LA FÁMULA JUDICIAL
En la ortodoxia del ejercicio del poder es algo común que el gobernante en turno infiera en el Poder Judicial aunque siempre se habían guardado las formas. Ahora es escandalosa no la intromisión de Cuitláhuac García Jiménez en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) sino el servilismo de su titular, Isabel Inés Romero Cruz, quien doblega la soberanía del ente y se presta a los enjuagues del Ejecutivo.
Como se sabe, la señora Romero Cruz llegó a la presidencia del TSJE por medio de un proceso muy sucio. Ella y otros magistrados se prestaron para destituir a la anterior titular Sofía Martínez por órdenes del gobernante en turno. Ahora, la actual magistrada presidenta no actúa como responsable de un poder independiente sino como una sirvienta. Vaya, hasta llama al mandatario “nuestro señor gobernador”, dándole un
trato de patrón, casi amo.
El alboroto más reciente fue la decisión de recortar el salario a todos los magistrados en un 30 por ciento para “darle al gobernador el dinero que necesita”, según se supo a través de un audio de la reunión que sostuvo con los integrantes del TSJE y que fue filtrado a la prensa. En el mismo alega que hay un déficit de 300 millones de pesos que deben cubrir porque la Secretaría de Finanzas no entregará al
Poder Judicial.
En la audiograbación confirma que la desaparición de 29 juzgados de lo familiar y microrregionales no obedece a una reingeniería administrativa para hacer más eficiente la impartición de justicia sino para ahorrar dinero y así el Ejecutivo disponga de los fondos recortados al TSJE. Y Romero se fue ‘como hilo de media’ despotricando contra los juzgados, los
jueces y los trabajadores.
De los primeros afirma que “no sirven de nada”, de los segundos -los jueces regionales o de la familia– acusa que “no hacen nada” y de los empleados sostiene que “no han aprendido nada”. En resumen, para ella y para justificar la extinción de esos 29 centros judiciales, todos son inservibles y holgazanes. Vaya, nunca un presidente del Poder Judicial había despreciado tanto a sus
subalternos.
Sobre el “voluntario” descuento al sueldo de los magistrados para “ayudar a nuestro señor gobernador”, Romero Cruz se queja de que los “gobiernos corruptos del pasado” le dejaron deudas muy grandes y puso como ejemplo que se tienen que pagar 700 millones de pesos que Javier Duarte heredó como deuda en la empresa Soriana por la compra de despensas y que hay un fallo judicial ganado por el proveedor. La señora no tiene medida, asume como propios las obligaciones del Ejecutivo, igual que el siervo defiende intereses de su señor.
No obstante, hay magistrados que no están de acuerdo con el descuento salarial por ser anticonstitucional y sobre todo por la opacidad del procedimiento. Es decir, hasta el momento no hay forma de justificar legalmente dicho descuento ni certeza del destino de los supuestos “ahorros”. Una de las presentes en la reunión de plano desmontó el argumento de Romero Cruz al decirle que descontar el 30 por ciento del salario de todos los magistrados para lo que resta del año apenas sumaría 15 millones de pesos y no los 300 millones que ella señala como
necesarios.
Otro más le recordó que existe un fondo aportado por la Federación con remanentes de alrededor de 900 millones de pesos y además otros 200 millones de pesos que se obtuvieron a través de préstamos. ¿Qué se hizo con ese dinero?, que bien podría servir para cubrir por mucho ese déficit de 300 millones que alega. “Queremos cuentas claras de la administración, no las tenemos ni de la anterior (la de Sofía Martínez) ni de esta (la de Inés Romero), le espetó. Y uno más le preguntó: “si dice que es un descuento voluntario, pero pone porcentajes obligatorios, ¿en qué consiste lo voluntario aquí?”.
Acorralada, la magistrada presidenta no supo responder los cuestionamientos. Dejando ver su limitación -por no decir lo burra que es- aseguró “no soy buena para las
matemáticas ni la administración financiera, estoy aprendiendo”. Además señaló que la administradora oficial no pudo acudir a la reunión por estar enferma y entonces no era posible aclarar las dudas de los acuciosos magistrados.
Únicamente atinó a decir, balbuceante, que “aquí estamos trabajando y nadie va a salir con que me llevé esto”. Eso sí, los amenazó con decirle a “nuestro señor gobernador” cuál magistrado aceptó ayudar donando parte de su sueldo y cuál no quiso hacerlo, y dio por concluido el encuentro. Todo eso se escucha en el audio que, se insiste, no tiene desperdicio porque muestra a la señora Romero Cruz como una mera fámula de Palacio.
Y la pregunta para la araña panteonera. ¿Para qué quiere quitarle Cui-tláhuac García -quien ayer salió a reconocer la veracidad de lo discutido en el audio y alegó que hay un déficit de 500 millones de pesos en el Poder Judicial que “no quiso ajustar su gasto” antes- esos fondos al TSJE? Pues, ¿para qué más?, para devolverlos a la Federación y se vayan a financiar el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas. La justicia en Veracruz será sacrificada en aras de los proyectos faraónicos del caudillo.
MEDICINA DE HUMO
Para que nadie pierda su capacidad de asombro: el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) inició una investigación para localizar el lote de medicamentos oncológicos que se envió a Veracruz desde el 24 de junio y que a la fecha no llega a los hospitales. Así lo confirmaron funcionarios del Insabi durante una reunión con padres de niños con cáncer en la Ciudad de México. Omar Hernández, vocero de la Asociación de Padres y Madres con Niños Enfermos señaló que las medicinas literalmente desaparecieron pues se reportaron como entregadas, pero nadie sabe dónde están.
“Hay que estar muy atentos de lo que va a suceder, a Veracruz dicen que sí llegó el medicamento, dicen que está en Jalapa. Van a hacer una investigación. Aquí, a quién resulte culpable hay que señalarlo, si es el secretario de Salud o el gobernador”. Traducción: los funcionarios veracruzanos hicieron ‘humo’ los medicamentos o sea se los robaron. No tienen vergüenza, están igual que esos que les inyectaban a los niños agua en las
quimioterapias.
ENEMIGO DEL
MIGRANTE
El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado el miércoles y que sacudió a Latinoamérica, agravará más la situación del país más pobre del continente. Pareciera un anatema el que castiga desde hace décadas a esa nación caribeña: corrupción, inseguridad, violencia, terremotos, pobreza extrema y enfermedades -actualmente la Covid-19-, y ahora la convulsión por la crisis política tras el magnicidio la hará más invivible.
Una consecuencia ineludible será el éxodo. Ya miles de haitianos huyen del país y se aventuran no solo a la vecina República Dominicana sino a otras naciones del Caribe, entre ellas México y la oleada de migrantes aumentará. En Veracruz y otros estados del sureste mexicano era muy raro ver a migrantes haitianos en carreteras, veredas, sobre el tren o en garitas migratorias, pero de un tiempo a la fecha ya es algo frecuente. Y es, por supuesto, un indicador de que la población haitiana está huyendo de la
calamidad en su país.
Coincidentemente al homicidio del mandatario en Puerto Príncipe, en México realiza una visita Wilner Meteus, quien preside la organización civil “Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Africanos” y que es de origen haitiano. Su presencia en la frontera norte es por la situación de los 22 mil migrantes de Haití que están varados en México desde el 2019 cuando el gobierno lopezobradorista endureció su política migratoria y literalmente militarizó la línea fronteriza en el sur donde desplegó más de 30 mil efectivos de la Guardia Nacional.
Los migrantes haitianos que permanecen en territorio mexicano se distribuyen en tres grandes ‘reservas’: Tapachula en Chiapas y las ciudades de Mexicali y Tijuana en Baja California. En la última urbe hay incluso un asentamiento con cientos de familias que ya fue bautizado como “la Pequeña Haití”, “Little Haiti” en inglés o “Petite Haïti” en francés -no hay que olvidar que la lengua oficial de la isla caribeña es el galo porque es una antigua colonia francesa- y son los que quedaron varados desde que el anaranjado Donald Trump canceló los visados a los Estados Unidos.
Pues bien, Meteus calificó desde Tampico, Tamaulipas que México ha traicionado su política de solidaridad y amistad con los pueblos que sufren y se puso del lado de los intereses norteamericanos al ceder con Trump para convertirse en un “país hostil al migrante”. El activista lo dijo sin tapujos: “Es una vergüenza que haya mandado 32 mil policías-soldados para cerrar su frontera sur, es una vergüenza que México se haya convertido en un país expulsor de migrantes”.
Y al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador le desbarató el mito que pretende construirse ante la opinión pública y con el que busca pasar a la historia: “un presidente humanista no deporta a los hermanos migrantes, un presidente humanista no los mete en campos de concentración”. En los hechos, López Obrador se convirtió en el presidente mexicano que más migrantes haitianos y africanos ha expulsado en la historia, acotó.
Obviamente, la adversidad migratoria que impone México desde el 2019 no afecta exclusivamente a los haitianos sino a todos los migrantes de los países vecinos que buscan llegar a Estados Unidos y los cuales son detenidos en la frontera sur, obligados a retroceder o llevados a garitas para después ser deportados.
El Colegio de la Frontera Norte acaba de difundir un estudio en el que habla que el presidente mexicano hizo posible un viejo sueño del poderoso vecino del norte: mover la frontera hasta el sur. Es decir, el muro que había prometido Donald Trump se cumplió no de concreto o acero sino con la Guardia Nacional. Además, la otra paradoja implícita es que esa corporación en lugar de estar combatiendo a los narcotraficantes y pacificando al país -para lo que fue creada- la pusieron a apalear y capturar a los migrantes que vienen del sur.
