Andrés Timoteo
Columnista

CENIZAS DE AQUELLOS LODOS
 Hoy se cumple medio año del incendio que devoró buena parte del mercado “Revolución”, el principal motor comercial de Córdoba, y a la fecha su reconstrucción parece un asunto olvidado para las autoridades municipales. La zona siniestrada y el área donde fueron reubicados provisionalmente los vendedores damnificados son un verdadero caos por el hacinamiento, la insalubridad y la obstrucción vial.
La alcaldesa Leticia López Landero, quien aquella mañana del 31 de enero lloró a moco tendido al ver la mercancía achicharrada, ahora ni se acuerda de su llanto ni de sus compromisos. Es patente la incuria oficial y de los locatarios, algunos comprados por el ayuntamiento y otros en disputa entre ellos, que están dispersos y eso los hace incapaces de levantar una exigencia firme ante las autoridades.
Todo lo que se dijo en febrero, los días posteriores al incendio, de un proyecto integral de reconstrucción fue mera demagogia. Tampoco, a la fecha, nadie sabe el paradero de los 50 millones de pesos que el cabildo autorizó el 25 de marzo para invertirlos en resarcir los daños en dicho centro de abastos, parte de ellos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). ¿No habrán ido a parar en la construcción de las residencias de los Luz López en Las Cañadas?
En el “Revolución” se combinan la mentira y la corrupción de los funcionarios municipales con la desidia y el entreguismo de los comerciantes afectados. Dan vueltas en círculos como el cuento del perro que persigue su propia cola. Y ahí seguirán a perpetuidad, chacoteando entre las cenizas de lo quemado y el lodo de la corrupción.
 
SOBAJADO Y SOMETIDO
 En el estado de Veracruz, el gobierno estatal -el Ejecutivo- y el congreso local -el Legislativo- están en conciliábulo para someter al tercer poder, el Judicial. En los últimos días han sido noticia el desbarajuste y los pleitos al interior del Tribunal Superior de Justicia para acotar la influencia de la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta y se ha llegado al extremo de pedir la presencia de la Policía para ingresar a la sede con el fin de resguardar a los protagonistas o intimidar a los sediciosos.
Acontece lo que nunca se había visto, ni siquiera en los tiempos del inefable Edel Álvarez Peña, quien pese a sus taras y perversidades gobernó ese Poder y en lo que cabe hizo valer su autonomía. Hoy, pese a que se nombró como su sucesora a una incondicional de palacio de gobierno, desde las mismas oficinas gubernamentales armó una asonada para debilitarla.
¿Quién los entiende, nombraron a una advenediza para después defenestrarla?, ¿acaso les salió respondona la sirvienta? Un caso para la araña panteonera. El Ejecutivo y el Legislativo están conjurados para eliminar el ‘Regulae Iuris’ -apotegma máximo en Derecho- de que los jueces únicamente deben estar sometidos al imperio de la ley, no al de los hombres del poder ni al de la política. En pocas palabras, atentan abiertamente contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial.
En Veracruz la intención es tenerlo sobajado y sometido, lo que es perjudicial para toda la sociedad porque entonces los jueces obedecerán otros y no a la Constitución. Los complotistas buscan imponer una “vicepresidencia” que tanga más poder que la presidencia y que el Consejo de la Judicatura, integrado en su mayoría por personajes que no son jueces ni magistrados, gobiernen ese poder en lugar de los togados.
La prueba de ello es la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial que contempla -¡sorpréndanse  todos!- hacer que 3 de 9 integrantes del Consejo de la Judicatura se conviertan en mayoría y tomen decisiones medulares que afectarán a toda la estructura judicial,  aun con la ausencia de la titular oficial del Tribunal Superior de Justicia. ¿No es la locura hacer un “pleno” decisorio con una cantidad mínima de asistentes? Y el argumento proporcionado -por los legisladores- para tal despropósito es una charrada digna de un merolico callejero.
“Propiciar que las decisiones estén basadas en consentimientos (sic) y no en desacuerdos”, afirma el baldado diputado por el distrito de Coatepec, Raymundo Andrade, quien fue el conducto para presentar la iniciativa de reforma. La frase retrata la ignorancia supina del portador de la iniciativa y de su redactor, un tal Oliverio Hernández Reducindo, a quien muchos apodan “Rebuzcindo” por eso de los rebuznos y que es el representante del congreso local ante el Consejo de la Judicatura.
Para empezar, el dicho debería ser que las decisiones sean por consenso, no “consentimiento” -risas-. Lo segundo -y más importante- es que no pueden obligar a los integrantes de una asamblea a decidir por decreto cuando la diversidad, el debate y hasta la discrepancia son parte de la democracia y soporte del ‘Actio Legis’, el acto legal en las decisiones tomadas sobre todo en un recinto que se debe a eso mismo, a las leyes.
 
LA COMADRE CONSENTIDA
 Toda esta andanada contra el Poder Judicial lleva el sello del morenismo burdo, impreparado y cerril. Por ejemplo, que esa reforma la haya presentado el coatepecano Andrade Rivera es un contrasentido total y a la vez un indicador. Este señor no sabe ni una minucia de leyes, no es abogado sino ingeniero agrónomo con especialidad en ¡¡ en agricultura tropical!!  En su vida ha tenido una experiencia jurídica y lo más destacado en su currícula oficial -chequen en el sitio web de la legislatura- es haber sido presidente del Club Rotario en Coatepec. Carcajadas.
Es un indicador porque se cumple lo dicho por el filósofo canadiense Marshall McLuhan: el medio es el mensaje. O sea, que el portador de la propuesta de reforma sea un ingeniero y no un abogado debe leerse puntualmente como un mensaje nefasto para el quehacer jurisdiccional. Y para completar la leontina de intenciones hay que ver quiénes son los auspiciadores de tal reforma: el gobernante en turno, un ingeniero mecánico y su segundo a bordo, el cerril secretario de Gobierno, otro ingeniero agrónomo. Ambos saben de leyes lo mismo que de astrofísica.
¿Cuál será el resultado de este conjuro de los “ingenieros” limitados – ninguno de los tres maquinadores: Cuitláhuac García Jiménez, Patrocinio Cisneros y Andrade Rivera han ejercido la ingeniería sino que han vivido de la burocracia y la grilla política-? Sin duda un embrollo jurídico que se tirará con una controversia constitucional o tendrá que ser corregido en las próximas legislaturas con contrarreformas que rescaten la independencia y autonomía del Poder Judicial a fin de garantizar que los jueces y magistrados únicamente tengan como patrón al Derecho.
Dentro de esa asonada, ayer en el congreso local se aprobaron las propuestas del gobernante en turno para ocupar seis magistraturas en el TSJ, a pesar de que dos no serán posibles porque sus titulares ganaron amparos para no ser obligados a renunciar. Sin embargo, sobre los fallos jurisdiccionales se busca imponer a incondicionales de palacio de gobierno.
La mejor prueba es lo anterior es que entre las nuevas magistradas está Aileth García Cayetano, hermana de la diputada federal, Dorheny García, y esposa del secretario de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández, y por si eso no bastara para mostrar que el tráfico de influencias sustituyó la formación académica y la experiencia, la señora es comadre del gobernante García Jiménez. Lo dijo desde el 2010 la magistrada Yolanda Castañeda: “ya cualquier pendejo puede ser magistrado”.
 
TANGAS Y JACUZZIS
 Es un escándalo. Con dinero público se pagan gustos sexuales de funcionarios escolares, pequeños lujos de nuevos ricos y hasta colegiaturas en ¡escuelas privadas! Sucede en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca (ITSTB) bajo la dirección de Sidney René Toledo Martínez, personaje muy cercano al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV),
Zenyanzen Escobar García.
Este funcionario ha facturado a cargo de las finanzas de la institución bikinis y tangas de las marcas Vicky Form y Victoria’s Secrets hasta con especificaciones del gusto de quien las usará o de quien las apreciará: talla mediana, ‘súper sexis’ y ‘body form’ -o sea para realzar las curvas-, ah y en color coral. Las destinatarias de estas prendas -dicen los bien enterados- son las “novias” del director Toledo.
También reportó compras de material y accesorios para reformar los baños de la institución, aunque en los mismos ¡¡no hay jacuzzis!!, ¿Adivinen dónde fue a parar ese material para tinas de hidromasaje y demás
gustillos? Acertaron. Y lo más indignante es que se cargó al erario de la institución el pago de un semestre completo en una preparatoria particular con sede en Puebla, de nombre Instituto Cristóbal Colón A. C, supuestamente de un hijo o sobrino del funcionario por casi 30 mil pesos.
Estos excesos oprobiosos han sido exhibidos por la prensa local, pero no son los únicos pues desde el 7 de julio hubo una carta abierta dirigida al gobernante en turno, Cuitláhuac García y al propio secretario Escobar García en la que la comunidad estudiantil y el profesorado del ITSTB denuncian el manejo corrupto del presupuesto y los negocios que Toledo Martínez realiza esquilmando a los alumnos.
Por ejemplo, para el fin de cursos los obligó a comprar “paquetes de titulación” en 6 mil pesos que incluían la liberación de diplomas y los documentos con sellos oficiales con lo que acopió 2.5 millones de pesos que nunca llegaron a las arcas del instituto. En el ciclo escolar pasado, acusan, se hizo lo mismo y a la fecha muchos de los egresados todavía no reciben los títulos aun cuando pagaron lo exigido. Tampoco se sabe a dónde fueron a parar -bueno, es un decir – los 7.5 millones de pesos que tiene el tecnológico de presupuesto para este año. La escuela se cae a pedazos y los servicios son pésimos.
Los profesores y estudiantes acusan que Zenyanzen Escobar no ha atendido las denuncias ni está dispuesto a investigar la gestión de Toledo Martínez porque éste tiene ‘manga ancha’ para aprovecharse del presupuesto escolar pues en su momento pagó un soborno de medio millón de pesos para obtener la dirección del instituto.
Lo anterior no es un secreto, ya en diciembre del 2018 cuando se dio el nombramiento de los 23 directores de los institutos y universidades tecnológicos de la entidad trascendió que cada elegido dio una coima de 500 mil pesos que fue repartida, en partes iguales, entre Escobar y Fernando González, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación Tecnológica del Estado de Veracruz, FESTEV. Entonces, el tipo solamente está desquitando el “moche” pagado por el cargo directivo.