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EL MINUTERO

Superiberia

PENURIA JUDICIAL

Por más maromas que hicieron usando la cantaleta de la austeridad, el Poder Judicial del estado está al borde de lo que en el sector empresarial llamarían ‘quiebra técnica’ pues como ente público es imposible su desaparición lo que sí ocurre en la iniciativa privada. El lunes pasado, el pleno del congreso estatal aprobó una extensión presupuestal por 200 millones de pesos, a penas la tercera parte del déficit que el Poder Judicial tiene para este 2021.

La solicitud de una partida extraordinaria de 519 millones de pesos y en cambio la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) únicamente le dará 200 millones con el agregado implícito de ‘háganle como puedan’. Por supuesto que los diputados morenistas que votaron esa autorización y el titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, quien definió ese monto, son unos caradura pues ellos mismos provocaron, en cierta forma, la crisis financiera del poder autónomo.

Nadie olvide que en el Presupuesto de Egresos para este 2021, la Sefiplan recortó drásticamente los fondos para el TSJ violando la ley pues está prohibido disminuir la cifra y si acaso se debería aprobar el mismo monto que el año anterior inmediato, o sea que debieron autorizarle un recurso similar al del 2020 pero no lo hicieron, lo menguaron atropellando el marco legal. Ahora, en plena crisis, Lima Franco se erige como el magnánimo pagador con esos 200 millones de pesos que no son otra cosa que parte de lo arrebatado ilegalmente.

Por este entuerto, la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz pasará a la historia como la peor de todos los titulares del Poder Judicial del estado, no solo por su sometimiento al Ejecutivo sino porque lo llevó a la ‘quiebra técnica’ y lo condicionó a la penuria en agravio de los ciudadanos. Cuando a finales del 2020 se supo del recorte presupuestal, Romero Cruz no recurrió a los amparos que definitivamente ganaría por la actuación ilegal de los legisladores sino que ni siquiera reclamó el hecho de forma no oficial.

La señora guardó silencio y aceptó sin chistar el atropello legal en materia financiera y las consecuencias ahora las tiene encima. La presidenta del TSJ ha hecho todo un sainete para salir del apuro pero no ha logrado nada que alivie el apuro económico. Ya cerró juzgados, ya despidió a personal, ya corrió a magistrados – los ‘jubiló’ a la mala – y ni así le alcanza para reponer el déficit presupuestal.

Con todas las maniobras hechas con el discurso de la austeridad tan solo ha conseguido “ahorrar” menos de 50 millones de pesos, o sea el 10 por ciento del faltante para cerrar el año. Por si fuera poco, en este lapso se vio un Poder Judicial mangoneado por el gobernante en turno y sus funcionarios al grado de la ignominia, y a una magistrada presidenta como pedigüeña indigna, alejada de todo decoro que debe caracterizar a la titular de una soberanía política.

El Tribunal Superior de Justicia ha descendido al peldaño más bajo y así, como en caída de cascada, mientras que su presidenta ha sido humillada públicamente porque le ‘truenan los dedos’ desde palacio de gobierno, ella a su vez ha sobajado a sus pares magistrados, los ha maltratado al grado del oprobio. En pocas palabras, lo que sucede en el Poder Judicial de Veracruz se resume en dos cosas: la penuria financiera y el deshonor político-jurídico.

MÁS ‘TROMPAS

DE CERDO’

Los ciudadanos comunes dirán que la crisis en el Tribunal Superior de Justicia es cosa de élites políticas y el clásico regateo de los recursos públicos en las esferas burocráticas, pero dicha percepción es un tanto equivocada porque al final serán ellos los perjudicados de los devaneos de Romero Cruz y los abusos de los funcionarios del Ejecutivo ya que al no haber dinero prácticamente la justicia se paralizará en el último tramo del año y eso puede perdurar en buena parte del 2022 si no es que se hace algo permanente.

Ahora se habla de más recortes en los gastos y hasta de bajar los sueldos de los juzgadores, no solo los de los magistrados, lo que en lenguaje coloquial significa que para los veracruzanos se encarecerán los servicios judiciales. A fin de que las diligencias se hagan en los juzgados pedirán más sobornos de los que ya exigen pues de lo contrario sus expedientes se irán a dormir ‘el sueño de los justos’.

¿Se acuerdan que apenas el pasado 20 de septiembre el gobernante en turno, Cuitláhuac García se quejaba de que los jueces reciben dinero para liberar a delincuentes y concretamente acusó al que lleva el caso del supuesto asesino material del diputado local, Juan Carlos Molina, de haber recibido 3 millones de pesos por liberarlo? Pues ahora su manoseo al presupuesto judicial creó todas las condiciones para que esa práctica indebida se potencialice.

Eso en cuanto a casos de alto impacto, pero a nivel de suelo la corrupción ya imperante también se disparará. No es un secreto que muchos de los que acuden a los juzgados a poner denuncias y pedir el amparo de la ley tienen que pagar para que sus asuntos “caminen”, pero ahora con la penuria azuzada los secretarios, actuarios, proyectistas y los mismos jueces serán enviados literalmente a robar a la gente.

Si ahora se pide dinero para “copias”, “actuaciones” y “sentencias”, sean a modo o apegadas a derecho, el cohecho aumentará y se generalizará. De esta forma, el daño directo lo resentirán los ciudadanos, no los políticos. Prepárense todos: se harán manada los jueces ‘trompa de cochino’ como se les retrata en el imaginario colectivo y tal será el legado de la magistrada Romero Cruz y del gobernante Cuitláhuac García.

DISFASIA POLÍTICA

“Que los machistas se vayan haciendo a un lado”, dijo -por cierto y recientemente- el gobernante en turno, Cuitláhuac García, sobre la distribución que hizo el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de las veinte curules de representación proporcional para la 66 legislatura. Es más, no solo felicitó a los consejeros electorales por ello sino que declaró que hicieron junto con su gobierno una “aportación a la democracia”.

Ambas frases son dignas de ser analizadas en el diván del psiquiatra porque revelan que García Jiménez padece disfasia política. ¿Qué es la disfasia?, en cuestiones médicas es un trastorno neurológico que se refleja en las dificultades con la comprensión y expresión del lenguaje, y los que lo padecen no encuentran las palabras o frases para expresar lo que desean y llegan a disociar los significados. Un ejemplo muy sencillo -pues el padecimiento es muy complejo – dicen “árbol” para referirse a una “rana”.

Pues bien, así le sucede en el espectro político al mandatario en turno y sus dichos del lunes pasado sobre el desempeño del OPLE y de su administración en cuanto a la paridad de género y el respeto de los derechos políticos de las mujeres, es diametralmente opuesto a lo que hicieron los consejeros electorales y a lo que recurre su gobierno: retorcer y forzar la ley para beneficiar a un varón, el tuxtleco Javier Gómez Cazarín, a fin de que forme parte de la legislatura venidera pese a que jurídicamente no le correspondía.

Y no pararon con el manoseo de los preceptos legales sino que también echaron mano de la rudeza contra las que reclaman sus derechos políticos y acusan violencia política de género, entre ellas la abogada Marcela Barroso, quien fue despojada de la curul para entregársela a Gómez Cazarín. A ella la intentaron convencer con dádivas para que no exigiera su posición y cuando estas no funcionaron recurrieron a la amenaza directa y a la difamación.

¿Eso es una “aportación de la democracia”?, como dice el gobernante en funciones. Ni la respuesta es necesaria. Pero García Jiménez es aventurado en la diatriba -por no decir desastroso- pues también habló de “machistas” refiriéndose a los partidos diferentes a Morena y sus aliados, los del pasado pues, e intentó decir que ahora con la nueva composición parlamentaria los que se anteponían sobre las damas ya se fueron o se irán.

¿A poco no es un caso para el psiquiatra pues precisamente él mismo pidió maniobrar suciamente para poner a un “macho” en la diputación en lugar de una mujer? Claro, el término disfasia política es el diplomático para tratar de entender el lenguaje cuitlahuista porque en palabras llanas se dirían simplemente que se trata de cinismo puro.

CENIZAS ARDIENTES

La exsecretaria de Desarrollo Social y Urbano en el sexenio pasado, Rosario Robles se quedará en prisión porque el juez que lleva su caso la considera potencialmente huidiza cuando hace dos años ella misma se presentó ante el tribunal y en ese momento la capturaron. La señora es una corrupta, cierto, pero no se le está castigando por robarse el dinero público sino por los amores despreciados del pasado.

Ya lo dijo el periodista Rafael Loret de Mola, quien un tiempo fue confidente muy cercano del tabasqueño gobernante, Robles Berlanga está pagando el rechazo que hace años le hizo a los avances afectivos del entonces recién viudo. Sin duda hay cenizas que continúan ardiendo a pesar del tiempo transcurrido y los asuntos de alcoba influyen en el quehacer público.

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