Por Andrés Timoteo / columnista

LA PALABRA Y LA ACCIÓN

 El lunes pasado fue un día inmóvil, al menos en el simbolismo. Las mujeres se detuvieron. No acudieron -a las que les fue posible- al trabajo ni a la escuela ni a las tiendas. Tal vez muchas dejaron igualmente el quehacer en el hogar, un acto personalísimo y casi imperceptible en el espectro general pues sólo su círculo familiar lo vio. Pero lo que cuenta es el mensaje y éste fue dado a los hombres, al sistema y a las propias mujeres que no se solidarizaron con la causa, no porque no pudieron sino porque no quisieron.

Tras la movilización del domingo y el paro del martes, ahora la palabra la tienen los encargados del Estado, es decir los responsables de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial para dar respuesta al reclamo feminista. Si hay silencio, indiferencia e inacción entonces las mujeres seguirán en las calles y estará plenamente justificado el señalamiento directo hacia los servidores públicos sordos, ciegos y mudos ante el enojo popular.

Luego de las dos jornadas intensas se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambie su actitud frente a los colectivos y activistas, que los saque de su catálogo personal de enemigos políticos, que deje de enmarcarlos en el complot que se imagina y llame a sus incondicionales a detener las campañas de odio y ataques. Por el contrario, la expectativa es que escuche y responda con decisiones de Estado para combatir las violencias, especialmente la feminicida.

Así, los “Días D” no fueron ni domingo ni lunes, sino que serán a partir del martes y los siguientes cuando López Obrador y demás titulares de los poderes de la Unión tendrán la palabra y la decisión. Las mujeres ya hicieron lo suyo -y lo hicieron bien- el exponer la tragedia y la necesidad para combatir las violencias de género de todo tipo y en todos los ámbitos, ahora corresponde a la parte oficial tener altura de miras y un ejercicio estadista.

Hace dieciocho años, “Vudú” una banda rosarina de rock – de Rosario, Argentina- hizo popular la melodía llamada “Nada se mueve” cuya letra aplica perfectamente al contexto mexicano de hoy, con las mujeres en las calles reclamando por lo que no se ha hecho. “Dijeron que iba a estar todo bien. /Eso es mentira y lo sé. /Yo ya no tengo ganas de entretener/ a quien simula no ver. / Nada se mueve, nadie se mueve. / Viendo cosas que parecen tan normales/ sencillamente te acostumbras”.

Lo peligroso para México es que -como dice la canción- después de la movilización e inmovilización masivas de las mujeres nada se mueva en el gobierno y desde allí apuesten a que la gente siga acostumbrada a las violencias contra la población femenina y las agresiones continúen pareciendo “tan normales”. Pero la misma copla de los rockeros argentinos da la pauta a seguir: “Hay gente que me está haciendo a un lado/ pero la ilusión de seguir intentando/ nunca se nos va a terminar”.

CRIMEN DE ESTADO

En México ha habido feminicidios que marcaron la vida nacional y que nunca se castigaron pese a la indignación provocada. Dos de ellos fueron de veracruzanas e icónicos por el agravio que representaron y el interés del Estado para dejarlos impunes. Uno fue el de la anciana Ernestina Ascensión Rosario en Soledad Atzompa en el 2007 y seis años antes, mataron a balazos a Digna Ochoa y Plácido, originaria de Misantla.

Ella era integrante del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh) y fue asesinada el 19 de octubre del 2001 en la capital del país, pero la Procuraduría General de Justicia (PFJDF) difundió la tesis de que se trató de un “suicidio” a pesar de que la necropsia inicial y posteriormente otra realizada tras exhumación en el 2005 indicaron que pereció por dos impactos de bala, uno de ellos en la nuca.

Los familiares de Digna Ochoa no se rindieron y durante años pugnaron porque el caso permaneciera abierto. En el 2007, la delación de un sicario en Guerrero orientó la autoría intelectual hacia el cacique ganadero y exedil priista, Rogaciano Alba Álvarez, quien había ordenado el asesinato de la abogada porque llevaba la defensoría de jóvenes vulnerados en la región de Petatlán, pero la pista fue ignorada por las autoridades.

El dato significativo es que cuando sucedió el feminicidio de Digna Ochoa que se buscó pasar como “suicidio”, el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal era el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y el procurador, Bernardo Bátiz, hoy integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Ambos pretendieron dar el tradicional “carpetazo” al expediente y dejar el crimen en la impunidad.

Sin embargo, la familia de la activista no lo aceptó y logró que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aceptara el caso y a mediados de febrero fue turnado a la Corte Interamericana, es decir que pasó los filtros y se acreditó de que es un crimen sin castigo donde hay responsabilidad del Estado mexicano.

Los abogados de la familia Ochoa y Plácido sostienen que hay elementos para hablar de un “crimen de Estado” pues las pesquisas fueron sesgadas, hubo omisión de pruebas y peritajes a modo, y además, el gobierno de la Ciudad de México falló en no proteger a los testigos que habían señalado amenazas de muerte contra Digna Ochoa, por lo que cuatro de ellos fueron “desaparecidos” y asesinados.

También se violó el derecho a la protección judicial de la abogada misanteca, según el informe que en el 2019 se llevó a la CIDH, porque el gobierno capitalino de López Obrador a través de su procurador Bátiz desató una campaña mediática y jurídica para cuestionar la estabilidad emocional y mental de la víctima haciéndola responsable de su propia muerte con la hipótesis del suicidio.

Ellos hicieron “una estigmatización de género” contra la defensora de los derechos humanos, tildándola de suicida y no de víctima de un feminicidio con sesgo político. Vaya, ya desde entonces el tabasqueño refunfuñaba al saber de los feminicidios y desdeñaba procurar justicia a las mujeres asesinadas. Eso explica su actitud actual frente al movimiento feminista. La terca memoria, siempre la terca memoria.

UN TERCIO DE MUERTOS

Paralelamente al tema de los feminicidios que -como se ha dicho- es asunto de la delincuencia común, la violencia generada por los grupos del crimen organizado en la zona centro sigue imparable. En las últimas horas, de los quince muertos que hubo en todo el estado, la tercera parte la puso la región central: un hombre ‘ejecutado’ en Ixtaczoqui-tlán, otro localizado “encobijado” en Omealca y una fosa clandestina con al menos tres cadáveres descubierta en La Luz Palotal, poblado de la zona rural de Córdoba.

También en Fortín de las Flores se registró una balacera entre presuntos delincuentes y policía estatales que generó pánico en las comunidades de Monte Blanco y Monte Salas, ubicadas al borde de la carretera federal a Huatusco. El saldo no se sabe porque no fluyó información oficial, al menos hasta anoche, y las versiones variaban entre que los maleantes huyeron y que hubo dos fallecidos. La comunicación institucional está paralizada y la población en la incertidumbre por los acontecimientos de violencia.

Por cierto, han transcurrido casi 20 días de los ataques contra policías y sedes de la Secretaría de Seguridad Pública en Córdoba y Huatusco, y nada se sabe del operativo para el supuesto blindaje de la región. Tampoco hay información oficial del asunto y los hechos de sangre continúan pese a las baladronadas del secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, de que ya tiene ubicado a los “generadores de violencia”, que va a detenerlos y que va a causar “sorpresas”. Mera palabrería porque no hay ningún detenido y la violencia sigue azotando Córdoba y los municipios aledaños.

De la misma forma, no hay datos ni avance de las investigaciones sobre los módulos de vigilancia hechizos que colocó la alcaldesa Leticia López Landero donde perecieron dos agentes el 22 de febrero pasado y por medio de los cuales habría saqueado más de 7 millones de pesos. La fiscala estatal ni siquiera ha tocado el tema y los diputados del distrito ya lo olvidaron, por lo que la edil anda tan oronda que hasta se dio el lujo de participar en la movilización feminista del domingo pasado, gritando por la violencia contra las mujeres. Vaya caradura.

La panista-morenista López Landero también se colgó de la huelga nacional de mujeres del lunes autorizando que las empleadas municipales no se presentaran a laborar. Claro, la señora López se preocupa por alumbrar la calle y deja en oscuridad la casa porque no dice nada del acoso y maltrato de funcionarios -incluso de mujeres servidoras municipales como la duartista Martha Marañón- contra trabajadoras del municipio.

Tampoco de varios casos de acoso sexual que se han presentado en diversas áreas del ayuntamiento bajo su responsabilidad y que se han mantenido silenciados, a base de amenazar a las víctimas con sanciones y despidos, para que no trasciendan a la opinión pública. Basta rascar un poco para que broten a la luz pública. Los bien enterados hablan de varios “machitos” que se propasan con las empleadas y aseguran que uno de ellos es cercanísimo a la misma López Landero, quien le tolera todo. ¿Quién será ese acosador tan consentido?