¿QUIÉN PAGARÁ?
Es cierto, las auditorías a la Cuenta Pública Municipal correspondiente al año 2019 arrojaron un supuesto daño patrimonial récord en la historia de Veracruz con más de 2 mil millones de pesos que los alcaldes se habrían llevado a su bolsillo. Sin embargo, entre los 210 ayuntamientos con señalamientos de desfalco financiero hay seis en una especie de limbo porque los responsables del saqueo ya no están físicamente. Dos fueron asesinados y cuatro perecieron por la Covid-19.
Por eso, tanto el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) como el Congreso local y, en su caso, la Fiscalía General del Estado, están frente a un problema porque los responsables directos de ese daño patrimonial ya no pueden ser llamados para justificar con documentación los señalamientos, devolver los montos requeridos o ser castigados penalmente. Cierto, podrían proceder contra otros funcionarios municipales —los síndicos, tesoreros o directores de área— pero los presuntos saqueadores principales ya están lejos de la justicia terrenal.
Dos de ellas son las exalcaldesas de Mixtla de Altamirano y Jamapa, Maricela Vallejo Orea y Florisel Ríos Delfín, quienes fueron asesinadas en los años 2019 y 2020, respectivamente. El caso más complicado es el de Mixtla de Altamirano, pues Vallejo Orea fue víctima de un atentado supuestamente perpetrado desde su entorno edilicio el primer cuatrimestre de aquel año, pero aún así hubo un daño patrimonial de 3.1 millones de pesos.
Lo anterior significa que la edil fallecida no lo cometió o al menos no en su totalidad. También se duda que el síndico Ricardo Pérez Márquez lo haya hecho, pues apenas estuvo unas semanas como alcalde interino y luego fue detenido al ser acusado junto con su esposa, la exalcaldesa del lugar Angélica Méndez Margarito, de la autoría intelectual del crimen.
Revelador es que la Tesorería de Mixtla de Altamirano fue intervenida por mandato del Congreso local y los 3.1 millones de pesos habrían sido saqueados por los interventores que envió el Legislativo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Peor aún, en julio de ese 2019 fue impuesto, también por el Congreso local, un Concejo Municipal que sustituyó al cabildo electo formalmente.
Después, en abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló ambas cosas, la intervención de la Tesorería y la instalación del Concejo Municipal, aunque el daño patrimonial ya se había cometido. Además, desde julio estuvo al frente del municipio Crispín Hernández, el concejal presidente que resultó un tremendo pillo y sería el responsable de ese desfalco financiero y al que deben llevar a los tribunales. Por cierto, la alcaldesa fallecida Vallejo Orea tampoco podrá ser llamada a cuentas por los 10.8 millones de pesos que tuvo de daño patrimonial en la Cuenta Pública del 2018.
El caso de la exalcaldesa jamapeña Florisel Ríos es más o menos similar. Ella fue asesinada por un grupo de sicarios el 11 de noviembre del 2020 y entonces, salvo otros funcionarios municipales, no hay nadie que rienda cuentas por el desfalco por 10.7 millones de pesos detectado en el 2019 ni por un primer desfalco del 2018, aunque pequeño, por 387 mil pesos.
LA PESTE SE
LOS LLEVÓ
Los otros cuatro ediles —dos mujeres y dos varones— que tampoco pagarán por el daño financiero son parte de las estadísticas necrológicas que ha dejado la pandemia de Coronavirus pues perecieron después del 2019. El primero en fallecer por los efectos de la gripe pandémica fue el alcalde de Coetzala, Gerardo Tirso Acahua Apale, el 28 de junio del 2020 y entonces no hay quien rienda cuentas por el daño patrimonial por 6.4 millones de pesos que le detectaron en el ejercicio presupuestal del año anterior.
Tampoco por los 7.6 millones de pesos que el Orfis clasificó como desfalco en el 2018. Claro, como los morenistas en el gobierno y en el Legislativo son tan retardatarios no faltará el que proponga que se les juzgue postmortem como se hacía en la Edad Media. Risas. El 16 de julio del 2020 murió la alcaldesa de Miahuatlán, Irma Delia Bárcena Villa, quien tuvo en el 2019 un presunto desvío de fondos por un millón de pesos y 600 mil pesos en el 2018.
Dos meses más tarde, el 9 de agosto, la Covid-19 venció a la alcaldesa de Moloacán, la morenista, Victoria Rasgado Pérez, quien habría cometido un saqueo financiero por 953 mil pesos en el 2019 y por 426 mil en el 2018. Finalmente, el 8 de febrero de este 2021 pereció Misael Lorenzo Morales, presidente municipal de Atzacan al que el Orfis documentó un daño patrimonial en el 2019 por el monto de 13.8 millones de pesos. Obviamente ninguno de los cuatro podrá ser llamado a cuentas ni obligado a resarcir el daño al erario municipal.
Al listado podría adherirse el caso de otro edil que no está muerto, pero sí en un ‘limbo judicial’ que es José Paulino Domínguez Sánchez de Actopan, desaforado y destituido en marzo del 2020 acusado de desvío de fondos, pero no por las observaciones del Orfis sino por meter “aviadores” a la nómina municipal. La síndica, Jazmín Palmeros también fue desaforada, pero solo ella está en la cárcel pues el munícipe obtuvo amparos y sigue libre.
Domínguez saqueó 60.2 millones de pesos de la Tesorería actopeña en el 2019, uno de los montos más elevados de toda la Cuenta Pública Municipal del estado y que se adiciona a los 10.4 millones de pesos del 2018. En total, durante sus primeros dos años de gobierno, el munícipe panista se embolsó 70.6 millones de pesos. De que es una rata coluda, lo es.
REIVINDICACIÓN FEMENINA
Hay que hacer un reconocimiento a los dos únicos administradores municipales que no tuvieron reporte de daño patrimonial en las auditorias del Orfis. Ambos son mujeres. Una, la alcaldesa de Colipa, ubicado en la sierra misanteca, Teresa Molina Dorantes, del PRD, y la otra es la panista Fortunata Zepahua Tequihuatle de Magdalena, en la zona centro. En cierta forma, ambas reivindican el papel de las mujeres en la administración pública porque no robaron, no al menos durante el 2019 ni tampoco en el 2018.
Ellas son la contracara de otras mujeres en cargos municipales como la panista, Leticia López Landero de Córdoba, quien se embolsó 25.2 millones de pesos en el 2019 y la perredista Patricia Cruz Matheis de Coatzintla ,quien cometió daño patrimonial por 38.6 millones de pesos. Ésta última está entre los diez ediles más ladrones del 2019 por el monto de los saqueado, y ambas, López Landero y Cruz Matheis confirman la teoría de que las mujeres no son ni más honestas ni mejores administradoras que los varones.
A propósito, en un texto anterior se dijo que López Landero desvió recursos por doble partida y eso queda demostrado con el daño patrimonial que el Orfis documentó en el Hidrosistema de Córdoba, que es el ente paramunicipal que administra el servicio de agua potable y alcantarillado, por 6.6 millones de pesos. En el informe del auditor se indica que el desfalco se cometió desde una cuenta bancaria, la número 0420721336 del Banco Mercantil del Norte en la que se hicieron movimientos no autorizados, se retuvieron saldos y los remanentes obligados no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. Vaya nido de roedores.
ORO, PLATA Y BRONCE
Hay un punto a aclarar para que la opinión pública no se confunda y es que en las “Olimpiadas del Hurto” 2019 se alteró, en lo general, el medallero en la categoría del saqueo municipal. De acuerdo con el informe del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el primer lugar no lo obtuvo el porteño Fernando Yunes Márquez como se difundió abiertamente y se sigue machacando en el tendero mediático a gusto de palacio de gobierno, sino que fue Bogar Ruiz Rosas de Alvarado quien le metió la ‘mano al cajón’ para llevarse un botín récord: 86.9 millones de pesos.
Así, la Medalla de Oro fue para el alvaradeño emanado del PVEM a quien casi no mencionan en la prensa, pero que en el escalafón del latrocinio es un magnate consumado y hasta reincidente pues en la auditoría de la Cuenta Pública del 2018 tuvo un reporte de daño patrimonial por otros 5.5 millones. Es decir, en los dos primeros años de gobierno municipal Ruiz Rosas se birló 92.4 millones de pesos, lo que indica que desde el inicio de su mandato este tipo comenzó a robar.
Obvio, la manipulación que se hizo desde las primeras filtraciones del documento del Orfis tuvo la intención evadir el nombre de Bogar Ruiz pues aunque distanciado, por el momento, es un aliado del cuitlahuismo. Pero la deducción es más preocupante, pues sí se buscó protegerlo en el reporte del auditor estatal y aún así no pudieron ocultar los 86.9 millones de pesos saqueados habrá que imaginarse de qué tamaño fue lo robado durante el 2019.
Además de proteger al aliado de Palacio de Gobierno, la información deslizada a la prensa fue para colocar al panista Yunes Márquez en el primer sitio del podium y lanzarle las baterías mediáticas ubicándolo como el más ladrón. En realidad, Yunes Márquez obtuvo la Medalla de Plata en esas olimpiadas de los cacos con un daño patrimonial de 74.5 millones de pesos y también es reincidente porque en el 2018 esa cifra fue de 13.3 millones. En el acumulado de los dos primeros años de gobierno, el edil porteño tiene señalamientos por 87.8 millones, o sea que por ‘una nariz’ le disputa la marca a Ruiz Rosas.
La Medalla de Bronce fue para otro panista, Jorge Vera Hernández de Álamo Temapache, quien le hincó la uña a 64.4 millones de pesos y en la Cuenta Pública del 2018 hizo lo mismo con 4.3 millones. Pero hay otro dato interesante respecto a la manipulación del ese medallero de ladrones, pues también se ha buscado proteger mediáticamente a otro allegado al morenismo, Miguel Ángel Tronco Gómez, presidente municipal de Las Choapas, quien llegó al cargo por el Partido del Trabajo (PT) y es hermano del impresentable Renato Tronco, también exalcalde del lugar y exdiputado local.
A Tronco se le detectó un faltante por 55.2 millones de pesos en el 2019 —ocupa el quinto lugar entre los más rateros de los 2010 ediles— que se suma a los 34.3 millones del 2018. En total, este individuo se habría robado tan solo en sus dos primeros años de gobierno 89.5 millones, un monto casi igual que el porteño Yunes Márquez y el alvaradeño Ruiz Rosas. Sin embargo, su nombre poco aparece en la prensa, sobre todo en los medios afines al cuitlahuismo por el mismo motivo que con el pillo de Alvarado: proteger al aliado coyuntural.
