• Por Andrés Timoteo / columnista

SEMAFORO PARTIDISTA
A pesar de que no se ha amainado la primera ola de contagios del Coronavirus y que suman miles los muertos por esa gripe pandémica, Veracruz fue colocado en “semáforo verde” por las autoridades federales. Claro, un despropósito y una irresponsabilidad. En la señalética cromática, el verde es aviso de que ya el peligro pasó y que la vía está despejada para la libre circulación. Entonces, ¿por qué los funcionarios se desviven en llamados para no confiarse?
Porque todo es mentira, el semáforo epidemiológico al que recurren no es un sistema sobre avisos sanitarios sino de político-partidistas. En Veracruz se cumplirá la proyección de más de 6 mil decesos a final de año, pero la federación levanta las restricciones sanitarias en un afán de respaldo partidista a la administración del morenista Cuitláhuac García, quien ha tenido un manejo desastroso de la crisis.
Eso no cuenta, sino la conveniencia partidista, de facción. No importa que ese perverso juego cromático ponga en severo peligro a la población que, confiada, dará rienda suelta a los festejos guadalupanos y los navideños. A finales de mes y en las dos primeras semanas de enero del 2021 se conocerán las consecuencias, en muertos y hospitalizados, de lo que ahora se hace.
Así como al gobierno marrón de Veracruz se le puso en “semáforo verde” -que no al pueblo sino a los funcionarios-, la federación ha castigado a Chihuahua con un color rojo en el último mes. Apenas el fin de semana sacó a esa entidad del riesgo máximo y la colocó en peligro moderado, es decir en “semáforo naranja”. ¿Por qué? Ahí gobierna el panista Javier Corral Jurado con quien el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador trae una reyerta política. Resumen: el semáforo lopezobradorista no es termómetro sanitario sino partidista.
Los veracruzanos no se deben confiar de este manejo avieso de los avisos epidemiológicos y deben cuidarse y, sobre todo, cuidar a los adultos mayores. La Guadalupana no se enojará si guardan prudencia y no la van a visitar a sus santuarios, al contrario, le ahorrarán el trabajo de cuidar los que caigan enfermos del virus pandémico. La Navidad y el Fin de Año a celebrarse en ‘petit comité’ por el bien de todos.
 
DOÑA ERNESTINA
Trece años después y con una impunidad macerada en todo lo deplorable, el asesinato de la anciana Ernestina Ascensión Rosario en Soledad Atzompa llegó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) donde el pasado viernes se realizó la audiencia para la revisión de ese crimen y de la responsabilidad del Estado en el mismo. El caso fue llevado a esa instancia por tres organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Centro de Estudios Municipalistas “Heriberto Jara” (Cesem) de Xalapa.
Fue la primera audiencia ante el Sistema Interamericano que apenas en el 2017 aceptó el expediente y citó al gobierno mexicano para dar su versión al igual que la parte peticionaria. Vendrán otras audiencias antes de que el mismo organismo se erija en juzgado, llamado-esa fase- como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dictar sentencia sobre el mismo.
Sin embargo, la primera sesión plasmó todas las contradicciones, irregularidades, complicidades, indiferencias y manejo perverso de dossier que terminó en un amasijo de impunidad para uno de los casos más terribles de feminicidio en el país. 
“Pinomeh xoxokeh nopan omomotlatlamotlakeh” (“los hombres extraños vestidos de verde se me echaron encima”), leyeron en la audiencia Marilyn Ramón Medellín y Lizett Hernández Cruz, peticionarias del caso -fue la primera audiencia de la CIDH traducida simultáneamente a una lengua indígena-. Se trata de las palabras que doña Ernestina Ascensión les dijo a sus familiares cuando la encontraron agonizado el 26 de febrero del 2007 y que ellos repitieron ante el ministerio público. Es decir, la misma víctima antes de morir denunció a sus atacantes: hombres de la milicia.
De ahí se vino una andanada oficial para desacreditarla y desviar las pesquisas. Desde el presidente de la República, el panista Felipe Calderón, quien decretó que la muerte de la anciana había sido por una gastritis mal tratada hasta el gobierno estatal del innombrable que negoció la muerte de la indígena a cambio de dinero y poder político. A cambio de manosear el expediente judicial para que coincidiera con la versión presidencial le dieron “carro completo” para su partido en las elecciones intermedias de ese año, el 2007, y en las cuales operó libremente con el crimen organizado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que dirigía José Luis Soberanes, se sumó a la campaña para desmentir el homicidio e incluso envió peritos para exhumar el cuerpo y practicar una nueva autopsia a modo de la versión oficial. Ya no se diga la Comisión Estatal de Derechos Humanos que era presidida por Noemí Quirasco, ex secretaria de Gobierno en el alemanato y muy allegada al innombrable. En su informe de ese 2007, la CEDH no menciona nada sobre la indígena violada y asesinada.
El procurador del oprobio fue Emeterio López Márquez quien desvió todas las indagatorias y el primero de mayo de ese año cerró el caso con la resolución de que fue una muerte “por parasitosis”. En la audiencia ante la CIDH se expuso también la grave violación a los derechos humanos cometida por el gobierno del innombrable que aisló a los familiares de doña Ernestina para que no impugnaran los fallos. Los sacó de Soledad Atzompa y los trasladó a otros puntos del estado para que no accedieran ni a los abogados, ni a los activistas ni a la prensa. El viernes quedó señalada esa maniobra perversa e ilegal que tanto documentaron los periodistas locales.
Empero, lo peor fue que el gobierno mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador y el de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García, sostuvieron ante la CIDH la “verdad histórica” de una muerte por causas naturales de la anciana. Ominoso fue que la fiscal veracruzana, Verónica Hernández, haya enviado a un tal Hernán Cortez -ah, para nombre en un caso de una indígena vejada- a defender las cochinadas que hicieron López Márquez y el innombrable alegando que “todo estuvo bien hecho”.
Ni porque es mujer ni porque está en un gobierno que se presume “del cambio” Hernández Giadáns hizo algo para recomponer el expediente en el afán de acercar justicia por ese feminicidio infamante. Y sorpréndanse: Cuitláhuac García repitió la hazaña del papá Atanasio García Durán quien era diputado local por Xalapa y presidente, en el último año de esa legislatura -precisamente el 2007 cuando se cometió el crimen- de la mesa directiva del congreso local.
En ese entonces y con ese poder que tenía, Durán García no externó ni una palabra por el desaseo en la pesquisa y ahora su hijo refrenda la “verdad histórica” de la fidelidad. No tienen pudor los García. En fin, el caso reúne lo peor y a los peores: la víctima era mujer, indígena, anciana, pobre. Fue violada, torturada -hay indicios de que la ultrajaron también con un palo de madera-, sus últimas palabras fueron tildadas de mentira, se le desenterró y manipuló el cadáver para sostener la versión de Estado y a trece años de todo aquello el gobierno sigue mintiendo y negándole justicia.
La antropóloga Aída Hernández Castillo resumió esa primera audiencia así: “el papel del Estado mexicano ante la CIDH parece ratificar una vez más la existencia de una alianza del gobierno con la institución militar. La misma que llevó a la cancillería a negociar la repatriación del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, evitando que la justicia estadounidense lo juzgara por su participación en las redes del narco. Se ha optado por repetir una verdad histórica que lastima la memoria de Ernestina Ascencio y crea las condiciones para que la violencia sexual y el feminicidio sigan afectando la vida de las comunidades indígenas. Esperamos que la justicia internacional haga lo que la justicia nacional no ha logrado: poner un alto a la impunidad y develar la verdad que el gobierno ha decidido continuar ocultando”.