DE GUERRERO A VERACRUZ
“Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero”, dice la canción popular a la que se le puede agregar: y también a Veracruz. Lo que está sucediendo en la entidad guerrerense impactará a la veracruzana. En primer lugar está el caso del gobernador Ángel Aguirre Rivero que aún cuando debió renunciar inmediatamente por ser uno de los responsables del secuestro de 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ahora pide una consulta pública para decidir si se va del cargo, y eso puede sentar un precedente peligroso para otros mandatarios del país.
Por ello, esa propuesta puso los pelos de punta a muchos gobernadores porque de efectuarse dicho sondeo –aunque no sea por el INE – será una medida que reclamarán en cascada por todo en todas las entidades. Hay estados donde los mandatarios son unos verdaderos pillos y los ciudadanos ya no ven la hora en que se vayan. Una consulta popular para defenestrar a Aguirre Rivero es veneno para los feudales estatales, especialmente los emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de ahí la postura ambigua del dirigente nacional de dicho instituto, Cesar Camacho Quiroz.
El líder priísta minimizó la demanda de un escrutinio en Guerrero al calificarla como “una salida fácil” y trató de darle la vuelta al asunto con la retórica de que el gobernante guerrerense debe afrontar su responsabilidad. “No queremos que se vaya (sino) que se quede a asumir la responsabilidad de la Constitución, en un elementar sentido de ética política”, dijo balbuceante Camacho Quiroz. La traducción es obvia: pide que el gobernador se quede para responder ante la ley pero como en México la ley es letra muerta, entonces significa que no habrá repercusión más allá del escándalo
mediático.
Y Camacho no lo hizo para defender al expriísta y ahora perredista Aguirre Rivero sino a los gobernadores del tricolor. Una consulta pública para decir que un mal gobernador se vaya pone en riesgo a todos los mandatarios priístas y de hacerse en Guerrero, el precedente será un arma ciudadana. ¿Cuántos gobernadores priístas lograrían el respaldo de los ciudadanos para seguir en el cargo?. Ninguno, todos son repudiados por el ejercicio abusivo de poder, la corrupción y, en algunos casos concretos, sus alianzas con el crimen organizado.
Después de Guerrero la mirada se posa invariablemente en otras entidades como Tamaulipas y Veracruz donde los gobernantes han demostrado una total ineficacia para el combate de la delincuencia.. Ambos mandatarios tiene a la policía estatal como “guardia pretoriana”, es decir, para cuidarlos a ellos que viven en burbujas color rosa en lugar de resguardar a la ciudadanía que está bajo fuego graneado. En ambos casos, sus principales colaboradores en materia de seguridad pública y procuración de justicia han sido señalados de todo tipo de cosas, algunas terriblemente graves, pero aún así los sostienen
sospechosamente.
Tamaulipas y Veracruz además son tierras minadas para el ejercicio periodístico, el plomo es el lenguaje con el que se habla a los reporteros -aunque ahí la entidad veracruzana le gana a la tamaulipeca con once comunicadores asesinados, una encarcelada y un diario, El Buen Tono, incendiado- mientras que el ciudadano común se encuentra en estado de indefensión ante la ola de asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas.
Camacho Quiroz dijo ayer algo de Guerrero que cae como anillo al dedo en Veracruz y Tamaulipas: un gobernador es jefe de la policía, de la procuraduría y corresponsable político de lo que ocurre en los municipios. En la entidad veracruzana habrá que recordar decenas de casos donde la policía estatal al mando del defeño Arturo Bermúdez Zurita han sido señalados de detener a jóvenes que nunca vuelven a aparecer. Según lo documentado, habría en Veracruz unos sesenta jovencitos desparecidos tras ser aprehendidos por policías locales en los últimos dos años. Más que
Ayotzinapa, pues.
Se agradecería con aplausos una consulta popular para decidir la destitución del gobernante en turno y lo mismo sucedería en Tamaulipas o en otros estados azotados por el mal desempeño de los responsables del Poder Ejecutivo local. De allí que el priísmo está temeroso de que prospere un referéndum en Guerrero y lo intentará atajar a toda cosas.
JUNTOS PARA VOTAR
En el mismo tema electoral, Córdoba tiene una nueva asociación denominada “Fundación Herrera Marín, juntos para servir” –aunque se ría, ese es el nombre oficial- y la preside el notario Alejandro Herrera Marín, hermano del exalcalde cordobés, exdirector estatal de Seguridad Pública y actual funcionario de la Secretaría General de Gobierno, Juan Herrera Marín. Según el comunicado para darla a conocer, los que integran la nueva agrupación están preocupados por la pobreza que hay en Córdoba y sus alrededores.
Ante eso, se decidieron a convertirse en salvadores de todos los desfavorecidos con la estupenda idea de convertirse en “gestores” con los tres niveles de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal. Además, patentizan que sus objetivos es el apoyo asistencial en las comunidades marginadas y todavía más, se encargarán de hacer propuestas para que se apliquen programas gubernamentales que les permita salir del rezago social.
Vaya, hasta dan ganas de llorar con tanta buena voluntad del señor Herrera Marín y sus seguidores. Lo malo es la traducción de toda esa verborrea: la actividad de su fundación será el reparto de despensas y otras chácharas, el clientelismo con programas oficiales y claro, la orientación del voto hacia los candidatos del Partido Revolucionario Institucional.
¿Quién le cree a la familia Herrera Marín de que ahora se dieron cuenta que en Córdoba hay pobres y necesitan ayuda?, ¿Quién confía en que es genuino y desinteresado su activismo en la antesala del año electoral 2015?. El nombre real de esa agrupación debería ser “Juntos para votar” pues es igual a otras que surgen en cada coyuntura electoral para operar electoralmente a favor del tricolor. El que mueve el pandero para esa organización compra-votos es el hermano que trabaja para la Subsecretaría de Gobierno, ahora convertida en oficina electoral del PRI.
