El alcalde de Córdoba reactivó el mismo esquema de corrupción que blindó a Zenyazen Escobar. Adjudicaciones directas, empresas fachada y una concesión en Nogales que opera con total impunidad mientras los colonos pagan el costo ambiental
EL BUEN TONO
Córdoba.- Manuel Alonso Cerezo no heredó solo una crisis de basura, heredó un negocio. Y lo blindó con dos brazos: Materiales Oconit para la disposición final y su propia empresa fachada, ELM Transportes, para el traslado de los desechos.
El Alcalde morenista de Córdoba, incondicional del fallecido diputado Zenyazen Escobar García, replicó el modelo de su jefe político: adjudicación directa, cero transparencia y una red de prestanombres que ya ha embolsado más de 41 millones de pesos en el primer trimestre de 2026 solo en el rubro de residuos.
La doble vía del saqueo: Oconit y la fachada del Alcalde
Al amparo de una supuesta “emergencia sanitaria” por 5 mil toneladas de desechos heredadas, Alonso Cerezo amarró un esquema de doble banda. Por un lado, pactó la continuidad de Materiales Oconit S.A. de C.V., la misma empresa que, según documenta Latinus, maneja Sidny Darian Escobar López, hija de Zenyazen Escobar, junto con su pareja Emilio Vanegas Fernández. Oconit administra el basurero Los Colorines en Nogales, uno de los vertederos más grandes del estado con una capacidad de 2 mil a 2 mil 500 toneladas diarias de residuos de al menos 40 municipios.
Por el otro lado, el alcalde introdujo en la nómina municipal a su propia empresa fachada: ELM Transportes, S.A.P.I. de C.V.. Esta firma, que jamás operó en la administración anterior, fue incrustada con el contrato AD/01-A/FISCALES/2026 para el traslado de desechos, con un monto máximo de 7.5 millones de pesos. No es la primera vez: ELM Transportes ya había recibido 19 millones en 2022 y ahora repite con 7.5 millones, beneficiando a Miriam Gómez Fernández, vinculada a Trabal, otra empresa del alcalde.
Adjudicación directa como regla, no como excepción
En el primer trimestre de 2026, el ayuntamiento de Córdoba firmó 17 contratos; 14 fueron adjudicaciones directas sin licitación ni invitación restringida. El gasto alcanzó 115.9 millones de pesos, de los cuales 96.75 por ciento se asignó sin competencia alguna. La ley contempla este mecanismo como excepción; en Córdoba se volvió norma.
