Ayer, 2 de octubre, se cumplieron 48 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, Ciudad de México durante el Gobierno del priista Gustavo Díaz Ordaz. Fue una matanza concebida, planeada, ejecutada y encubierta por las esferas gubernamentales, apuntan los investigadores que han documentado esos hechos. ¿Cuántos murieron bajo las balas de los batallones militares, la Policía y los grupos de exterminio llamados “Halcones” que dependían de las autoridades? No se sabe hasta la fecha.
Como siempre sucede en el México surrealista, copado por la corrupción, las cifras oficiales minimizan lo sucedido y para el Gobierno Federal fueron 38 personas muertas, pero los reportes paralelos –provenientes de reportes de la prensa extranjera, la Embajada de Estados Unidos, los testimonios de los líderes universitarios sobrevivientes y de organizaciones civiles, hablan de 150, 325, 500 y hasta 800 fallecidos y desaparecidos.
Nunca se sabrá el número exacto de las víctimas, porque el Gobierno y los grupos de poder no lo quieren. Los datos sobre los caídos y los desaparecidos seguirán en el limbo, porque no hay voluntad política para que se conozca la verdad. En México fracasó la Comisión de la Verdad que intentó construir una memoria histórica y resanar el tejido social. Dicha comisión se creó en el 2005 bajo el nombre de Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en el 2005.
Eran los tiempos del Gobierno panista de Vicente Fox y había cierta apertura para tocar e investigar esos temas incomodos para el priismo histórico, aunque todo terminó en simulación. La Femospp fue todo un fracaso porque fue conducida por el Gobierno mismo, se excluyó al máximo a la ciudadanía, a los académicos, a la Iglesia Católica, a los intelectuales y a otros actores que pudieran dar certeza y credibilidad a las investigaciones. Ese organismo sólo pudo investigar 70 casos de estudiantes asesinados, una cifra ínfima ante el tamaño de la agresión.
El logro más relevante de esa Fiscalía fue solicitar la detención domiciliaria del expresidente Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación y encargado de coordinar la masacre por órdenes de Díaz Ordaz. Anciano ya, Echeverría Álvarez recibió como un premio la detención domiciliaria y hasta la fecha vive su vejez en plena tranquilidad. Nunca pagó por sus crímenes. Por otro lado, ninguno de los otros 54 exfuncionarios y exjefes militares que se incluyeron en esa petición de encarcelamiento por la Femospp fueron procesados judicialmente.
Algunos de ellos ya murieron en completa paz, sin pisar la cárcel y otros pasan sus últimos días de vida con tranquilidad. Morirán en sus camas, rodeados de familiares y cuidados médicos aún cuando torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de jóvenes. A diferencia de otros países como Argentina, Chile, Paraguay, Guatemala, Uruguay y Perú, en México es tanto el poderío de las fuerzas militares y los exfuncionarios y exgobernante protegidos del régimen priista, que pervirtieron el trabajo de investigación de la Femospp y sus resultados no condujeron a nada.
No hubo ni transición democrática, ni justicia transicional, ni saneamiento del tejido social, ni asomo de la verdad y lo peor, el PRI retornó al poder desde el 2012 y el autoritarismo se reinventó. Hoy, hay escenarios paralelos a los de 1968, porque las masacres operadas desde el Gobierno y las desapariciones masivas –algunas también operadas por el poder político- siguen devastando a la Nación. Actualmente, hay 28 mil personas desaparecidas tanto por los cárteles del narcotráfico como por las propias fuerzas militares y policíacas.
Algunos casos son emblemáticos como el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada el 26 de septiembre del 2014, hace ya dos años. Nada se sabe de ellos y el Gobierno ha recurrido a la mentira y alteración de pesquisas para tratar de ocultar la verdad y encubrir a los responsables de la parte oficial.
“Mientras que Tlatelolco fue un acto enloquecido de represión, en Iguala hay alianza entre las fuerzas del orden y los narcos para la desaparición de un grupo específico con rostros, con nombre y apellido. (En) Tlatelolco fue la destrucción en embrión de un despertar democrático y en Iguala se refleja una descomposición política”, señala el periodista y analista José Ortiz Pinchetti en su artículo más reciente.
Los desaparecidos de Ayotzinapa también eran jóvenes, también estudiantes universitarios y también con ese espíritu de revuelta por el cambio democrático. Ayotzinapa y Tlatelolco son espejos a la distancia, dice Ortiz Pinchetti. Lo más grave que a casi cincuenta años de distancia sigan ocurriendo esos hechos inadmisibles y que el Gobierno continúe recurriendo a la represión, la masacre y la desaparición, y luego al encubrimiento, la falsedad y la obstrucción de las indagatorias.
Pero más grave aún, es que los mexicanos sigan tolerando que así suceda. México es el País de los gritos –y de los gritones-. Las calles y las plazas públicas son copadas por manifestantes y las redes sociales hierven en indignación pero de allí no pasa. Los mexicanos no actúan en consecuencia, siguen votando por los mismos, no se atreven a realizar una huelga general que paralice el País –como ha funcionando en otros países- e indirectamente, con su indiferencia e inacción, siguen sosteniendo al régimen autor de los genocidios.
Las consecuencias de esta “guerra sucia” siguen apareciendo en todo México y en su momento provocan el griterío de todos, pero después es silencio y olvido hasta que aparee un nuevo agravio, una nueva matanza. Ahí están también las masacres de Acteal, Chiapas, Aguas Blancas, El Charco y El Bosque en Guerrero, San Salvador Atenco y Tlatlaya en el Estado de México, Apatzingán, Ecuandureo y Tanhuato en Michoacán. En Veracruz hay casos igual de terribles como los cinco jóvenes desaparecidos por la Policía en Tierra Blanca y los tres de Papantla, que ocurrieron en este mismo año. En Tierra Blanca y Papantla fueron policías los autores de la desaparición forzada en complicidad con las células del narcotráfico.
En todos estos casos hay algunos policías y delincuentes detenidos, pero son los eslabones más lejanos. Los que tienen la culpa principal, los altos mandos militares, policiacos y gubernamentales, así como los capos de alto nivel en las organizaciones criminales siguen intocados, impunes y haciendo de las suyas. Lamentablemente México sigue igual que hace medio siglo, el priismo ha generado un retroceso histórico y hoy hay ‘Tlatelolcos’ por todos lados.
ÓRDENES DE CAPTURA
En Veracruz iniciará una semana sumamente agitada. Los maestros y estudiantes anunciaron nuevas movilizaciones en toda la Entidad porque el Gobierno Estatal no depositó la totalidad de los sueldos ni cubrió los adeudos de prestaciones aún cuando los funcionarios se comprometieron a pagarlas el viernes pasado, además por la decisión unilateral de los concesionarios para elevar el precio del boleto en el transporte urbano. Los gritos y las marchas seguirán en la Entidad, sello del abandono gubernamental y el vacío de poder.
Pero en el ámbito político también comienza la semana con expectativas inusuales. En los entretelones se habla de que el todavía gobernante en turno, Javier Duarte de Ochoa, podría solicitar licencia al cargo antes del 7 de octubre, es decir, el próximo viernes, obligado desde el altiplano para enfrentar las investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de deberes legales.
También se especula que podrían girarse órdenes de aprehensión contra varios funcionarios y exfuncionarios veracruzanos involucrados en el caso de las “empresas fantasmas” que fueron creadas desde el año 2013, para desviar más de 3 mil millones de pesos del erario. Según un informe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ya se giró la primera orden de aprehensión contra los involucrados en ese delito.
(https://es.scribd.com/document/325991235/Empresas-fantasma-de-Veracruz-segundo-informe-del-SAT#from_embed)
La PGR está desahogando 32 denuncias penales interpuestas por el SAT y entre los funcionarios que podrían ser detenidos están el vocero estatal y exsecretario de Desarrollo Social, Alberto Silva Ramos, Tomas Ruiz Gonzalez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públcia, los diputados federales Noemí Guzmán, Tarek Abdalá, Adolfo Mota Hernández y Edgar Spinoso Carrera, quienes fungieron como titulares de la Secretaría de Protección Civil, la Tesorería del Estado, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y Oficialía Mayor de la misma dependencia, respectivamente.
También se habla de Vicente Benítez González, extesorero Estatal y exoficial mayor de la SEV, actualmente diputado local electo por elDistrito de San Andrés Tuxtla, de Juan Manuel del Castillo, exsubsecretario de Finanzas y legislador electo por el distrito de Córdoba y Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo.
Además hay notarios públicos bajo indagatoria. Teóricamente los dos primeros que serían detenidos son los Nogales y Boca del Río, Daniel Cordero Gálvez e Israel Ramos Mange, quienes acreditaron indebidamente la existencia de esas “empresas fantasmas” y que recientemente fueron sancionados por la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, que les suspendió sus derechos como militantes. Aún con la polémica por esa decisión partidista, con el argumento si eran o no militantes, dicho fallo es la antesala para una expulsión pero también el aviso para un encarcelamiento. El tricolor se estaría deslindando partidariamente de quienes terminarían en prisión. ¿Será cierto?
