías del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, extraditado de España y quien se prepara para destapar la cloaca en la paraestatal que ensuciará muchos políticos.
Yunes Landa, igual que otros senadores y diputados de aquella época, conspiraron contra la nación al aprobar esos cambios constitucionales que facilitaron el saqueo de la principal empresa del estado y el patrimonio energético. Se organizaron para permitir el atraco a cambio de jugosas coimas. Hasta corre la versión de que la alcaldesa cordobesa, Leticia López Landero, se llevó a la bolsa dos millones de pesos como soborno por su voto cuando era diputada federal.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que una vez que Lozoya declare ante el Ministerio Público saldrán los nombres de todos esos legisladores y ex legisladores cómplices. No obstante, en el caso de Yunes Landa sería ‘una mancha más al tigre’ pues este personaje está acostumbrado a batir el lodo, así lo ha hecho en toda su carrera política. No hay que olvidar que este señor aparece en otra fotografía comprometedora con sendos impresentables.
Fue durante una cabalgata en el norte del estado cuando Yunes Landa vestido de charro posa al lado del innombrable y el extinto empresario tuxpeño, Francisco Colorado Cessa, detenido en Estados Unidos donde fue juzgado y condenado por lavado de dinero para el cártel de Los Zetas. Los tres, posan montando caballos, eran los tiempos en que ese cártel del narcotráfico sentó su señorío gracias al impresentable gobernante. Colorado falleció en una cárcel de Virginia a causa de “un infarto” en marzo del 2018.
En esas coincidencias del destino, este otro protagonista de la historia paralela también se llama Francisco, al igual que el de Tierra Blanca. Los tres gobernadores embarrados en esta crónica negra son Javier Duarte, el innombrable y Cuitláhuac García -estos dos últimos figuran en las fotos de la connivencia-. Es la fotonovela negra en Veracruz.
 
FINTA EN CÓRDOBA
Hablando de pillerías y complicidades, la semana pasada y para ser más exactos el miércoles 8 de julio, los dos “Tizocs” de la “cuarta transformación” en Veracruz, como les apodan en el mundillo político por ese refrán que alerta: “si quieres conocer un indito, dale un huesito” -con la disculpa expresa y respeto a los hermanos indígenas cuya mayoría son gente honrada y trabajadora- se presentaron en Córdoba para hacer futurismo electoral y dar la finta de estar contra la corrupción que práctica la alcaldesa López Landero.
Se trata del diputado por el distrito cordobés, Rubén Ríos Uribe, presidente de la mesa directiva en el Congreso local y del tuxtleco Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política en el mismo recinto. Los dos se apersonaron en una conocida cafetería y lanzaron declaraciones estridentes de que revisarán minuciosamente las cuentas públicas de la -todavía- panista, López Landero y advirtieron que no serán “tapaderas” de ningún servidor público. En el caso específico de Córdoba, prometieron que vigilarán las obras públicas para evitar chanchullos.
¿Alguien les cree? Por supuesto que no y por varios motivos. El principal es que son posicionamientos de parapeto y en el contexto preelectoral. Recuerden que Ríos Uribe quiere se candidato a la alcaldía de los Treinta Caballeros en el 2021, apuntalado por la corriente morenista que lidera el secretario de Educación, Zenyazen Escobar. Por otro lado, tras bambalinas tienen la consigna de proteger y dar impunidad a López Landero quien está a un tris de saltar a Morena.
¿Van a auditar, investigar y procesar judicialmente a una inminente aliada? Negativo. Es mera saliva. Incluso, en un descuido hasta Morena le da una candidatura a uno de sus hijos, sólo es cuestión de tiempo. Y el señalamiento de que la presidenta municipal no sufrirá apuros ni mucho menos indagatorias judiciales mientras el cui-tlahuismo esté gobernando no es especulación, sino que hay señales de que así será.
Una de ellas, de las más escandalosas, es la investigación sobre la transa en la compra de las dos casetas de vigilancia policiaca que el ayuntamiento pagó en más de siete millones de pesos y que resultaron ser de madera, fibra de vidrio y lámina cuando debieron ser módulos con blindaje que pudo haber evitado que dos policías fueran acribillados por el crimen organizado el pasado 23 de febrero.
La alcaldesa López Landero fue pescada en ese latrocinio y sigue tan campante, no la molestan ni del Poder Legislativo y del Judicial. El jueves de la próxima semana se cumplen cinco meses del atentado contra los agentes policiacos y también cinco meses que la indagatoria sigue detenida en la Fiscalía General del estado. Claro, todos deben recordar que, en fragor del escándalo por las casetas hechizas, el mismo Ríos Uribe salió a la prensa a exigir una investigación judicial para deslindar responsabilidades sobre el ayuntamiento.
“Que se investigue si hay corrupción donde lamentablemente perdieron la vida estos elementos (policiacos)”, vamos a hacer una investigación a fondo y que no quede impune, que haya justicia”, aseguró Ríos Uribe el 24 de febrero desde su oficina parlamentaria. ¿Qué ha sucedido? Nada, López Landero continúa con sus devaneos con el morenismo y Ríos Uribe con la finta de que está preocupado por la corrupción imperante en la comuna cordobesa. Córdoba no se merece a ninguno de esos dos simuladores.